Dos frentes adversos

Entrevista a Rosario Baptista

Rosario Baptista es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Abogada de profesión, miembro del Comité Impulsor del Juicio a Luis García Meza. Especialista en Derechos Humanos. Ha trabajado en temas de violencia contra las mujeres y servicios de justicia para mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derechos laborales, entre otros.  

Palabras clave interactivas:

Tejedoras: ¿Cómo evalúa las acciones del Tribunal Supremo Electoral respecto al cumplimiento de los principios de paridad y alternancia en las elecciones generales de 2020? ¿Qué desafíos se tiene pendientes respecto de la paridad?

Rosario Baptista: Las organizaciones políticas asumieron la presentación de listas de candidaturas, cumpliendo los criterios de paridad y alternancia, sin embargo, durante el proceso electoral, debido a las renuncias, inhabilitaciones y consiguientes sustituciones, la conformación de las listas fue cambiando, por tanto, si bien en un inicio fueron paritarias, poco a poco, fueron perdiendo esa calidad. Está visto que las organizaciones ya han asumido que tienen que presentar listas paritarias, algunas se han esforzado mucho en presentarlas, otras han cumplido a regañadientes, pero sabiendo que es una disposición que tienen que cumplir.

Las organizaciones más grandes, concretamente Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), mantuvieron la paridad en sus listas prácticamente durante todo el proceso, con pequeños desajustes que fueron subsanando durante el proceso de sustituciones, pero llegaron finalmente con listas paritarias. Concluido el proceso de sustituciones, el Tribunal Supremo Electoral rechazó cuatro listas del Frente Para la Victoria (FPV), porque no había forma de que llegaran a la paridad, eran listas muy reducidas y solamente de hombres.

Sala Plena asumió con compromiso la obligación de dar seguimiento al cumplimiento de la paridad en las listas durante todo el proceso electoral. Se publicaron varios boletines y se notificó a cada organización política para que conocieran la situación de sus listas y tomaran recaudos para las sustituciones respetando la paridad.

En una evaluación general, el balance es positivo. Hemos podido ver que las organizaciones políticas ya asumen que la paridad es una obligación; aunque aún no está incorporada esta noción como necesaria o “natural”, la participación de las mujeres es cada vez mayor y las organizaciones que presentaron listas completas mencionaron que no han tenido dificultad para llenar los espacios para mujeres, lo que muestra que, si hay voluntad política, siempre habrá mujeres dispuestas a asumir el desafío y el cargo para el que están postulando. Es un importante avance haber llegado a la jornada electoral con listas paritarias. Además, es un logro que se da por primera vez en el proceso electoral, así que tiene esa doble característica importante y es un mérito de ambas partes, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de las organizaciones políticas.

El desafío, pese a que la norma ya lo determina, es lograr la paridad en el binomio Presidencia-Vicepresidencia, que también se planteó para las elecciones 2020, pero no se ha logrado avanzar en la paridad en cargos de gobierno. Aún las mujeres no hemos logrado acceder a esos espacios de decisión; el ejemplo es la brecha entre mujeres y hombres en gobiernos municipales, donde apenas se logró el 8 % de mujeres alcaldesas frente al 92 % de hombres, dato que nos muestra que culturalmente, como sociedad, todavía tenemos una resistencia muy grande a aceptar a mujeres tomando decisiones; ese es un desafío pendiente.

Otro desafío es lograr el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, erradicando el acoso y violencia política, que es una de las reacciones que se presentaron ante la mayor participación de las mujeres en los espacios políticos. El ejercicio de la violencia en el ámbito privado pasó al espacio público, y por parte del Estado hay una resistencia a tratar estos casos  con la seriedad que se requiere, pese a que ha habido ya mujeres políticas asesinadas, algunas han sufrido incendios de sus casas, torturas, violencia física, infinidad de actos de presión que, indudablemente, necesitan una acción colectiva para modificar estos comportamientos violentos, transformando la cultura de agresión en una incluyente, basada en el respeto.

