Información y seguimiento

Información sobre acoso y violencia política

La Constitución Política del Estado establece en su Art. 26, que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual y colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

Para el cumplimiento de este mandato constitucional y al constituirse la violencia política como un obstáculo importante para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, el 28 de mayo del 2012 se aprobó la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Esta norma se constituye en una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y violencia política, protegiendo a todas las mujeres candidatas, autoridades electas, designadas o que estén en el ejercicio de la función político-pública, es decir, se constituye en un mecanismo estratégico para enfrentar las barreras patriarcales que atentan contra la presencia de las mujeres en el escenario político –público.

En ese marco, es importante contar con información relevante sobre el alcance y contenido de la Ley No. 243 contra el acoso y violencia política para fortalecer la actoría política de las mujeres.

¿Cuáles son los actos que se constituyen en expresiones de acoso y violencia política?

  • Realizar tareas ajenas a las funciones y atribuciones del cargo;
  • Proporcionar  información errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de funciones;
  • Evitar que asistan a sesiones o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo el derecho a voz y voto en igualdad;
  • Proporcionar al Órgano Electoral Plurinacional, datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de las candidatas;
  • Impedir o restringir su reincorporación al cargo cuando hagan uso de licencia justificada;
  • Restringir el uso de la palabra en las sesiones, comisiones u otras reuniones inherentes a su cargo;
  • Imponer sanciones injustificadas restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos;
  • Restringir o impedir el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que hubieran sido electas con procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos;
  • Discriminar por cualquier razón (ej. idioma, grado de instrucción, apariencia, etc.);
  • Difundir  información personal y privada, con el objetivo menoscabar su dignidad y obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan;
  • Divulgar información falsa con el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener la renuncia o licencia al cargo;
  • Presionar o inducir a presentar su  renuncia al cargo;

Obligar mediante la fuerza o intimidación a suscribir documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general.

¿Quién puede presentar la denuncia actos de acoso y violencia política?

 
 

¿Dónde presentar la denuncia actos de acoso y violencia política?

 

¿Cuáles son las acciones que se toman ante los actos de acoso y violencia política?

 

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones públicas ante la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres?