El papel de la mujeres en el pacto Historico, anticolonialismo y pacto por la vida en Colombia

Diana Carolina Alfonso Perilla

Resumen

El 7 agosto de 2022 se posesionó en el gobierno colombiano la fórmula del Pacto Histórico, con Gustavo Petro y Francia Márquez a la cabeza. La presencia de las mujeres de los sectores populares y de izquierda, tanto en la plaza pública como en los escaños de poder, expresa la vertebración de elementos singulares del nuevo programa de gobierno, con base en la proyección de agencias que habían sido vetadas del ejercicio de poder o cuanto menos de la posibilidad de representación en los poderes públicos del Estado. Las múltiples expresiones de los feminismos generaron ámbitos de cualificación y formación de cuadros para la dirección de los movimientos y la gestión de las políticas territoriales.

Las mujeres del Pacto Histórico representan la condición contrahegemónica del nuevo paradigma de poder en Colombia. Esta toma de posesión revela una ruptura histórica en varios sentidos: el primero tiene que ver con la exposición de una trama radicalmente distinta de la historia colombiana; el segundo, con la posición de las sujetas, tanto en el ámbito territorial y organizativo como en el performático y simbólico; y el tercero, con la dimensión social y popular del programa del Pacto.

El objetivo central de este escrito es analizar, en estas tres dimensiones, los roles colectivos de algunas mujeres que participaron en el proceso de constitución y triunfo del Pacto Histórico. Para el caso, se presentará el diálogo entre la apuesta por la reescritura de la memoria histórica de Francia Márquez y la política de la vida de las mujeres de la Unión Patriótica

Este trabajo consiste en exponer la preponderancia de lo que en adelante se denominará ‘las mujeres del Pacto’, en referencia a las sujetas colectivas que llevaron adelante la constitución y triunfo del programa del Pacto Histórico en Colombia en las elecciones de 2022 (Pacto Histórico: 8-10).

Sin embargo, y lejos de hacer hincapié en el triunfalismo del momento, el análisis de las agencias, programas y trayectorias de algunas mujeres que personifican el cambio en el paradigma de poder pone de manifiesto la articulación, cualificación y proyección de los movimientos populares, y la transversalidad de los feminismos en su historia reciente. En otras palabras, la participación cualitativa de las mujeres no se cierne meramente a la coyuntura electoral, para analizar el peso del último proceso electoral en la historia de Colombia se debe rastrear la configuración de los escenarios contemporáneos de resistencia y la posición de las mujeres en su coordinación estratégica. No se hablará entonces de una coyuntura electoral, sino de una coyuntura histórica pendiente del trasegar de las representaciones femeninas en determinadas esferas de participación ciudadana, premeditadamente marginadas por la estructuración hegemónica del poder, es decir, por el consenso entre los distintos sectores dominantes que obturaron la apertura democrática por casi 200 años.

El reto es responder a la pregunta ¿qué sentido histórico tiene el rol de estas mujeres al interior del Pacto? Para desarrollar una respuesta cercana a la efervescencia de la victoria, pero no obnubilada por ésta, se deben entrelazar expositivamente dos dimensiones temporales: una de largo aliento que refiera a la configuración anticolonial de la resistencia, y otra contemporánea que dilucide la estructuración de las agencias femeninas en la resistencia a las prácticas de guerra patriarcal/neoliberal. El doble diálogo entre la herencia anticolonial de lucha y las prácticas neocoloniales de expoliación territorial revela la potencia contrahegemónica de las agencias femeninas, proyectadas como cuadros de articulación, conducción y/o gestión del nuevo modelo de gobierno.

Para el desarrollo de la temporalidad de largo aliento se tomarán disparadores estructurantes de las resistencias territoriales que dieron lugar a la conflictividad política de la era republicana, es decir, posindependentista. El porqué de esta temporalidad tiene que ver con la temprana formación de las subjetividades en rebeldía, de cuya historia se han tornado portavoces algunas mujeres del Pacto, como el caso de Cha Dorina Hernández y el palenque afrocolombiano, o la misma Francia Márquez y su lectura sobre la incidencia de las negritudes en la crisis del modelo esclavista.

La historia anticolonial de largo aliento fue un elemento fundamental en la metodología expositiva de los programas políticos de las referencias femeninas y feministas del Pacto, pues confronta experiencias periféricas e invisibilizadas contra el discurso histórico hegemónico del Estado en Colombia, permeado por prácticas pedagógicas revictimizantes o negacionistas, institucionalizadas en el aparato educativo y amplificadas por los medios de comunicación oligopólicos. El valor de esa confrontación pedagógica reside en la exposición de las tramas históricas empoderantes para las mujeres excluidas, versus el discurso lineal e institucionalizado de las oligarquías, que insiste en narrar la supuesta derrota de todos los proyectos políticos antagónicos a su orden social.

En lo que refiere a la temporalidad contemporánea, se presentarán algunas experiencias colectivas de mujeres sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Su lugar en la política colombiana se fundamenta en otra antinomia transversal a la sociedad colombiana en épocas de neoliberalismo y patriarcado de guerra: la vida y la muerte.

Si antes de la expansión neoliberal los programas políticos contrahegemónicos en Colombia se centraban, sobre todo, en la reforma agraria, desde la apertura neoliberal y la proliferación del paramilitarismo, la demanda por el respeto a la vida es el fundamento base de todas las organizaciones sociales. Esa es la razón por la cual el programa del Pacto Histórico tuvo por eslogan la frase: Colombia, Potencia Mundial de la Vida.

El contexto que da lugar a la apertura neoliberal estuvo precedido por prácticas genocidas tendientes a la eliminación física y simbólica de los líderes y lideresas de izquierda. Mientras el Plan Cóndor hizo efectivas dichas prácticas mediante la imposición de las dictaduras en el Cono Sur, en Colombia el terrorismo de Estado fue impulsado por gobiernos pretendidamente democráticos y ungidos en las urnas por el voto popular.

La democracia colombiana es un sistema de dominación eminentemente violento. Por eso, la refundación de la democracia se convirtió en uno de los aspectos más importantes del programa del Pacto. La campaña El Pacto es con las Mujeres exploró diversas formas de organización comunitaria lideradas por mujeres en distintos lugares del territorio colombiano y en el exterior, con preeminencia a aquellas que se organizaron en territorios de guerra o que generaron proyectos sociales de paz y justicia social. Tal fue el caso de Carmen Ramírez Boscán, lideresa indígena Wayúu, radicada en Suiza desde 2011.

El diálogo extratemporal de las lideresas, que proyectaron su historia personal y territorial en las demandas sintetizadas en el programa del actual gobierno colombiano, articula vínculos pluriculturales, de género, raza y clase, ampliando así la posibilidad de representación de las comunidades abandonadas por los gobiernos oligárquicos de turno; son mujeres provenientes de los movimientos sociales que crecieron y se formaron en las luchas populares contra el oligopolio coactivo de militares, paramilitares, narcotraficantes y empresarios. El reto máximo de proyectar su agenda al interior de las instituciones del Estado radica en la transformación estratégica de las formas de articulación con las instituciones que ahora encarnan como representantes de éste, y en su posibilidad de acción para la concreción de políticas públicas encaminadas en la búsqueda de la paz con justicia social.

Para abordar la articulación entre el discurso anticolonial y la resistencia al neoliberalismo/patriarcado de guerra, se presentarán dos experiencias colectivas que pusieron debates cruciales sobre la reescritura de la memoria histórica de dos procesos populares de gran envergadura. El primero atañe al debate de las negritudes y mayoras expuesto por la actual vicepresidenta Francia Márquez.

El segundo tiene que ver con el debate de los derechos humanos y el renacer de una apuesta política que sufrió el genocidio anticomunista en carne propia, y que hoy cuenta con una importante representación en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es el caso de la Unión Patriótica y la proyección estratégica de cinco sobrevivientes: las hoy congresistas Aida Abella, Jahel Quiroga y Clara López, y las ministras designadas recientemente por el presidente Gustavo Petro, Gloria Inés Ramírez y Patricia Ariza.

 ¿De dónde vienen las y los nadies?

Breve contexto histórico El libro Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca (Mina, 1975) analiza el proceso de colonización en la región del suroccidente colombiano. A partir del siglo XVII, las familias comerciantes y terratenientes introdujeron en la región mano de obra esclava africana para paliar las manos caídas que dejaba la muerte aciaga de los pueblos indígenas. Desde entonces, el agrupamiento de la fuerza de trabajo esclava se dio en inmediaciones de las minas y los cauces fluviales más próximos.

