La participación política de las mujeres jóvenes indígenas: Un análisis reflexivo feminista
Mariana Zeballos Daza
RESUMEN
La Ley de la Juventud define a una persona joven como aquella comprendida entre los 16 y 28 años de edad, una etapa vital en la que se busca mayores oportunidades de expresión y participación. Sin embargo, aunque existe normativa diseñada para garantizar estos derechos, su implementación enfrenta serias limitaciones, especialmente para grupos históricamente marginados como los pueblos indígenas. En este marco, las mujeres jóvenes indígenas viven una realidad aún más compleja porque enfrentan una triple opresión: la carga del trabajo doméstico, la discriminación racial y la violencia patriarcal, que perpetúan las desigualdades estructurales en sus comunidades.
Aunque la democracia comunitaria es fundamental para el autogobierno y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las normas patriarcales y las desigualdades socioeconómicas restringen severamente la participación efectiva de las mujeres jóvenes indígenas en la vida política. Ellas enfrentan el desafío de superar las barreras impuestas por el patriarcado colonial, que intersecciona con el racismo y el adultocentrismo, lo que genera un entorno hostil para su participación en espacios públicos y de toma de decisiones.
El presente artículo propone una reflexión desde un enfoque feminista sobre cómo la triple opresión afecta la participación política de las mujeres jóvenes indígenas. Se destaca la necesidad de comprender este fenómeno como parte de un movimiento colectivo hacia la despatriarcalización, y se plantea desafíos y estrategias para fomentar una participación política más activa, inclusiva y equitativa en sus comunidades.
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INTRODUCCIÓN
Entre los 16 y 28 años de edad se consolida la juventud para estructurarse la futura condición adulta. Al igual que en otras etapas de la vida, se producen diversos cambios biológicos, psicológicos y sociales. En el ámbito social, una de las necesidades fundamentales es tener mayores y mejores oportunidades de expresión y participación.
Ante esta necesidad, el Estado, como garante de derechos, es responsable de viabilizar los medios para que la juventud los ejerza plenamente. Sin embargo, aunque se cuente con la normativa, no siempre se logra hacer efectivo el ejercicio de los derechos, especialmente en personas que pertenecen a grupos sociales que tradicionalmente fueron invisibilizados y vulnerados, tal como los pueblos indígenas.
En este contexto, las mujeres jóvenes indígenas enfrentan diversos desafíos en su vida cotidiana para ejercer plenamente sus derechos. Entre estos retos se encuentra la sobrecarga de trabajo en sus hogares, la discriminación y las violencias patriarcales sobre sus cuerpos y territorios, como ejemplos de cómo el patriarcado colonial naturaliza las desigualdades estructurales que afectan sus comunidades.
El ejercicio de su participación política se entiende como “el conjunto de actividades, mediante las cuales los ciudadanos pretenden influir en las elecciones de los responsables de las decisiones políticas que afectan a la sociedad” (Moisés, 1990, como se citó en Tapia, 2012). Concepto que se complementa con el siguiente: “La participación depende de los espacios y derechos políticos ofertados como lugar y margen de ciudadanía, por un lado; y de la iniciativa de organizaciones de acción para crearlos y reclamarlos, por el otro” (Monasterios y Tapia, 2001). Es decir, este tipo de participación abre el espacio para que la ciudadanía tome parte en las decisiones políticas de su comunidad.
La participación política es una victoria social en la historia boliviana y está respaldada por la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, que entre los principios de la democracia intercultural establece que la voluntad de la población se expresa a través del ejercicio de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria, “para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la gestión pública, autogobernarse y para revocar autoridades y representantes del Estado Plurinacional” (Ley 026, Art. 2).
La democracia intercultural es el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de diversas formas, concepciones, saberes y prácticas democráticas. La Constitución Política del Estado (CPE, Art. 11, II) establece que la democracia se ejerce de las siguientes formas:
Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.
Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto.
Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Esta última es fundamental para garantizar el autogobierno, la deliberación y el ejercicio de los derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), según normas y procedimientos propios.
Si bien la participación política es un derecho garantizado por la CPE, aún se ve que las características de situación de vida e identidad de ciertas poblaciones condicionan su participación equitativa: “(…) las desigualdades socioeconómicas que desincentivan la participación política de la gente que tiene pocos recursos o ninguno” (Tapia, 2012).
Los estudios feministas revelan que la participación política de las mujeres jóvenes es significativamente menor que la de los varones. En este contexto, acceder a los espacios de poder público significa transgredir las normas patriarcales, ya que solo así pueden trascender del ámbito privado del hogar al espacio público que tradicionalmente fue y es ocupado por los hombres (Pateman, 1996).