Tejedoras: ¿Por qué hay tanta resistencia a la presencia de las mujeres en los espacios políticos? ¿Cómo influyen las cuestiones culturales en esa resistencia?

Por lo general, la decisión regular, usual, de las organizaciones políticas es postular a hombres para cargos de gobierno. Para cargos de representación ya se asume la obligación de postular mujeres, pero todavía no es algo espontáneo, natural, o que surja de una acción regular, internalizada, para que las mujeres participen por sus propias cualidades. En términos históricos, es muy corto el tiempo en el que las mujeres ocupamos cargos públicos.

Se trata de un tema cultural que parte desde la enseñanza de los juegos infantiles, de cómo se enseña a negociar, a pactar, a través del juego. Los juegos de las niñas son más individualistas, entrenan para ser mamás, se regalan muñecas, princesas, peluches, cocinitas y todo color rosa; en cambio, los juegos de los niños son colectivos, grupales, hacen equipo, juegan en equipo, se pelean y hacen las paces, negocian y ese es un aprendizaje para lo público.

Ahora que las mujeres ocupamos el espacio público, uno de los prejuicios que se reitera sobre el desempeño de las mujeres en espacios públicos es que si tienen divergencias, o pelean, se enojan para siempre. En el ámbito privado se enseña a las niñas a rivalizar, a compararse, a ver quién tiene lo mejor, les enseñan a proteger lo suyo (“cuidar al marido”), entonces, rivalizan con las demás; en cambio, la formación de los hombres es distinta, es de equipo, de resolver conflictos, de negociar. Culturalmente, los juegos para niñas y para niños están diseñados para eso, es lo que construye los roles en los que las personas se desarrollarán el resto de sus vidas; por ello, cuando las mujeres entran al espacio público, lo hacen sin preparación, se sienten (y están, realmente) en desventaja, porque no están preparadas para lidiar con lo público, con el cálculo político, las alianzas y las rupturas. Estas últimas también se producen en el ámbito privado, ya que no dejan de estar integradas “a cargo” de su familia y, por tanto, tienen que equilibrar ambos espacios, a riesgo de salir perdiendo en ambos.

Es necesario cambiar la mentalidad. La legislación para la apertura de espacios públicos para las mujeres tiene que ir acompañada por políticas de educación, pero también de protección, porque estamos viendo que asegurar el acceso de las mujeres al espacio político público por ley no es suficiente, no es automático, ni efectivo por sí mismo.

Hace muy pocos años que las mujeres estamos en el ámbito público. La mentalidad colectiva no ha cambiado lo suficiente para entender que no es un espacio exclusivo de los hombres y, por tanto, la acción de las mujeres todavía encuentra resistencias que se expresan a través de actos de violencia muy similares a los que se ejercen en el ámbito familiar.

Tejedoras: ¿Deberían ser temporales las medidas de acción positiva? ¿Qué otro tipo de medidas deberían acompañarlas?

Las mujeres no recibimos, como ya mencioné, el entrenamiento cultural para hacer alianzas, así que entramos al espacio público en desventaja. Una medida de acción positiva no necesariamente cambia las habilidades que, como mujer, construyes socialmente. Es por eso que las medidas de acción positiva son temporales, porque culturalmente tenemos que ir generando herramientas y habilidades equitativas, romper los roles, incluyendo al hombre en el ámbito privado en la misma medida en que la mujer sale al ámbito público, de lo contrario, se genera un desequilibrio muy grande.

