Entre la autonomía y la violencia. La política desde las mujeres indígenas en tierras bajas

Historia de vida de Antonia Irayigra Irapi

Equipo Editorial Tejedoras

La vida y la historia de Antonia Irayigra dan cuenta de la incansable lucha del pueblo guarayo por su reconocimiento y la autonomía de su territorio y, también, de su protagonismo en importantes procesos políticos regionales y nacionales. Nació en 1966 en territorio guarayo, en la localidad de Yotaú, municipio El Puente del departamento de Santa Cruz. Es casada y tuvo siete hijos, dos de ellos han fallecido.

Su madre, Aurora Irapi, era artesana experta en la elaboración de aceite de cusi[1] y en la fabricación de hamacas. Antonia recuerda que su madre prestaba servicios de defensa a las familias que se encontraban en conflictos con los ganaderos, quienes hasta ahora amenazan el territorio guarayo. Su padre, Antonio Irayigra, era experto en el sistema agroforestal y defensor de los derechos indígenas en el ámbito de la educación.

Su madre le contó que a muy temprana edad ella –Antonia– padeció una infección estomacal que casi le cuesta la vida. Con la ayuda de tabletas suministradas por su tía y de los conocimientos sobre medicina tradicional de su madre, logró curarse, pues a finales de los años 60 no había centro de salud ni servicios médicos en la comunidad. Enfermó también de sarampión; otras niñas y niños de su edad se contagiaron de sarampión y viruela, pero muchos no lograron superar la enfermedad y murieron. Antonia señala que la salud en territorios alejados continúa siendo precaria; la migración y la poca población que existe en el lugar no permiten la construcción de un hospital, ni siquiera de segundo nivel, por lo que cualquier emergencia los obliga a acudir a hospitales de la ciudad de Santa Cruz, distante a 267 km de la comunidad de Yotaú, a ocho horas de viaje.

Recuerda el liderazgo de su madre en la organización de trabajo colectivo solidario, invitando de manera constante a las y los vecinos, y enseñando a Antonia los pormenores de este movimiento; se trataba de la minga, que en el pueblo guarayo se denomina kausa.

Desde los siete años ayudaba a su padre en la cosecha, el transporte de materiales y todo el trabajo necesario para hacer loza. Se encargaba también del recojo de leña para cocinar y de otras tareas del hogar. Solo en las noches tenía el tiempo suficiente para hacer las tareas del colegio, alumbrada con un mechero o la llama de la fogata. El poco tiempo libre del que disponía lo ocupaba en fabricar sus propios juguetes y trepar a los árboles. Rememora al bosque como el mercado en el que recolectaban alimentos, pero también como el parque en el que jugaba con sus hermanos.

Sufrió discriminación en el colegio y señala haber sido humillada por las y los hijos de los “patrones”, razón por la que muchas niñas y niños de origen guarayo desertaron de la escuela. Desde los 11 años, trabajó fuera de su comunidad, donde denuncia haber sufrido maltrato de parte de sus “empleadores”, lo que la alejó de la escuela en quinto de primaria.

Desde pequeña, percibió la excesiva violencia que existía en la comunidad y principalmente la violencia contra los indígenas, lo que la acercó a la Iglesia Católica. Este fue el mecanismo que encontró para llegar, mediante talleres y programas, a las mujeres, a los jóvenes y a las parejas.

Fue parte, primero, del coro de adultas/os, y luego fue catequista. En 1982, participó en un encuentro de jóvenes sobre Derechos Humanos organizado por los párrocos de diferentes lugares. Eso le permitió organizar a los jóvenes hombres y mujeres en la comunidad de Yotaú, promoviendo su participación en los encuentros de la Iglesia Católica, con la finalidad de generar capacidad de liderazgo.

El mismo año, Darío Yanduras –dirigente indígena guaraní–, Francisco Irayigra y José Urañabi hicieron un recorrido en la provincia Guarayos, llevando un mensaje de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. En esa ocasión, por primera vez tuvo la oportunidad de escuchar reflexiones que la llevaron a impulsar con fuerza la lucha contra la injusticia.