A raíz de las revoluciones independentistas (1810-1819) el modelo agrario en Colombia se transformó y dio lugar a una incipiente industrialización, en la que se empezaba a privilegiar el uso de maquinarias por sobre la compra y manutención del trabajo esclavo. El tardío relajamiento de las relaciones coactivas potenció la huida de las familias esclavas; a la postre la tendencia a la parcelación del territorio expulsó las negritudes a las periferias del departamento. De ese proceso histórico surgió el campesinado negro liberto (Ibíd.). Según Mina, en este proceso se pasó de la esclavitud del látigo a la esclavitud del jornal. En las laderas del río Cauca las comunidades negras pasaron por un interregno de breve resistencia libertaria a la imposición de cargas laborales abusivas, mal tranzadas por remuneraciones laborales miserables. Finalizada la Guerra de los Mil Días (1899- 1902) (González, 1991), las comunidades afrocolombianas del Cauca se encontraron sin tierra ni sustento, sobre esa vulneración estructural se afianzó la economía azucarera. Desde entonces, la violencia convirtió en una herramienta para la organización de las economías de enclave en la región.

Las grandes familias mineras y los emporios azucareros se vieron involucrados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos: masacres, desplazamientos forzados, apropiación indiscriminada de territorios ancestrales y proliferación de organizaciones paramilitares. Por si fuera poco, en los últimos 50 años el auge de la economía cocalera terminó por agravar las condiciones de las comunidades afro, indígenas y campesinas que habitan en la región caucana.

Actualmente, sobre el valle geográfico del río Cauca conviven ocho pueblos indígenas que dependen del trabajo agrario: Yanaconas, Ingas, Kokonukos, Totoroes, Paéces, Guambianos, Eperara y Siapidara. Al norte del departamento se concentra buena parte de la población afro que vive mayoritariamente de los excedentes que deja la economía azucarera y minera.

Francia Márquez Mina: de las nadies y las mayoras

El apellido materno de la actual vicepresidenta de Colombia hace alusión a ese contexto histórico. Francia nació en 1981 y creció en el municipio de Suárez, Cauca. Desde esas montañas se ve crecer la hoja de coca sobre la cordillera como una trenza kilométrica de verde limón; en sus valles aún brota el oro de los ríos. Como ella, toda su familia se dedicó al trabajo minero, generación tras generación.

En 1994 se desvió el cauce vital del río Ovejas a la represa Salvajina, construida en 1986 para la financiación de la economía azucarera. La creación de la represa y la desviación del río Ovejas trajeron graves consecuencias medioambientales como la contaminación de los ríos y la eliminación de la fauna silvestre. Las familias negras de la zona tuvieron que abandonar sus tierras como consecuencia del decaimiento de la pesca y el bateo del oro. En esa lucha se encuentran los primeros testimonios de Francia Márquez. De hecho, en febrero de 2022 el periodista Hollman Morris recuperó una entrevista a Márquez del año 2006, realizada en el programa Educación y Cultura del Sindicato Único de Trabajadores del Valle (Sutev), en el canal regional Telepacífico. En esta breve grabación, una joven Francia Márquez enuncia las grandes preocupaciones de su pueblo:

La problemática en la educación (es que) es una educación muy mala. Construyeron unos salones ahí tirados y hoy tenemos (a) nuestros niños sin una educación formal o bien fundamentada. Por otra parte, tenemos el corregimiento La Toma, donde también se habían comprometido a hacer acueductos. Hoy tenemos la triste realidad de que en el corregimiento no tiene la gente agua que es un fundamento vital. No tienen agua porque no hay un acueducto que sirva. Más triste es que (en) el municipio que produce la energía, tenemos la peor energía del país y la más cara. (Canal Regional Telepacífico, 2006)

Años después, Márquez se convertiría en una destacada militante medioambiental y un orgullo para las mujeres negras de Colombia, ya que recibió el premio Goldman de medio ambiente en 2018 (Banrepcultural, 2019).

En los primeros meses de 2022 empezó a proyectarse como candidata a la presidencia. Tras sacar la segunda mayor votación en la consulta interna del Pacto Histórico, Francia se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Durante la campaña, Francia discutió con los candidatos de los partidos hegemónicos sobre la condición y estratificación de las víctimas del conflicto, las economías ilegales, el relegamiento estructural de las mujeres racializadas y empobrecidas, y la noción de la libertad para los pueblos negros.

Debate presidencial sobre la estratificación de las víctimas

En el primer debate presidencial, Francia Márquez interpeló a la candidata Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año 2002:

Yo le diría a Ingrid que la respeto, pero uno no puede venir cada cuatro años a hacer política. Hay que asumir que nosotros estamos aquí como país y construimos como país; pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente, todos los días. Y es necesario entonces asumir ese desafío de ‘lo que a mí me pasó que no le pase a los otros’, y no pararnos desde nuestra condición de víctima sabiendo que la situación que hoy están viviendo otros en muchos territorios la siguen padeciendo. Nosotros hoy, sin dilaciones, planteamos la necesidad de legalizar las drogas.

