Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Convención de Belém Do Pará (1994)

Por medio de la Convención de Belém do Pará, los Estados Parte acordaron que la violencia contra las mujeres “...constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”

La Convención de Belém do Pará, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas Discriminación contra la Mujer (1979)

Garantiza a las mujeres la igualdad con los hombres ante la ley y detalla medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en ámbitos como la vida política y pública, la nacionalidad, la educación, el empleo, la salud, el matrimonio y la familia. La Convención estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el órgano encargado de velar por su aplicación y de estudiar los informes que emiten los Estados Partes. El Protocolo Facultativo de la Convención (1999) autoriza a los particulares a informar al Comité de supuestas violaciones de la Convención.

Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1953)

Propone poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y  mujeres; reconoce que  toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por conducto  de representantes libremente escogidos, a iguales oportunidades de ingreso en el servicio  público;  exhorta a igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los  derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales que son inherentes a todas las personas.

Establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio y por voto secreto.