La valoración del rol que la mujer tiene en el ámbito público implica “saber a lo que te estás metiendo”, implica el riesgo de destruir su ámbito privado. El costo que tiene para una mujer migrar al ámbito público es muy alto. Si opta por ingresar de lleno en el ámbito público, y más aún, al político, esto significa una alta posibilidad de que su núcleo familiar se rompa y que sea juzgada por hacerlo, por los dispositivos de control social, que es la censura moral; significa abandonar su rol como articuladora de la unión familiar. La mujer ingresa en un espacio en el que no es bienvenida, tiene dos frentes adversos: la familia que la cuestiona y la organización política que no la recibe con entusiasmo, no le genera un espacio en el que pueda realizarse, tiene que pelear dentro de ese espacio para quedarse y, de hecho, tiene que hacerlo en ambos espacios. Entonces, culturalmente no se les da una opción, no se les da alternativas de solución, no hay equidad ni en un espacio ni en el otro.

Culturalmente, no se están generando mecanismos para equilibrar los espacios entre mujeres y hombres. La medida de acción afirmativa se vuelve una regla de imposición que, en tanto no esté consolidada, es muy difícil suprimir, al menos en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo porque no está acompañada de una cultura de inclusión y reciprocidad en ambos espacios (el privado y el público). Esa temporalidad termina por volverse una disposición normativa solamente.

La violencia se traslada porque la mujer la lleva consigo, sale de un espacio de confrontación con su familia por dedicarse a la política. El cuestionamiento puede no ser violento, pero sí hay confrontación; el principal cuestionamiento es que “abandona” a sus hijos. Eso está explícito en la biografía de Lidia Gueiler, en la que se puede ver la situación de su hija, que pasó mucho tiempo en un internado, vacaciones incluidas; su opción por la política, la llevó además a romper su relación matrimonial porque su esposo no la acompañaba, él estaba esperando que ella lo siga, y no a la inversa. Por otro lado, cuando las mujeres ya están en la organización política, tampoco tienen un espacio en el que puedan desempeñarse libremente: tienen que pelear por un lugar en su partido, y luego por mantenerlo. En ambos lados, se genera confrontación, violencia y una reacción de censura y castigo por su decisión.

Por todo esto, una medida de acción afirmativa debe estar siempre acompañada de un enfoque educativo (desde primaria) y un enfoque de transformación cultural acorde a los desafíos y en continua evolución.

Tejedoras: ¿Se trata, entonces, de varios tipos de barreras que enfrentan las mujeres que ingresan en el ámbito público?

Cuando una mujer quiere ser dirigente sindical, dirigente de su gremio, mucho más si quiere ser política, requiere primero vencer la barrera de la familia. Tiene que encontrar mecanismos para generar un equilibrio en la atención de su familia y la interpelación clásica: “cómo vas a ingresar a un espacio que no es el tuyo”, “cómo vas a cambiar a tu familia por la política –o el sindicato, o la asociación gremial, la junta de vecinos, o lo que fuera–”, “las mujeres estamos hechas para la casa”, “la familia es lo primero”. El salir al espacio público implica una censura interna de la familia; esa barrera implica celos del marido, reclamos por el supuesto abandono a los hijos, reclamos de los propios miembros de la familia, porque el tiempo que le va a dedicar a la acción política, al espacio público al que está accediendo, va a restar, supuestamente, del tiempo a la familia.

No hay reciprocidad en la construcción de los roles sociales de género, porque el marido no asume el espacio que la mujer está dejando. En uno de los talleres, una candidata del pueblo kallawaya mencionó que tiene ocho hijos y que no sería candidata si no fuera porque su esposo la apoyó e incentivó en su carrera política. Esas son actitudes muy positivas, que hacen posible una participación política “saludable” de las mujeres, porque genera un equilibrio en su familia, con un mayor involucramiento del esposo en las tareas de cuidado de los hijos y las tareas del hogar, por tanto, el círculo familiar se ve beneficiado, pero si bien no se puede generalizar, es evidente que estos casos son aún una excepción; no es una actitud “culturalmente correcta”. Aún los dispositivos culturales de censura social se activan ante esta situación y, por tanto, no es común que la familia y el marido apoyen a una mujer que quiera ser candidata. Por otra parte, es cierto que para las nuevas generaciones ya no funciona esa presión que había antes de “te tienes que casar” o “tienes que tener hijos”, y, por tanto, tienen más libertad para tomar decisiones, pero, de todas maneras, se dan otras barreras.

