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5 de cada 10 asambleístas departamentales de La Paz, Beni y Tarija sufrieron acoso político

Más de la mitad (54%) de las asambleístas departamentales de La Paz, Beni  y Tarija sufrieron acoso político, alguna vez, en el ejercicio de sus funciones. En La Paz, el 57% de ellas decidió denunciarlo, mientras que en Beni sólo lo hizo el 14% y en Tarija, ninguna.

Los datos se desprenden del estudio “Acoso y violencia política en órganos legislativos departamentales. Experiencias de La Paz, Tarija y Beni 2016-2017”, realizado por el Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta investigación, aún no publicada, se desarrolló en dichos departamentos por ser representativos de las tres regiones del país.

Desde el uso de sobrenombres, pasando por la intimidación con un chicote, hasta obligarles a firmar algo con lo que estaban en desacuerdo, e incluso a renunciar a sus cargos, las formas del acoso y violencia política son diversas y están presentes en el ejercicio político que ejercen las mujeres en el país.

De acuerdo con el citado estudio, el 59% de las asambleístas de La Paz ha experimentado alguna forma de acoso político en el ejercicio del cargo; el 56% en Beni y 46% en Tarija. Por otro lado, el 29% de las legisladoras de La Paz vivió violencia política, el 27% de las tarijeñas y el 66% de las benianas.

“El hecho de que pongan un chicote delante de nosotras y nos digan ‘éste es el chicote con el que les vamos a hacer respetar nuestras decisiones (…) Hemos hecho llorar a la presidenta para que nos haga caso en algunas demandas, ¿por qué no vamos a hacerlo con ustedes?’ hace que se sientan orgullosos. Esto es violencia verbal”, sostiene una asambleísta titular por La Paz, departamento que cuenta con 20 legisladoras mujeres y 22 hombres.

El lenguaje también puede ser utilizado como un recurso para el ejercicio de la violencia, ya sea encubierta y naturalizada, o directa e intencionada. En el marco de esta investigación, las entrevistadas coincidieron en señalar que muchas veces han sido etiquetadas con sobrenombres despectivos que derivan en burla.

“Campesina, mala mujer, mujer de pantalón, loca, negra y hormonal”, son algunos adjetivos que las asambleístas por La Paz suelen escuchar, según dijeron; “sonsa, tacuchi, iscayacheña, muerta y amante del presidente”, las de Tarija; y “colla, qué se cree ésta, ignorante y mona”, las de Beni.

Violencia psicológica

A pesar de que un 37% de las legisladoras admitieron que alguna vez fueron víctimas de violencia política, a la hora de precisar qué tipo de agresiones sufrieron, el 79% de éstas apuntaron hacia la violencia psicológica.  En La Paz, el 80% dijo que sí la vivió; en Beni, el 100% de las asambleístas; y en Tarija, el 66,7%.

“Existe una resistencia naturalizada a la irrupción de las mujeres en el espacio público y la sola presencia de mujeres, resulta ofensiva para quienes lo ejercen de la forma masculina hegemónica”, señala el estudio.

Una de las manifestaciones de esta forma de violencia es el hostigamiento que sienten algunas legisladoras para que firmen una resolución contraria a su criterio. Esto ocurre, incluso, entre los miembros de sus propias bancadas, donde las mujeres ven subordinar sus posiciones personales ante las decisiones partidarias, aun no estando de acuerdo.

En Tarija, el 46% de las asambleístas manifestaron haber sido obligadas, alguna vez, a decir algo en contra de su voluntad; el 44% en Beni; y el 18% en La Paz. Asimismo, el 64% de las asambleístas de Tarija firmaron algunos documentos con los que no estaban de acuerdo, debido a la presión que ejercieron sobre ellas; en La Paz, el 29% hizo lo propio y en Beni, el 11%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Denuncias                           

El fenómeno del acoso y violencia política todavía es poco reconocido por las mismas asambleístas, razón por la cual pocas se animan a denunciarlo formalmente (en el TSE, el Ministerio Público o la institución a la que pertenece el agresor). A pesar de que más de la mitad de las legisladoras lo sufrió en algún momento de su función pública, ninguna de las tarijeñas decidió acudir a alguna instancia para efectuar su denuncia, sólo el 14% de las benianas lo hizo y en La Paz, el 57%.  

Pero ¿cuáles son las razones principales por las que no presentan denuncias? Las asambleístas de La Paz dicen “por miedo, para evitar problemas, porque nadie hace nada”; en Beni señalan que “Dios hará justicia; si se denuncia, el partido político se cae; por miedo a no recibir apoyo”; y en Tarija dicen “porque no le di importancia; sólo me intimidaron y tuve miedo”.

Según datos del Observatorio de Paridad Democrática, en los primeros cuatro meses de 2018, 65 denuncias de mujeres autoridades electas fueron registradas en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país y en organizaciones como la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).

En Bolivia, se han centrado esfuerzos en el ámbito jurídico a través de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Por otro lado, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), recientemente promulgada, contempla un Régimen de Despatriarcalización al interior de cada organización política, que establezca acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política.

En este contexto, el estudio apunta que el avance hasta ahora ha sido gradual. “Los avances normativos por sí solos no garantizan una participación real y efectiva de las mujeres. La efectividad de las medidas está condicionada a la institucionalidad de las normas establecidas a través de esfuerzos concurrentes entre los distintos Órganos del Estado y la sociedad civil organizada”.//