Esta transición no siempre es amigable, ya que encuentran diversas brechas y obstáculos que complejizan su camino. Especialmente, las mujeres jóvenes e indígenas enfrentan desafíos, ya que el sistema patriarcal se entrecruza con el adultocentrismo3 y racismo, lo que deriva en una matriz de triple opresión hacia aquellas que alzan sus voces para aportar y tomar decisiones en sus comunidades.
En este análisis, es fundamental comprender la participación política de las mujeres jóvenes indígenas desde la colectividad, es decir, como un movimiento. El feminismo comunitario es un movimiento que constituye un campo de lucha y acción para la despatriarcalización, lo que implica desarrollar un cuerpo común capaz de establecer relaciones con otros movimientos e instituciones (Paredes y Guzmán, 2014).
Desde una perspectiva feminista, este artículo reflexiona sobre la importancia de comprender la triple opresión que enfrentan las mujeres jóvenes indígenas y cómo ésta limita su participación política. Asimismo, se analizará el movimiento como acción despatriarcalizadora que permite aportar, proponer y decidir en sus comunidades. Finalmente, se planteará algunos desafíos que impulsen la participación política de las mujeres jóvenes indígenas.
- PATRIARCADO, ADULTOCENTRISMO Y RACISMO: UNA MATRIZ DE TRIPLE OPRESIÓN
Para entender esta triple opresión es fundamental analizar cada elemento que compone la matriz, por un lado, el patriarcado “es el sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que vive la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, históricamente construidas sobre los cuerpos sexuados de las mujeres” (Guzmán, 2023).
A esta opresión se suma el racismo, que las discrimina por ser indígenas. Además, cuando son jóvenes se enfrentan también al adultocentrismo, que estigmatiza a las generaciones jóvenes basándose en miedos y estereotipos conservadores. Se debe recordar que en Bolivia “los grandes conflictos políticos de los sesenta, setenta y ochenta, fueron protagonizados por jóvenes” (Rodríguez, 2011).
Estos hechos históricos ocurridos en Bolivia y en otros territorios hacen que se considere a las y los jóvenes como infractores de la norma, tal como lo refleja Lombroso en 1909 (citado por Corsi y Peyrú, 2003), indicando que se tiende a “demonizar a la juventud”, viéndolos como personas inmaduras, con actitudes violentas y hasta peligrosas.
Esta visión adultocentrista limita la participación política plena y efectiva de los jóvenes, desde su propia identidad. En consecuencia, ellos pueden ser excluidos y/o manipulados en el ejercicio de este derecho, quitándoles la oportunidad de decidir sobre la construcción de su agenda de intereses para interpelar sus demandas de educación, trabajo y protección, entre otras.
Este adultocentrismo delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a partir de una concepción de tareas de desarrollo que a cada clase de edad le corresponderían, según la definición de sus posiciones en la estructura social, lo que incide en la calidad de sus despliegues como sujetos y sujetas. Es de dominación ya que se asientan las capacidades y posibilidades de decisión y control social, económico y político en quienes desempeñan roles que son definidos como inherentes a la adultez y, en el mismo movimiento, los de quienes desempeñan roles definidos como subordinados: niños/as, jóvenes, y ancianas/os. (Duarte, 2012).
En Bolivia, los datos oficiales sobre la representación política de mujeres de las NPIOC en las asambleas legislativas departamentales, el año 2021, muestran que de las 25 autoridades titulares, cinco (20 %) son mujeres. En la representación indígena en la Asamblea Regional, una (33 %) de tres autoridades es mujer. En los concejos municipales, una (25 %) de cuatro autoridades titulares es mujer. Y de las 32 autoridades titulares que ocupan los escaños indígenas, siete (21,9 %) son mujeres y 25 (78,1 %) son hombres (Observatorio de Paridad Democrática, 2021).
Por otro lado, los datos de la sociedad civil en cuanto a la participación política de las mujeres muestran que una de ocho organizaciones políticas cumplió los criterios de paridad y alternancia en las listas iniciales rumbo a elecciones 2020. Además, cinco de ocho organizaciones políticas tienen pocas o ninguna propuesta para las mujeres, y una de cada 10 candidatas a asambleísta departamental tenía menos de 29 años al momento de su candidatura (Observatorio de Género, 2023).
Estas estadísticas reflejan el resultado de la matriz de triple opresión que entrecruza el patriarcado, el adultocentrismo y el racismo, haciendo evidente una menor representación de mujeres indígenas en espacios de decisión y, además, una casi nula representación de las jóvenes. Por tanto, si bien es sabido que las mujeres indígenas enfrentan múltiples brechas estructurales para ejercer su participación política, éstas se profundizan aún más cuando se trata de jóvenes (16 a 28 años).
Como consecuencia de esta baja representación en espacios de poder, las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres indígenas jóvenes son invisibilizados y, por ende, poco atendidos (Rivera, 2010). Entre ellos se encuentra el ejercicio de sus derechos a una vida libre de violencia, a una salud y derechos sexuales y reproductivos, a la prevención de la sobrecarga de trabajo de cuidados, entre tantas otras demandas específicas que permanecen invisibles ante la lente patriarcal y adultocéntrica.
- LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO MOVIMIENTO DESPATRIARCALIZADOR
Es fundamental impulsar la participación política de las mujeres jóvenes indígenas, para ello, si bien la democracia comunitaria es el marco de acción para fortalecer su organización, es fundamental entender la participación política como una acción y lucha antipatriarcal que se organiza de forma colectiva y comunitaria.
Desde esta perspectiva, la participación política de las jóvenes indígenas tendrá que sustentarse en los saberes y conocimientos ancestrales de los diferentes pueblos, cuestionando la individualidad y reconociendo que el cambio profundo y sostenible se logra a través de la organización entre las mismas mujeres de las comunidades.
En este sentido, es fundamental entender la participación política como parte del “movimiento”, que es uno de los cinco campos de lucha y acción que propone el feminismo comunitario para la despatriarcalización, ya que “nos permite construir un cuerpo social, un cuerpo común que lucha por vivir y vivir bien” (Paredes y Guzmán, 2014).
Así, la participación política debería tener diferentes momentos: empezar, avanzar, terminar y transitar hacia un nuevo comienzo. Además, es fundamental garantizar su carácter relacional, permitiendo que las mujeres de las comunidades organizadas puedan entablar diálogos y alianzas con otras comunidades e instituciones.
Entre algunos elementos que hacen que la participación política sea un movimiento está la complementariedad horizontal entre mujeres, la elaboración y defensa de propuestas políticas colectivas, la autogestión y organización de las mujeres, la representación y las capacidades de ser portavoces, dirigentas y facilitadoras.
Según Raquel Gutiérrez Aguilar (2017), la participación política desde una perspectiva comunitaria implica el reconocimiento y la valorización de las formas de organización y autogobierno que existen dentro de las comunidades, las cuales son fundamentales para la resistencia y la despatriarcalización. Para ello, la participación política debe cuestionar y desafiar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la opresión dentro de las mismas comunidades.
- DESAFÍOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES JÓVENES INDÍGENAS
3.1. Espacios de diálogo de mujeres
Es fundamental reconocer la importancia de crear y fortalecer espacios de diálogo entre mujeres, ya que son esenciales para reflexionar colectivamente, identificar las brechas de género y cuestionar el sistema patriarcal que las oprime. La escasez de estos espacios no es casualidad, es una consecuencia directa de un sistema que sobrecarga a las jóvenes con trabajo productivo y reproductivo, lo que limita su tiempo y energía para el autocuidado y la organización colectiva. Además, la falta de estos lugares específicos para mujeres se debe a que, en muchas ocasiones, generan susceptibilidad y resistencia por parte de otros, lo que lleva a invalidar, subestimar y minimizar su impacto (García, 2004).
Desde una perspectiva política feminista, es urgente crear estos espacios como una forma de resistencia y subversión ante un sistema patriarcal que busca despojarlas de su autonomía y poder colectivo. La construcción de estos espacios no es solo un acto de solidaridad, sino un acto político que desafía las estructuras de poder que perpetuaron la opresión y el silencio de las mujeres. Al construir y fortalecer estos espacios, ellas toman control de sus narrativas y se posicionan como sujetos políticos capaces de transformar la realidad. En estos diálogos se gesta la acción colectiva, donde se articula la lucha contra las violencias estructurales y se construye alternativas al sistema patriarcal que busca mantenerlas subordinadas (Rivera, 2010).
Proponer y mantener espacios exclusivos para mujeres es un desafío crucial. Estos espacios no solo permiten abordar los problemas que enfrentan como población, sino que también crean conciencia sobre la importancia de apoyo mutuo. A través del diálogo se recuperan formas orales de transmisión de conocimientos y se reivindica la palabra como una herramienta clave para la despatriarcalización.
Además, en estos espacios se reconfigura el concepto de poder, alejándolo de las formas tradicionales de dominación para transformarlo en un poder colectivo y emancipador. En este sentido, los espacios de diálogo entre mujeres son una trinchera desde donde se combate la colonización de los cuerpos y las mentes por parte del patriarcado. Se trata de un acto de autoafirmación y revalorización de la experiencia y el conocimiento femenino, históricamente marginados y deslegitimados. En estos espacios las mujeres no solo se reconocen mutuamente, sino que también se empoderan para desafiar y desmantelar las estructuras que perpetúan su opresión (Federici, 2013).
El diálogo y las emociones, lejos de ser elementos secundarios, son pilares fundamentales para la toma de conciencia y movilización hacia un cambio social. Al impulsar la subjetividad desde las emociones se desafía al poder patriarcal, lo que demuestra que el conocimiento y la acción que emergen de estos espacios pueden transformar realidades.