La política prohibicionista y el narcotráfico que se disputan el poder no han resuelto el problema. Proponemos salir del problema de las drogas desde la regularización, no para que las licencias se queden en los grandes empresarios canadienses, sino para que las licencias de producción tanto de la hoja de coca como de la marihuana contribuyan a cerrar las brechas de inequidad a la gente más empobrecida, víctima de esa política de muerte, a las comunidades negras, indígenas, a las mujeres que hemos sido víctimas directas de esa política de guerra fomentada por el abandono del Estado, o con la presencia del Estado.

Porque aunque el Estado no ha invertido en inversión social (sic), pues sí nos ha llevado la violencia a los territorios. Las guerrillas no se originaron porque quisieron, se originaron por un Estado que le dio la espalda al pueblo. Hoy estamos desde las regiones y la periferia diciendo (que) vamos a erradicar las violencias de género. Vamos a contribuir a una economía para la vida. Nuestra causa es la vida. Vamos a contribuir a que la impunidad, en términos del silenciamiento, de lo que viven los pueblos, pare ya. No se puede hablar simplemente del delito del secuestro porque esto termina siendo un delito que es un crimen de lesa humani dad, como un delito que simplemente pasa a sectores económicos privilegiados. Hay que hablar de todos los delitos que hoy ponen en riesgo la vida en este país.

El secuestro no está por encima del desplazamiento forzado, del asesinato de líderes y lideresas, de las violencias que vivimos como mujeres. Disculpen que me haya extendido, pero el país espera más de ustedes, no espera el mismo discurso. Los jóvenes esperan más de ustedes no simplemente que los señalen y los judicialicen. Esperan una dirigencia política capaz de resolver las dificultades estructurales que hoy tienen a Colombia sufriendo. Hay más de seis millones de colombianos que ni siquiera quieren regresar porque no hay oportunidades para ellos. (El Tiempo, 2022)

Sobre el término mayoras o la miseria de la gramática colonial

Semanas después, un gran debate se dio luego de que la candidata negra dijera en una entrevista que la filosofía de su movimiento ‘Soy porque somos’ era “heredada de nuestros mayores y mayoras que fueron esclavizados”.

El término mayoras nunca fue reconocido en la sintaxis colonial imperante, pergeñada en las capitales del país. Ante la ridiculización y la propaganda de un supuesto error gramatical, la candidata respondió a sus detractores: “Mayoras significa mujeres sabias, que tienen la autoridad ética y moral para guiar el rumbo de nuestros pueblos”. Y remató: “Siento mucho que para ustedes el único lenguaje correcto sea el heredado de la colonia”.

Más que un mero debate lingüístico, la introducción de término mayoras rompió la esfera límpida del lenguaje de las capitales, lo que dio lugar al reconocimiento de otras formas de organización femenina y jerarquización de los pueblos negros e indígenas del Cauca.

 ¿Quién liberó a los libertos?

 Otro debate histórico que hizo temblar uno de los pilares ideológicos del republicanismo colombiano tuvo que ver con la posición de las negritudes en el ocaso del sistema esclavista.

Durante la campaña el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, intentó un acercamiento con el director y expresidente del Partido Liberal, César Gaviria, responsable de la apertura neoliberal de 1991 y de la creación de Las Convivir, cooperativas de seguridad privada que a la postre se organizaron en redes paramilitares (Giraldo, 2009).

El Partido Conservador y el Partido Liberal se turnaron históricamente la dirección de los gobiernos central y provinciales. Su peso en la bancada del Congreso hizo que Gustavo Petro, a través de uno de sus asesores, el exuribista Roy Barreras, buscara una articulación para garantizar la gobernanza. Este diálogo generó amplio rechazo en las bases del Pacto Histórico. En ese momento, Francia Márquez apuntó contra César Gaviria catalogándolo como un neoliberal.

El debate puesto por la candidata se centraba en la no compartimentación de los programas políticos. Es decir, era un debate de fondo. Sin embargo, la prensa hegemónica rápidamente lo convirtió en un debate de formas para victimizar al Partido Liberal y limpiar la hoja de vida del cuestionado César Gaviria.

