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Más de la mitad de asambleístas vivió acoso y violencia política. Hallazgos de un estudio

Amenazas, presiones, hostigamiento para renunciar al cargo, insultos, apodos, cuestionamientos a las capacidades técnicas, a la conducta moral, interrupción de la palabra, asignación de tareas que no corresponden al cargo son algunas de las formas de violencia política que viven las mujeres legisladoras en Bolivia con el propósito de excluir a las mismas del campo político. Así lo revela el avance del estudio “Acoso y violencia política en los Órganos Legislativos Departamentales de La Paz, Tarija y Beni”, realizado el 2017 por el Observatorio de Paridad Democrática (OPD) dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos adelantos son presentados por Katia Uriona, Presidenta del TSE en oportunidad del 8 de marzo, Día
de los Derechos de las Mujeres.

A pesar de los avances en la legislación constitucional y electoral acerca de los derechos de las mujeres, las mismas no pueden ejercer sus derechos políticos plenamente por barreras estructurales, siendo una de las más importantes el Acoso y la violencia política. La Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política, es única en su tipo en América Latina que es promulgada para enfrentar este flagelo contra las mujeres. El acoso y la violencia política son tipificados como delitos y se establece su sanción cuando impiden o limitan el derecho al ejercicio político y ponen en riesgo la permanencia de las mujeres en los cargos públicos para los que fueron electas.

 El carácter progresista e inclusivo de la legislación boliviana no es suficiente para  garantizar el ejercicio político libre de violencia. El estudio revela que se contradicen los avances normativos y las declaraciones discursivas oficiales y de líderes políticos con las prácticas abiertas y encubiertas de violencia política hacia las mujeres que ocurren cotidianamente. Los datos de violencia política son alarmantes: 53% de las Asambleístas de los tres departamentos indicó haber experimentado actos de acoso político y 59% afirmó ser víctima de violencia política mayormente de tipo psicológica.

 En cuanto a las formas concretas del acoso o la violencia, el estudio indica que el 54% de las Asambleístas manifestó haber sido coartada en el uso de la palabra en sesiones ordinarias y/o extraordinarias; el 35% de ellas indicó haber sido intimidada para firmar documentos con los que no están de acuerdo; el 29% expresó haber presionada para desarrollar tareas que no corresponden a su cargo; el 78% de ellas se sintió menospreciada por su condición de mujer; 54% dice haber escuchado frases despectivas de subvaloración u ofensivas.

El 66% de las asambleístas conocen al menos un caso de agresión física en las Asambleas Legislativas Departamentales. Cabe mencionar que las formas de acoso y violencia política están naturalizadas, de tal manera que incluso las asambleístas tienen dificultades para su identificación como actos contrarios y nocivos a sus derechos, a su integridad y dignidad, siendo subvalorados y justificados frecuentemente.

Las dimensiones e impacto del acoso y la violencia política a las asambleístas se intensifican cuando ejercen las funciones de fiscalización y en caso de ser mujer indígena originaria campesina y afro descendiente, explica Uriona.

La gestión compartida entre titulares y suplentes no está contemplada en las leyes bolivianas, pero es una práctica avalada por las organizaciones políticas. Incluso, esta es una condición que para ser habilitadas en las listas de candidatos. El 27% de las Asambleístas reconoció haber hecho acuerdos relacionados al ejercicio del cargo con sus suplentes varones, y en general los arreglos se definen desde sus propias organizaciones. Esta situación genera procesos de acoso y violencia política encubiertos al interior de las bancadas. Compartir el cargo genera presión por los suplentes y puede desembocar en la renuncia de las titulares.

 A 4 años de la promulgación de la Ley 243, no hay protocolos de denuncia que sean de conocimiento público. Las asambleístas afirmaron conocer la Ley 243, pero admitieron desconocer en profundidad la norma y los procedimientos para denunciar y resolver casos de acoso y violencia política. Una asambleísta departamental de cada cuatro,  denunció. El resto no denunció por miedo, falta de aplicación de la ley, burocracia, retardación de justicia, presión política, riesgo de desprestigio y atentado a la unidad de la organización política.

 “En ninguna Asamblea Legislativa Departamental existen los mecanismos de aplicación de la Ley 243, como la Comisión de Ética y la adecuación de sus reglamentos”, subraya Uriona. El 95% de las asambleístas cree que la Ley 243 no se cumple. Indican que los mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política son insuficientes tanto en las Asambleas Legislativas Departamentales como en sus partidos políticos. Estos últimos suelen callar y negar el respaldo en casos de acoso y violencia política.

 El acoso y la violencia política induce a las mujeres electas a abandonar el cargo y la actividad política, asumen limitadas responsabilidades y son cuestionadas moral, técnica y políticamente por su participación política. El Acoso y Violencia Política se ha convertido en un problema social y político por su magnitud y propósitos de exclusión de las mujeres de los espacios de poder público, avasalla su dignidad, autonomía y libertad. En este panorama, el desafío es la paridad sustantiva que trasciende la paridad numérica, es la construcción de una democracia paritaria. Uriona concluye que “la desigualdad política entre hombres y mujeres deteriora los fundamentos de la democracia intercultural y paritaria”.

 A continuacin, pueden descargar la infografía completa con los avances del estudio "Acoso y violencia política en los órganos legislativos de La Paz, Tarija y Beni". 

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