3.2. Fortalecimiento de las organizaciones juveniles
Fortalecer las organizaciones juveniles, especialmente aquellas lideradas por mujeres indígenas, es esencial para desafiar y desmantelar las estructuras patriarcales que históricamente limitaron su participación política. Estas organizaciones se convierten en espacios vitales para que las jóvenes indígenas cuestionen y transformen las dinámicas de poder que perpetúan su exclusión y opresión. Al brindar un entorno donde sus voces son escuchadas y sus experiencias valoradas se abre la puerta a la creación de nuevas formas de participación política, que no están definidas por la dominación masculina, sino por la igualdad, la justicia y la inclusión.
Las organizaciones de mujeres jóvenes indígenas juegan un papel fundamental en la resistencia al adultocentrismo, que tiende a minimizar o ignorar las contribuciones políticas de las juventudes.
Este enfoque despatriarcalizador implica reconocer que las mujeres jóvenes tienen el derecho a participar en los espacios políticos; pero también poseen una perspectiva única y valiosa que puede enriquecer los debates y decisiones políticas.
Al fortalecer estas organizaciones se fomenta un activismo que desafía no solo las normas patriarcales, sino también las jerarquías de edad que tradicionalmente silenciaron a la juventud. El patriarcado instrumentalizó la política para mantener a las mujeres, especialmente a las indígenas, en roles subordinados.
Fortalecer sus organizaciones sociales es un acto de resistencia que busca transformar esta realidad y empoderar a las jóvenes como agentes de cambio dentro sus comunidades.
Estas organizaciones no solo ofrecen herramientas para la participación política, también promueven la autodeterminación y el liderazgo, permitiéndoles construir un futuro que refleje sus valores y aspiraciones de equidad y justicia social. El enfoque feminista despatriarcalizador subraya la importancia de que las mujeres jóvenes indígenas puedan construir su propia agenda política, libre de las imposiciones de un sistema político que fue históricamente excluyente.
Al tener la oportunidad de organizarse y expresarse en sus propios términos, estas jóvenes pueden cuestionar y redefinir las políticas públicas desde una perspectiva que prioriza la justicia de género, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. Esto desafía las normas patriarcales y transforma la política en un espacio más inclusivo y democrático.
Finalmente, el fortalecimiento de las organizaciones sociales de las juventudes con un enfoque feminista y despatriarcalizador es clave para avanzar hacia una sociedad verdaderamente equitativa. Al romper las estructuras patriarcales que marginaron a las mujeres jóvenes indígenas se promueve una participación política más representativa y justa. Esta transformación es crucial para construir una democracia en la que todas las voces, especialmente las de aquellos que fueron históricamente oprimidos, tengan el poder de influir y liderar el cambio social y político.
- CONCLUSIONES
A partir del análisis se identificó que la participación política de las mujeres jóvenes indígenas enfrenta desafíos únicos, enmarcados en una matriz de opresión patriarcal. De manera que se desprenden cinco conclusiones:
- Triple opresión y participación política. Las mujeres jóvenes indígenas enfrentan una matriz de triple opresión, que combina patriarcado, adultocentrismo y racismo, lo que dificulta significativamente su participación política. Esta opresión estructural se refleja en la escasa representación de mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones, especialmente cuando son jóvenes.
- Colectividad y movimiento como respuesta. La participación política de las mujeres jóvenes indígenas debe ser entendida como un movimiento colectivo y despatriarcalizador. Este enfoque comunitario cuestiona y transforma las estructuras de poder opresivas, promoviendo una acción política basada en la colectividad y los saberes ancestrales.
- Espacios de diálogo como herramienta de resistencia. Es crucial crear y fortalecer espacios de diálogo entre mujeres jóvenes indígenas, ya que estos espacios son fundamentales para reflexionar colectivamente, desafiar el patriarcado y construir poder colectivo. Además, facilitan la autoafirmación y la revalorización del conocimiento femenino, contribuyendo a la lucha contra las estructuras opresivas.
- Uno de los desafíos más importantes para impulsar la participación política de las mujeres es revertir la realidad actual, caracterizada por una escasa representación de mujeres jóvenes indígenas en la política, lo que deriva en la invisibilización de sus necesidades e intereses prácticos y estratégicos. Por ello, es necesario superar los desafíos estructurales, como la sobrecarga de trabajo y la falta de espacios de apoyo, para garantizar su participación activa y efectiva en la toma de decisiones dentro de sus comunidades.
- Finalmente, la participación política empodera a la juventud y fortalece la democracia, al tomar en cuenta sus opiniones. Por tanto, si sus criterios y aportes son excluidos se contribuirá a acentuar la crisis sistemática y la desigualdad estructural que impulsa el sistema patriarcal.
REFERENCIAS
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