De inmediato Roy Barreras (2022), actual presidente del Senado, pidió disculpas al director del Partido Liberal. Desde entonces defendió la unidad con este sector oligárquico afirmando que el Partido Liberal fue el precursor de la liberación de los esclavos, tal como lo afirmara el 1 de septiembre de 2022 en un tweet que reza:

El @PartidoLiberal tiene una historia de grandeza. Desde el Siglo XIX levantó las banderas de los excluidos, liberó a los esclavos, defendió a los campesinos. En el XX los íconos sociales fueron liberales. Y ahora (que) está en la vanguardia del CAMBIO.

 La tesis de Roy Barreras hace alusión a dos episodios históricos: la proclamación de abolición de la esclavitud en 1851 y la declaración de la Ley 70 de comunidades negras (Diario Oficial 41.013, 1993) en la nueva carta constitucional de 1991, que fue promulgada durante el mandato de César Gaviria (1990-1994).

Según la analista feminista Carol Ann Figueroa, la pregunta que suscitó el debate es ¿quién cuenta la historia? Para avanzar críticamente en la hipótesis de Barreras, la militante feminista citó un texto de Karen López para el canal público Señal Memoria de RTVC (2021):

La abolición de la esclavitud decretada el 21 de mayo de 1851 fue resultado de un largo proceso iniciado en el siglo XIX con antecedentes coloniales de grupos de resistencia cimarrona. La abolición de la esclavitud fue decretada por un partido liberal recién nacido que de esta manera respondió al apoyo popular recibido durante la elección José Hilario López. Este proceso fue largo y tortuoso, y en él intervinieron no solo diferentes fuerzas políticas y sociales, sino también y en gran medida, los hombres y mujeres que habían sufrido la esclavitud, quienes desde tiempo atrás conformaron sociedades libres mediante la construcción de palenques; se amotinaron y protestaron frente a medidas injustas al tiempo que otros utilizaron las leyes para buscar la libertad por medios jurídicos.

Es decir, la afirmación de Barreras invisibiliza las conquistas que hicieron los movimientos cimarrones, y las convierte en una deuda que tendrían esas comunidades con el Partido Liberal. “Este es un razonamiento estructuralmente excluyente y racista”, afirmó Figueroa.

En lo que concierne al proceso constituyente y a la ley 70 de comunidades negras, Figueroa acotó:

Sin los jóvenes que crearon la séptima papeleta no se hubiera creado una masa crítica de presión que hiciera que el Partido Liberal terminara firmando la constituyente. No es que el pueblo le salga a deber a los partidos, sino que los partidos responden a las demandas del pueblo.

Para desmontar la hipótesis sobre la ley de comunidades negras, Figueroa citó la tesis “El impacto de la ley 70 de 1993 en las comunidades negras en el departamento del Chocó” (Agudelo et al.):

Después de insistentes reclamos por parte de los líderes de las comunidades negras y a raíz del apoyo que estos le brindaron a los candidatos indígenas del M19 y la Unión Patriótica (UP) a la asamblea nacional constituyente, apoyo que redunda en su elección como delegatarios, se consiguió que a última hora se insertara en la constitución de 1991 el artículo 55 transitorio, mediante el cual se ordenó la expedición de una ley que reconociera a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre algunas tierras baldías de la zona ribereña de la cuenca del Pacífico. Como resultado de este mandato fue aprobada la ley 70 de 1993.

Para la autora:

Que la constitución del ‘91 reconozca la existencia de las comunidades afro no es un logro de Gaviria, es un logro mezclado entre la lucha de las comunidades negras, y un vínculo entre las comunidades y los candidatos del Movimiento 19 de Abril, M19, y de la Unión Patriótica, UP, a la constituyente. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de la ley 70? La tesis del 2004 concluye que “gracias a la ley se han creado consejos comunitarios, organizaciones de base”; sin embargo, también destaca que la cantidad de recursos adjudicados al departamento del Chocó sigue siendo miserable y los niveles de pobreza, analfabetismo y problemas de salud pública son enormes.

Desde el 2004 hasta hoy, muchísimas comunidades que se organizaron para exigir sus títulos colectivos fueron perseguidas y despojadas de sus tierras. Por ejemplo, en el año 2000 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, adjudicó 46.000 hectáreas al consejo comunitario de Curbaradó, y 50.900 al consejo comunitario de Jiguamiandó. A pesar de esta titulación colectiva, cuando los paramilitares desplazaron a las comunidades más de la mitad de las tierras fueron invadidas para cultivar palma de aceite y ganadería.

