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3 de cada 10 asambleístas dicen que acceden a "acuerdos de media gestión" con suplentes

A pesar de que los “acuerdos de media gestión” entre autoridades titulares y suplentes constituyen prácticas ilegales en el país, 3 de cada 10 (27%) asambleístas departamentales de La Paz, Tarija y Beni dicen que acceden a ellos. En términos generales, hay un cumplimiento de 50% de estos acuerdos.

Los datos corresponden al estudio “Acoso y violencia política en órganos legislativos departamentales. Experiencias de La Paz, Tarija y Beni 2016-2017”, realizado por el Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta investigación, aún no publicada, se desarrolló en dichos departamentos por ser representativos de las tres regiones principales del país.

Según dicho estudio, Beni tiene el porcentaje más alto de titulares y suplentes que hicieron “acuerdos de media gestión” (33%), seguido de Tarija (27%) y finalmente La Paz (23%). En promedio, el 27% de las asambleístas entrevistadas –casi todas de los tres departamentos, excepto siete- dijeron haber accedido a acuerdos de media gestión.

“Mi suplente es dirigente de la Central de Pueblos Indígenas y hemos quedado que si yo me enfermo o viajo, lo voy a habilitar a él; mientras él es dirigente en la organización le apoyaré, porque los dirigentes no ganan ni un peso y eso hemos quedado. También hemos acordado que le voy a apoyar de mi propio sueldo para que él trabaje tranquilo en la organización”, cuenta una asambleísta titular por las naciones y pueblos indígena originario-campesinos de Beni.

El concepto de “gestión compartida” no está reconocido por la norma boliviana, sin embargo, se ha constituido en una práctica que refiere al establecimiento de acuerdos entre la titularidad y la suplencia en el periodo preelectoral y una vez cumplida la media gestión de gobierno, se exige la rotación entre suplencia y titularidad. Según la presidenta del TSE, Katia Uriona, esta exigencia se da, a menudo, a través de prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres que ejercen la función pública. “Con esto, se está poniendo en riesgo los alcances de la democracia paritaria e intercultural en el país”, destacó en reiteradas oportunidades.

¿Pero cuán dispuestas están a cumplir estos “compromisos”? Según el estudio, que recoge declaraciones de las legisladoras, Beni sería la asamblea departamental que tiene el porcentaje más alto de cumplimiento de “acuerdos de media gestión” (100%), seguido por Tarija (66,70%). En tanto, en La Paz indican que no se están cumpliendo los mismos (0,00%). El Observatorio de Paridad Democrática trabaja en la verificación de estos datos a 2018, vale decir, si efectivamente dichos “acuerdos” se están cumpliendo.

La investigación revela el caso particular de Tarija. Según el reglamento interno de la Asamblea, las y los asambleístas suplentes sesionan la última semana de cada mes –son remunerados por ello-, dejando el trabajo de las tres primeras semanas a las y los titulares. Esta práctica no se realiza ni en La Paz y ni en Beni, sin embargo, algunos asambleístas suplentes realizan actividades específicas, por lo que perciben un “apoyo” económico de parte de las asambleístas titulares, constituyéndose en intermediarios entre las organizaciones sociales y las asambleas.

Asimismo, el estudio evidencia que estos acuerdos se viven de distinta manera cuando la titularidad recae en una mujer y en un hombre. Cuando se da el primer caso, éste deriva, frecuentemente, en acoso y violencia política, independientemente de la condición de clase o cultura de las mujeres. 

“Una de las manifestaciones más marcadas de acoso político y violencia se da de suplentes hombres a titulares mujeres, con la finalidad de que éstas abandonen el cargo electo a través de una serie de amenazas, intimidaciones y hostigamiento, con el fin de que la titularidad pueda ser asumida por la suplencia”, refiere la investigación.

En esta línea, el 35% de las asambleístas por La Paz afirman que sienten presión de sus suplentes para dejar el cargo; ocurre lo propio con el 36% de las asambleístas por Tarija y el 44% con las de Beni.

En Bolivia, se han centrado esfuerzos en el ámbito jurídico a través de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Por otro lado, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), recientemente promulgada, contempla un Régimen de Despatriarcalización al interior de cada organización política, que establezca acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política.

En este contexto, el estudio apunta que el avance hasta ahora ha sido gradual. “Los avances normativos por sí solos no garantizan una participación real y efectiva de las mujeres. La efectividad de las medidas está condicionada a la institucionalidad de las normas establecidas a través de esfuerzos concurrentes entre los distintos Órganos del Estado y la sociedad civil organizada”.//