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"Al principio quería rendirme, pero he decidido luchar"

Juana Choque cuenta las dificultades que enfrenta cada día, desde que se cumplió la mitad de su gestión como concejala titular de un municipio paceño. Su caso es similar al de muchas autoridades mujeres electas. 

No más llanto y temor. Juana Choque está decidida a defender sus derechos y enfrentar el acoso político que dice sufrir de parte del concejal suplente que le exige su curul. “Al principio quería rendirme; ahora sé que la ley me apoya, entonces seguiré luchando”,  afirma la concejala titular por el municipio de Huarina, cuyos obstáculos en el ejercicio político son los mismos que atraviesan muchas autoridades mujeres electas en el país y que toman la forma de acoso y violencia política.

Hostigamiento y presión psicológica constante han sido el pan de cada día de Juana en los últimos meses de este año, de acuerdo con el testimonio que compartió con el Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Mi suplente me hacía insultar con la gente de mi comunidad. Yo me callaba, pero cuando llegaba a mi casa, sólo quería estar sola y llorar”, recuerda la concejala de 55 años, madre de cuatro hijos.

Tras las Elecciones Subnacionales 2015, Juana dejó su puesto de comida y se convirtió en una de las dos mujeres que integran el Concejo Municipal de Huarina, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. La primera mitad de su mandato transcurrió sin mucho sobresalto, según cuenta, hasta que este año, su suplente comenzó a exigirle que renuncie y que le ceda la titularidad del cargo, tal como habían acordado al inicio de su gestión.

“Es cierto, yo he firmado un acuerdo delante de mi comunidad para entregarle el cargo a mi suplente –cuenta Juana-; también he compartido mi sueldo con él durante cuatro meses, pero después me he dado cuenta que no podía seguir trabajando para él y le he dicho que ya no más. Ahí han comenzado los problemas”.

Debido a la resistencia de Juana de abandonar el cargo para el que fue electa, tanto las autoridades de la comunidad como el propio concejal suplente le presionaron para renunciar. “Todos me han rodeado –cuenta- y me han obligado a firmar mi renuncia. Yo les he dicho llorando ‘hermanos, no estoy renunciando voluntariamente, ustedes me están obligando’”.

Posteriormente, la concejala fue a presentar su renuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. Al advertir de que se trataba de un caso de acoso y violencia política, esta instancia le informó que su renuncia no podía ser aceptada y que si ella lo deseaba, podía presentar una denuncia en el marco de la Ley 243 de Lucha contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Y así lo hizo. La denuncia de María fue remitida al Ministerio Público. “No voy a renunciar. Estoy dispuesta a seguir luchando. Yo sé que voy a superar esta situación”, afirma la concejala, que ahora peregrina entre instancias judiciales para defender sus derechos políticos.

La citada ley, en su artículo 8 e inciso p, considera como actos de acoso y violencia política aquellos que (entre otros) “presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo”.

Mandado de cinco años

De acuerdo con la vocal Dunia Sandoval, en situaciones de acoso y violencia política, el Órgano Electoral Plurinacinal (OEP) no reconoce la renuncia de la autoridad, ni da curso a la habilitación del suplente que reclama la titularidad. “Es totalmente ilegal cortar el mandato (de una autoridad) –advierte-. Se elige por un tiempo y ése es el tiempo que debe ser cumplido, según la ley”.

El artículo 289 de la Constitución Política del Estado señala que “El período de mandato de las concejalas o concejales departamentales, asambleístas regionales y concejalas o concejales municipales será de cinco años (…)”.

El acoso y violencia política es uno de los principales obstáculos que están enfrentando actualmente las mujeres en función pública. Según datos del Observatorio de Paridad Democrática, sólo en los primeros cuatro meses del año se registraron 65 denuncias y 10 renuncias de autoridades mujeres.

La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, proyectada por el TSE y promulgada por el Ejecutivo del 1 de septiembre, contempla la obligatoriedad para partidos políticos y agrupaciones ciudadanas de incorporar un Régimen de Despatriarcalización en los estatutos de sus organizaciones políticas (Art. 18), el cual “deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política (…)”.