En 1984 el gobierno de Belisario Betancur hizo un llamado a la salida democrática del conflicto armado. La conformación de una mesa de diálogo que reconociera el componente social y civil de la guerra podía transformar la forma de hacer política para la paz, o al menos eso estimaba la militancia de izquierda que se comprometió con proyectar escenarios de participación democrática para la reincorporación de las guerrillas a la vida civil.

El llamado movilizó a sectores de la clerecía, sindicatos, asociaciones agrarias dispersas por el territorio; pero sobre todo al arco comunista, incluyendo a quienes se encontraban en la clandestinidad. Así, el 28 de marzo se decretó el cese bilateral del fuego en la Uribe, Meta, puerta de la región llanera colombiana. A la cita acudió la plana mayor de las FARC, delegados del Partido Comunista Colombiano (PCC), garantes de paz de distintas organizaciones civiles y delegados del gobierno nacional.

Nunca en la historia colombiana los acuerdos de paz habían redundado en la paz, más bien todo lo contrario. Solamente durante el siglo XX el gobierno hizo trizas los acuerdos de paz de 1902, que debían acabar la guerra bipartidista entre liberales y conservadores. De ahí que hacia los años 40 el belicismo conservador volviera a asediar la base social del liberalismo, llamando la atención de Jorge Eliécer Gaitán, quien en febrero de 1948 pidió al pueblo movilizarse en la Marcha del Silencio para exigir el respeto a la vida y a las garantías de participación política. Gaitán fue asesinado en abril y la ola de sangre creció estrepitosamente. Decenas de guerrillas liberales proliferaron por el territorio nacional hasta que en 1957 el líder guerrillero de los llanos orientales, Guadalupe Salcedo, entregó las armas al gobierno del general Rojas Pinilla. Salcedo fue asesinado 20 días después en Bogotá. Hacia los años 60 algunos reductos de esas guerrillas liberales tomaron la vía comunista dando lugar a las FARC y en adelante a la proliferación de otras organizaciones que reivindicaban la lucha armada.

El 19 de abril de 1970 Rojas Pinilla se presenta a las elecciones presidenciales; pero el candidato conservador, Misael Pastrana, gana los comicios por medio de un fraude escandaloso. Rotos los canales de participación democrática, en 1974 surge la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M 19) y la circularidad de la violencia vuelve a repetir el guion cuando su máximo líder, Carlos Pizarro Leóngomez, es asesinado tras la dejación de armas y en plena campaña a la presidencia en 1990.

Los acuerdos de La Uribe fueron convocados con auténtico espíritu autocrítico, bajo una lectura sensata sobre todos los fracasos en la búsqueda de la paz. Se aprobaron garantías para la participación política de la insurgencia y el acompañamiento de otras fuerzas democráticas como el PCC. Con ese propósito se conformó la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, al poco tiempo los acuerdos se desviaron de su rumbo y el gobierno de Belisario Betancur abandonó el proceso y a miles de familias colombianas que se habían expuesto en las calles y en las urnas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

De 1984 a 2002 fueron asesinadas 5.733 personas vinculadas a la UP, en un plan coor dinado por agentes del Estado y organizaciones paramilitares. Además de la justificación anticomunista, el paramilitarismo buscó doblegar la representación civil de la izquierda colombiana en los campos para garantizar la apropiación del territorio (Arizala, 1989).

Aída Avella, primera mujer presidenta de un partido político en Colombia (UP) se encontraba una tarde camino al Concejo de Bogotá cuando su camioneta fue impactada por un cohete que no explotó. Avella, como tantos otros miles de sus copartidarios, vivió desde entonces en el exilio trabajando y militando por las víctimas de su partido. Una aliada primordial en ese camino fue Jahel Quiroga, quien a través de la Corporación Reiniciar3 se encargó de entablar los canales de diálogo con las familias golpeadas por el genocidio para exigir justicia y reparación en los tribunales locales e internacionales.

En 2013, y ante la presión pública de las víctimas, el Estado colombiano asumió su responsabilidad en el genocidio contra la Unión Patriótica y tuvo que devolverle la personería jurídica. Figuras de gran relevancia como Aída Avella volvieron entonces del exilio para retomar su participación política en el Congreso.

En los albores del 2018, la UP puso a disposición su personería para que el candidato Gustavo Petro se presente a las elecciones presidenciales. Fue conformada entonces la Colombia Humana – UP. Cuatro años después, la fórmula bipartidaria dio lugar a una convocatoria mucho más amplia en el Pacto Histórico. El eslogan Colombia, Potencia Mundial de la Vida se propaga por el territorio nacional con la bandera ondeante de la Unión Patriótica acompañando su marcha.

