El Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y violencia política, conformado por varias entidades del Estado, atendió en la gestión 2022 siete casos de acoso y violencia política contra autoridades electas, en tres de éstos activó medidas de protección para resguardar la vida de mujeres que fueron víctimas de acoso y violencia política.
El Mecanismo activó esas medidas luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propició encuentros departamentales y uno nacional contra el acoso y la violencia política donde participaron asambleístas nacionales y departamentales, concejalas y concejales y autoridades del Gobierno Nacional, en estos espacios algunas autoridades denunciaron de manera pública el acoso y violencia política que sufren en el ejercicio de sus funciones.
Por ejemplo, una concejala del municipio beniano de Riberalta denunció que por fiscalizar el uso de recursos del desayuno escolar, a las autoridades del Gobierno de su municipio, buscaron subyugarla mediante constantes amenazas que se materializaron con la rotura de su mano, en la parte de la muñeca, al estar esperando movilidad en un lugar público.
Asimismo se denunció el caso de la concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, departamento de La Paz, quien por fiscalizar los actos de las autoridades del Gobierno Municipal, sufría presiones para que renuncie, recibiendo amenazas contra su vida y la de sus familiares, lo que provocó que deba buscar seguridad personal para evitar que atenten contra su vida. Estos son algunos de los ejemplos sobre situaciones de mujeres autoridades que sufren acoso y violencia política en sus regiones.
Seis de los siete casos en los que intervino el Mecanismo de Atención Inmediata corresponden al departamento de La Paz en los municipios de San Pedro de Curahuara, El Alto, Huarina, Teoponte, Patacamaya y Waldo Ballivián, mientras que uno se presentó en el departamento de Beni, municipio de Riberalta.
El Tribunal Supremo Electoral, como parte del Mecanismo de Atención Inmediata, junto a la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) activaron las denuncias para que los otras instituciones que conforman esta instancia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Autonomías, Policía Boliviana, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y las organizaciones representativas de autoridades electas a nivel nacional, se movilicen y impulsen acciones de protección a las autoridades víctimas de este flagelo.
