Las asambleístas y concejalas asistentes a la Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política propusieron este miércoles la creación de instancias de atención y seguimiento a casos de acoso y violencia política, formulación de protocolos de atención a víctimas de este flagelo, creación de comisiones de ética en las asambleas departamentales y concejos municipales y capacitación permanente a las autoridades como mecanismo de prevención.
Las propuestas salieron tras reflexionar sobre esta problemática en la Cumbre Nacional que propició el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Tras el análisis recomendaron la coordinación interinstitucional, intergubernamental y con la sociedad civil para abordar el tema del acoso y la violencia política (AVP).
Pidieron impartir talleres de capacitación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades en torno a conceptos de acoso y violencia política y rutas de prevención, atención y sanción. Pidieron analizar la Ley 243 y revisar los vacíos en las rutas de prevención, atención y sanción al acoso y la violencia política, e incluir en esta revisión el tema digital a través de redes sociales y plataformas de mensajería.
Indicaron que es vital conformar misiones de evaluación sobre casos de acoso y violencia política en las entidades territoriales autónomas que sean imparciales y puedan garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Asimismo propusieron incidir en los procesos internos de despatriarcalización que se concreten en estatutos, mecanismos y herramientas efectivas en la lucha contra el acoso y la violencia política.
También sugirieron trabajar en registros únicos sobre casos de AVP, alimentados por datos de sistemas de monitoreo de ACOBOL, Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, que al mismo tiempo generen datos e información abierta.
Tras la lectura de las conclusiones, se firmó un convenio interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral, los ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Gobierno, además de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales (AMADBOL) y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) para viabilizar estas propuestas.
