Reconoce que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, con igualdad de oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Abierta a la firma y ratificación el 31 de marzo de 1953 mediante Resolución 640 (vii), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1952.