Cuando sobrevino el genocidio, la UP contaba con siete representantes en el Congreso, la mayor participación de la izquierda en el legislativo hasta la llegada del Pacto. La mayoría de los congresistas de la UP fueron asesinados y los sobrevivientes exiliados. Recién este año, en las elecciones legislativas, la organización pudo retornar al Congreso con una representación partidaria considerable y mayoritariamente femenina: Aída Avella, Jahel Quiroga, Clara López, Gabriel Becerra y Piedad Córdoba fueron elegidos por voto popular. Las tres primeras son sobrevivientes del genocidio.

En la primera sesión del Senado, Aída Avella reconoció la importancia del retorno de la UP en el proyecto de la vida, la recomposición de los lazos sociales y la resiliencia del ejercicio representativo:

Las tres senadoras que estamos aquí, Jahel Quiroga, Clara López, las tres somos sobrevivientes de un genocidio que no queremos que (…) se repita, y que las familiares de nuestros compañeros puedan no solamente realizarse como ciudadanos, sino también reconocer todo el sufrimiento que han causado a las víctimas, especialmente a sus familiares, sus hijos, sus esposas o sus esposos también.

Electo presidente, Gustavo Petro nombró a otras dos mujeres sobrevivientes de la Unión Patriótica en el gabinete ministerial: Gloria Inés Ramírez, del comité central del PCC en el Ministerio de Trabajo, y Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura. Cuando Patricia Ariza recibió el 17 Premio Nacional Universidad de Antioquia a las Artes y las Letras de 2019, contempló su historia en la historia nacional de la siguiente forma:

Por fortuna me enrolé en el teatro y el activismo político desde donde he logrado con dificultad tratar de seguir entendiendo este país que nos tocó en el mapa. De la política tengo un duelo insondable, soy sobreviviente de la Unión Patriótica y perdí a más de 4 mil compañeros, no es un duelo personal, es una herida nacional que sólo se comenzará a sanar con la paz. El activismo político me ha permitido caminar calles de otra manera, me ha dado la posibilidad de retomar las plazas para habitarlas de manera rebelde y poética, allí hago los performance que nos dan la posibilidad de crear otro orden, caminamos las manifestaciones y gritamos a voz en cuello contra todos los agravios, el más importante ahora es gritar contra el asesinato de los líderes y lideresas (UdeA Noticias, 2019).

Finalmente, el caso del retorno feminizado de la UP genera hipótesis importantes para trabajar sobre las políticas de la vida y la paz. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV, 2022), 83 % de los crímenes contra esta organización fueron perpetrados contra varones y, según las salas de Justicia y Paz, la composición masculina de los ejércitos paramilitares antes de los acuerdos de 2005 rondó el 97 %. La secuencia lógica es pensar que varón mata a varón. Esa afirmación, cierta y liviana a la vez, deja de lado el peso de la muerte en los territorios de la vida.

Justamente el caso de la UP indica que el fin no es la muerte, sino el terror, es decir, la pedagogización brutal que refunda un territorio sin su componente vital y que, a la vez, transforma la identidad de los sujetos que vivieron el terror o la cercanía de la muerte (Feierstein, 2007).

No hay algo como víctimas de primera y de segunda, asumiendo que las víctimas letales son las primeras y las familias sobrevivientes, las segundas. De tomarse ese parámetro se dejan de lado los fines objetivos del terror en la humanidad que pervive. En ocasión de los genocidios y con la llegada de las perspectivas de género a los ámbitos de investigación social, se elaboró una lectura para que las mujeres sobrevivientes no sufran la estratificación del horror.

Los mecanismos antaño revictimizantes del derecho penal buscaban a los muertos en el testimonio de las mujeres vivas, sin siquiera avanzar desde la propia experiencia de las sobrevivientes. Las mujeres hablaron por décadas de sus maridos desaparecidos, de sus hijos asesinados, de sus padres torturados, de los otros y siempre de los otros (Cabanillas, 2009).

El retorno feminizado de la Unión Patriótica en los lugares de representación estratégica habla de un quiebre en el sentido de que las propias sobrevivientes dan a su agencia política, no ya como portadoras del dolor de los otros, sino como portavoces de la política de la vida.

