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Casos de acoso y violencia política se duplican en el país, según Observatorio de Paridad Democrática

Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de este año se presentaron 90 denuncias y renuncias por acoso y violencia política (AVP) en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). La Paz es el departamento con mayor cantidad de víctimas, que en su mayoría ejercen como concejalas en el área rural.

La información fue dada a conocer este 16 de octubre, durante el taller sobre la Ley N° 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y la Coordinadora de la Mujer en la ciudad de La Paz. El evento propició el encuentro entre asambleístas y concejalas de La Paz, representantes de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Viceministerio de Autonomías, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con datos del Observatorio de Paridad Democrática, dependiente del OEP, del total de denuncias y renuncias (90) a nivel nacional, 71 casos (79%) fueron denuncias realizadas ante los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y 16 (18%) constituían situaciones de renuncia en las que se evidenció indicios de acoso y violencia política. Por otra parte, el OEP tuvo conocimiento de 3 casos (3%), cuyas afectadas no formalizaron la denuncia.

Trascurridos cinco meses desde el primer reporte realizado por el OEP (3 de mayo), las denuncias se han duplicado: han pasado de 36 hasta abril, a 74 hasta septiembre.   En tanto, las renuncias han pasado de 10 hasta abril, a 16 hasta septiembre, lo que significa un incremento del 62%.

Las 71 denuncias por acoso y violencia política han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público por el OEP, en cumplimiento de lo establecido por la citada ley y el Reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función político pública, propio de la institución electoral. 

La Paz y Potosí, primeros

La Paz es el departamento con mayor cantidad de denuncias de AVP registradas (25), seguido por Cochabamba (12), Potosí (11), Chuquisaca (8), Oruro (8) y Santa Cruz (7). Asimismo, los 3 casos que conoció el OEP, aunque no fueron denunciados formalmente, también se registraron en el TED de La Paz.

Mientras, en el caso de las renuncias, éstas se han presentado en mayor medida en Potosí (8); Chuquisaca (5); Cochabamba (2) y La Paz (1). Pando, Tarija y Beni son departamentos en los cuales hasta el momento no se ha registrado ningún caso de denuncia ni de renuncia.

Concejalas, las más afectadas

En el caso de las renuncias, en el 100% de los casos (16) las afectadas son mujeres concejalas titulares, que este 2018 cumplieron la mitad de sus gestiones como autoridades ediles. En muchos casos, se pretendió hacer valer acuerdos ilegales para “alternar” los mandatos de las autoridades mujeres titulares con sus suplentes hombres, de modo que fueran reemplazadas por éstos, intentando afectar así la composición paritaria de los concejos municipales.

Estas 16 renuncias representan el 22% del total (72) de renuncias de autoridades mujeres electas en el país en 2018. Las primeras fueron declaradas inválidas por el OEP al haberse evidenciado indicios de acoso y violencia como mecanismo para forzar a la renuncia de dichas mujeres; las otras 56 solicitudes (78%) fueron declaradas válidas al haberse comprobado que eran voluntarias.

Respecto a las denuncias, en un 94% de los casos (67 de 71) las denunciantes son concejalas, también mayoritariamente titulares. En tanto, los denunciados como agresores son, sobre todo, autoridades municipales (alcaldes y concejales). Estos actos ilegales afectaron también a mujeres asambleístas departamentales en un 4% (3 de 71) y al 1% de representantes de una Autonomía Indígena Originario Campesina (AOIC), (1 de 71).

En este marco, durante el taller, el OEP hizo un llamado a colocar el acoso y la violencia política en el centro del debate democrático y a implementar todas aquellas medidas necesarias establecidas en la legislación para lograr la erradicación de este flagelo. En esta línea, las instituciones participantes de este encuentro apostaron por una alianza estratégica para buscar soluciones más afectivas.  //