Superada la barrera de la familia, una mujer tiene que afrontar la de la organización en la que quiere participar; tiene que lograr que la admitan en ella, que le den oportunidad de integrarse de acuerdo a sus propias decisiones, y no solo en los espacios y tareas que se le asignan, generalmente acordes a los roles femeninos – desde servir el té, hasta reducirla al eterno gueto de la cartera de género o de actas (o sea, ser la secretaria de los otros miembros de la directiva o de la cartera creada para ese fin, de “vinculación femenina”) –. La pueden admitir, pero si aspira a un cargo de dirección, si quiere crecer, ejercer un liderazgo interno mayor, tiene que vencer obstáculos, como el de ser sometida a escrutinio permanente de “capacidad” sobre cada tema que aborda, es decir, la desafían, le exigen demostrar ser más capaz que ellos mismos, que no pasan por ningún examen de idoneidad.

Entonces, de ocupar cargos internos en la organización política a saltar a una candidatura y, de ahí, a ganar y ejercer el cargo, es una carrera de obstáculos con todo tipo de barreras culturales, sociales y, por supuesto, políticas, y se expresan en la censura social y pública que se activa, por ejemplo, cuando la mujer está en esa carrera y la contrastan constantemente con el “abandono” a su familia, o hacen escarnio de su vida personal o sexual.

Si una mujer logra ser candidata y es electa para ejercer un cargo público, tiene que vencer todas las presiones sistemáticas de sus pares, durante toda la gestión, si no logran su objetivo de que renuncie antes. Son barreras que se tienen que ir superando, para evitar una de las principales consecuencias de este control social, que se expresa en el acoso y violencia política, que afecta más la participación de las mujeres en los espacios públicos.

Muchas mujeres que han intentado ejercer sus atribuciones de fiscalización a los órganos ejecutivos (en especial en los municipios) han sido agredidas para disuadirlas, o para exigirles su complicidad, en lugar de fiscalizar. Esto muestra que en el desempeño del cargo las barreras son permanentes, van mutando a medida que la gestión avanza, durante los cinco años de permanencia en el cargo, o menos, cuando se aplica la “gestión compartida”, a cuyo título se exige la renuncia de mujeres titulares para dar paso a sus suplentes hombres. Esto ha ocasionado muchas renuncias de mujeres y es uno de los mecanismos más frecuentes que impide que las mujeres terminen la gestión con las condiciones de éxito que podrían haber logrado, porque en el camino se han visto no solo agredidas, sino que también han tenido que pasar por situaciones familiares difíciles y desfavorables. Obviamente, hay excepciones, no todas las situaciones son así de dramáticas, pero los casos descritos son frecuentes.

Tejedoras: Cuando se plantea medidas de acción positiva en esferas políticas, ¿se debería pensar, a la par, en políticas en la esfera social y en el espacio privado, para que no exista resistencia cuando las mujeres migran a otros espacios?

Claro que sí; la escuela, por ejemplo, es el primer espacio de acceso a lo público. Durante más de dos décadas la política pública de educación puso énfasis en lograr el acceso de las niñas al sistema escolar con énfasis en el ámbito rural, en condiciones de igualdad respecto a los niños, que logren cursar el grado que les corresponde según su edad –es decir, que no haya el rezago escolar que había antes–, y asegurar su permanencia hasta que sean bachilleres. Estas son metas macro; en las metas de fondo, para un impacto real en el sistema, en el ámbito individual y, por tanto, en la sociedad, ahora se requiere que estas niñas que asisten a la escuela en igual porcentaje que los niños reciban una educación de calidad, con contenidos destinados a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, en los términos expresados en la Convención Belém do Pará, para erradicar los prejuicios, costumbres y prácticas basadas en la premisa de inferioridad o superioridad entre géneros, o en los papeles estereotipados para mujeres y hombres que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres.

