La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia, a tiempo de difundir y promover la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política ante asambleístas departamentales de Oruro, aclaró que las mujeres asambleístas electas en 2021 tienen un tiempo de mandato constitucional de cinco años y no así una gestión compartida o media gestión.
A invitación de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (Amadbol) se socializa la Ley 243 y el Reglamento de Denuncias y Renuncias de mujeres electas, con el fin de concienciar a hombres y mujeres que existe normativa que preserva los derechos políticos de las mujeres, manifestó la vocal Chuquimia.
En su alocución, la autoridad realizó la difusión de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política, además de explicar los pasos procedimentales del Reglamento de Trámites de Recepción de Renuncias y Denuncias de Mujeres Electas en 2020 y 2021, y que ahora se encuentran en función político-pública.
“Desafortunadamente, cuando las actuales autoridades en ejercicio estaban en la condición de candidatas, los candidatos varones que eran sus suplentes, les hicieron firmar documentos bajo presión, que anticipaban una renuncia a su cargo a partir del tres de noviembre de 2023 (media gestión), cuando se cumple la mitad de mandato; por esta razón nace la preocupación de las mujeres asambleístas y concejalas y el TSE en el marco de una política nacional contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres está presente, para acompañar este proceso y hacer cumplir los derechos políticos de las mujeres”, enfatizó Chuquimia.
Gracias al Reglamento de trámites para las renuncias y denuncias, existen pasos procedimentales que permiten filtrar las renuncias a los cargos electos por parte de mujeres asambleístas o concejalas y de esta forma verificar si existe acoso o violencia política para inducir a la renuncia, de ser así, la Dirección Nacional Jurídica y Asesoría Legal de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) podrán recomendar a Sala Plena que los TED o el TSE, según corresponda, remitan los antecedentes ante el Ministerio Público.
Asimismo, la autoridad electoral lamentó que los procedimientos en el Ministerio Público para atender los casos de violencia política sean lentos.
“Nuestro Observatorio de Paridad del TSE ha hecho seguimiento a las denuncias por AVP en estos últimos 10 años, donde de más de 500 casos visibilizados de AVP, solo tres casos fueron resueltos y tienen sentencia”, dijo Chuquimia.
En el taller participaron también representantes de instituciones públicas y organizaciones para desarrollar temas relacionados a despatriarcalización, protección de derechos humanos y competencias legislativas.
En pasados días Amadbol realizó un taller similar en el departamento Potosí y se prevé la realización de más talleres en el resto de los departamentos del país; este 23 de agosto se replicará el mismo taller en Chuquisaca.