Este artículo quiso presentar dos casos paradigmáticos de mujeres que rompen el cerco democrático del terror en Colombia. Lejos de individualizar su potencia, estas experiencias fueron posibles gracias a la cualificación masiva de las mujeres de los territorios y organizaciones sociales durante décadas. No hay algo así como heroínas individuales en la corta historia del Pacto Histórico.

Cada una de ellas guarda una memoria que narra apartados de la historia nacional. Es el caso de Cha Dorina Hernández, la primera mujer palenquera en ocupar un cargo de representación popular; o Aída Quilcué, lideresa del pueblo nasa, que vio cómo la policía asesinaba a su esposo en una movilización; o María José Pizarro, hija del asesinado líder del M 19, Carlos Pizarro; o Karmen Ramírez Boscán, quien tuvo que salir del país por organizar a sus hermanas Wayúu en la empobrecida Guajira.

Hoy las mujeres del Pacto no son las víctimas de segunda, las vivas que narran a sus muertos, las mártires en un mar de mártires. Mucho más que eso, las mujeres de las que hablamos son escribanas potenciales de otra historia. Su lugar en la política colombiana marca el vértice entre un antes y un después. Son la frontera histórica entre el gobierno de la muerte y el gobierno de la vida.

• Agudelo, C.E.; Hurtado, T.; Rivas, N. (2000). Impactos de la Ley 70 y dinámicas políticas locales de las poblaciones afrocolombianas: estudios de caso. Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica.
• Avella, A. (15 de julio de 2022). Intervención en la Sesión Plenaria del Senado de la República.
• Alape, A. (1985). La paz, la violencia: testigos de excepción. Planeta.
• Arizala, J. (1989). Unión Patriótica. Gallón, G. (1989). Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia. Cinep-Cerec.
• Banrepcultural (2019). Francia Márquez. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Francia_M%C3%A1rquez. Banco de la República | Colombia.
• Barreras, R. [@RoyBarreras]. (1 de septiembre de 2022). El @PartidoLiberal tiene una historia de grandeza. Desde el siglo XIX levantó las banderas de los excluidos, liberó a los esclavos. Twitter. https://twitter.com/RoyBarreras/status/1565298683574362118
• Behar, O. (1985). Las guerras de la paz. Planeta.
• Cabanillas, N. (2009). Género y memoria en Sudáfrica post apartheid: la construcción de la noción de víctima en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (1995-1998). Colegio de México.
• Canal Regional Telepacífico. (25 de junio de 2006). Programa Educación y Cultura [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vtCDDJnhWbg
• Centro Nacional de Memoria Histórica (2018). Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Centro Nacional de Memoria Histórica. https://www.cervantesvirtual.com/obra/todo-paso-frente-a-nuestros-ojos-genocidio-de-la-union-patriotica-1984-2002-1074457/
• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) (28 de junio de 2022). Hallazgos y Recomendaciones. Informe final de la CEV. https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022 06/Informe%20Final%20capi%CC%81tulo%20Hallazgos%20y%20recomendaciones.pdf
• Daza, I. (2015). El proceso de negociación de paz, las víctimas y la voz de los exiliados. http://ciudadanosporlapazdecolombia.com/el-proceso-de-negociacion-de-paz-las-victimasy-la-voz-de-los-exiliados/
• Diario Oficial 41.013 (31 de agosto de 1993). Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrollael artículo transitorio 55 de la Constitución Política. https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf
• El Tiempo. (25 de enero de 2022). Colombia Vota 2022 [Archivo de video]. YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=oPpr4A6ZXps
• Feierstein, Daniel (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica.
• Giraldo, E. (2009). El fenómeno paramilitar en Colombia. Sabia Revista Científica. Enero-Diciembre. Universidad del Pacífico.
• González, F. (1991). Los guerrilleros del novecientos. Cerec.
• Jurisdicción Especial para la Paz (2022). Informe 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/06.html
• López, K. (21 de mayo de 2021). 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia
• Decretada el 21 de mayo de 1851, la abolición de la esclavitud fue un proceso largo de legislación republicana y resistencia comunitaria. RTVC. https://www.senalmemoria.co/abolicion-de-la-esclavitud-historia
• Mina, M. (1975). Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca. Siglo del Hombre Editores.
• Pacto Histórico (2022). Colombia, Potencia Mundial de la Vida. https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/
• Segato, R.L. (2016). La guerra contra las mujeres. Ed. Traficantes de Sueños.
• UdeA Noticias (18 de octubre de 2019). Ganadores de los Premios Nacionales de Cultura. https://bit.ly/3HxZzI7