En ese marco, el Tribunal Supremo Electoral debería tener un rol muy sólido en el sistema escolar y universitario, para incluir la educación ciudadana democrática, que contribuya a formar a las niñas y los niños para una participación consciente en el espacio público, que permita ver como normal que una niña o adolescente sea representante de su curso, ir formando en  la inclusión mixta y plural, enseñar a los hombres a participar en las tareas del hogar y a las mujeres en el ámbito público, sin prejuicios ni estereotipos. Los actuales padres no fueron educados así, por lo cual, difícilmente van a educar a sus hijos de esa manera; es el Estado el que tiene que poner a disposición en las escuelas todas estas herramientas de inclusión, y es ahí donde el rol que tiene el Órgano Electoral, en el marco de sus atribuciones y obligaciones, es decisivo, porque la formación democrática debería estar presente en todos estos espacios. No se trata solamente de organizar elecciones, se trata de generar cultura democrática, conciencia de inclusión en el ámbito donde vives, como una práctica diaria, colectiva y, por tanto, cultural.

La educación democrática está relacionada con el bien común, con nuestro aporte a la colectividad. Finalmente, es como hemos sobrevivido los seres humanos; es lo que permitió nuestra evolución, la conciencia de que sobrevivimos en comunidad, no solos; entonces, el rol que jugamos en la comunidad, el papel que desempeñamos, tiene una incidencia en el grupo y eso requiere un nivel de conciencia de la importancia del comportamiento y aporte individual.

El concepto de bien común tiene que empezar en la familia, por eso, es vital construir de manera sólida el concepto de familia como núcleo primario de comunidad cohesionada, lo que no significa que deba ser sometida a un modelo único, porque precisamente es donde se debe aprender a ser incluyente, con respeto por la diversidad, la diferencia, en tanto primer espacio de socialización, como puerta de entrada al espacio público. Bajo este enfoque, si en ese ámbito primigenio se naturaliza la violencia entre sus miembros, la acción y práctica se trasladarán al ámbito público, y eso es lo que está ocurriendo. Hemos tenido logros en la paridad en la participación política, pero vienen acompañados de acoso y violencia política sin resolver, porque el Estado no ha generado dispositivos eficaces para prevenirlos, transformando las actitudes individuales desde los niveles más internos de la sociedad, que es la familia. No solo se trata, por tanto, de incentivar la participación en el ámbito público.

Tejedoras: Un comentario final

Creo que es importante siempre valorar y mostrar ese proceso de construcción que hemos tenido las mujeres, que ya ha generado una transformación social y cultural respecto a los derechos políticos, por acciones iniciadas desde principios del siglo pasado, los años 20, 30, en que las mujeres decidieron asumir el desafío de salir al ámbito público, sobre todo, como consecuencia de la guerra del Chaco en los años 30. Son ellas quienes abrieron este camino que ahora estamos transitando, y que nos toca mejorar para las que nos siguen y vendrán.

Considero que hemos tenido importantes avances, pero aún nos queda el desafío, con las siguientes generaciones, de lograr no solamente este acceso cuantitativo, sino avanzar hacia una verdadera participación equitativa en la toma de decisiones, sin perder nunca de vista que un escaño o un cargo ganado, sea de gobierno o de representación, siempre tiene que estar destinado al beneficio de la población, de la ciudadanía, para mujeres y hombres.

Generar mejores condiciones de vida de la población, del pueblo al que representamos en el ejercicio de un cargo público, es un valor que las mujeres no debemos olvidar. Aparentemente, el dedicarse a la política implica perder esto de vista y, más bien, induce la lealtad hacia la organización política, cuyo interés desvía del objetivo final, que es el beneficio colectivo de la población; por eso, recuperar principios como el bien común, esa construcción colectiva de iguales oportunidades, abiertas para todos, es finalmente lo que se debe lograr. Creo que ese es un desafío de las mujeres políticas, de las mujeres que acceden al ámbito público.