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El acoso político sí existe

El Código del Sistema Penal retoma como delitos el acoso y la violencia política, pero esto será solo simbólico si las organizaciones políticas no dan señales inequívocas de rechazo a los comportamientos violentos.

A pesar de que fueron las concejalas quienes iniciaron la visibilización del acoso y la violencia política, porque fue en el ámbito municipal en el que se produjo un incremento de la participación de las mujeres en instancias de decisión, estos delitos no son exclusivos de este espacio. La evidencia nos muestra que mujeres de diferentes niveles de poder y decisión, sin importar su jerarquía, sufren de situaciones de violencia y acoso político.

En el Órgano Judicial, están las denuncias de las magistradas del Tribunal Agroambiental, Cynthia Armijo y Deysi Villagómez contra su par, Ricardo Soto Butrón, por violencia y acoso político. Y, recientemente, la magistrada Magdalena Alanoca del Consejo de la Magistratura denunció al presidente de esa instancia, Wilber Choque, por las mismas razones.

En los órganos legislativos, Claudia Bravo, asambleísta departamental de La Paz, denunció acoso y violencia política contra el asambleísta Torrico. En el nivel nacional, la diputada Valeria Silva denunció acoso político de parte del senador Arturo Murillo, y recientemente la senadora Myrtha Arce anunció el alejamiento de su partido debido al acoso político que sufrió.

Y aunque se conocen de otros casos, un común denominador en todas estas situaciones es la inexistencia de mecanismos, instancias para atender acoso y violencia política. El Consejo de la Magistratura registró 53 casos de violencia y acoso político entre 2013 y abril de 2017. Acobol registró hasta octubre 43 casos contra concejalas.

Según la Ley 243, las instancias públicas debían adecuar sus normas internas, incluyendo los delitos de acoso y violencia política. Ninguna institución, ni siquiera la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo hizo. Solo el Concejo Municipal de La Paz cuenta con una norma específica.

El acoso y violencia política pueden darse por un adversario político o por un compañero de partido. En cualquier caso, denunciarlo puede generar represalias contra la víctima. Si se trata de un adversario político, sigue la inmediata descalificación o minimización del hecho. Si es un compañero, el temor a que la denuncia se asuma como acto de traición primará.

El Código del Sistema Penal retoma como delitos el acoso y la violencia política, pero esto será solo simbólico si las organizaciones políticas no dan señales inequívocas de rechazo a los comportamientos violentos, denunciarlos en lugar de encubrirlos y socaparlos.

Fuente: Periódico Opinión

Fotografía: Periódico El Potosí