[1] El árbol de cusi es también conocido por las mujeres guarayas como “el árbol de la vida”, porque es su principal sustento. Las mazorcas de cusi son recolectadas en el bosque en saquilos; se parte el fruto con hachas para seleccionar la almendra o “calucha” de cusi, y  es procesado en aceite de manera artesanal, en un proceso que dura aproximadamente una semana. Es un importante recurso para la independencia de las mujeres guarayas en la actualidad. Reportaje: “El cusi, el ‘árbol de la vida’ que brinda sustento a las mujeres guarayas de Momené”, 9 de noviembre de 2019. ANF. Disponible en: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/reportajes/el-cusi-el-34arbol-de-la-vida-34-que-brinda-sustento-a-las-mujeres-guarayas-de-momene (recuperado el 19 de septiembre de 2021).

Antonia se incorporó al movimiento indígena y, en 1984, fue parte de la creación del Club de Madres de Yotaú, ocupando la Secretaría de Actas. El Club estaba orientado a reivindicar los derechos de las mujeres y a defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Irayigra, en Conexión, 2012). Recuerda que los hombres veían con recelo estas actividades y pensaban que era una pérdida de tiempo para sus esposas.

Su juventud estuvo marcada por un proceso político fundamental para la historia del país, la creación y fortalecimiento de las organizaciones indígenas del oriente en los años 80[1]. De acuerdo a su testimonio, en los años 80 y hasta los 90, las mujeres no tuvieron un papel protagónico en las organizaciones; elaboraban los alimentos, sostenían las marchas y preparaban los eventos, hasta que hicieron un reclamo que generó conflictos con los hombres al interior de las organizaciones. Entre 1989 y 1992, estructuraron orgánicamente el movimiento indígena de mujeres; en 1987, crearon las centrales indígenas de mujeres a nivel provincial, que luego darían paso a la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

“Las mujeres de tierras bajas tenemos 28 años de lucha consecuente, que comenzó entre   1984 y 1988, cuando se puso en marcha el proyecto político de la CIDOB. Un primer paso fue el reconocimiento de nuestra existencia y de nuestra diversidad cultural como pueblos. El segundo paso fue muy difícil: dar respuesta a nuestras necesidades y atender la agenda con nuestra visión de mujeres. (Irayigra, en Conexión, 2012, pp. 149-150).”

En 1990, participó de una marcha de protesta en la capital Ascención de Guarayos, en defensa de los derechos colectivos y la autonomía, acontecimiento encabezado por primera vez por mujeres. En este hecho histórico, hubo un enfrentamiento que causó una gran cantidad de heridos, promovido por los grandes empresarios madereros. Sin embargo, la protesta logró que una parte de los recursos económicos de las regalías fuera destinada a centros de salud, emisoras de banda corrida, aulas en los colegios, sede social, entre otros.

Poco a poco, las mujeres ganaron espacios y se pusieron al frente de las organizaciones. En 1996 y 1997, Antonia ocupó la Secretaría de Salud dentro de la Central de Organización del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG)[2], desde donde apoyó la realización de estudios de necesidad espacial para la demanda de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayos. En 1997, secuestraron al líder guarayo, Serafín Justiano, debido a un conflicto de tierras en la actual comunidad Momené. Antonia encabezó una protesta para rescatar al dirigente.

La etapa de su vida dedicada a la educación tuvo lugar entre 1998 y 1999, cuando se ocupó de alfabetizar en Yotaú. Enseñó a leer y escribir y, según indica, a descolonizar sobre los derechos colectivos e individuales, el cuidado del medio ambiente, los principios y valores ancestrales, la recuperación de la cultura y la equidad de género. “Esta actividad me generó una crisis social, los varones me condenaron porque me acusaron de maleducar a las mujeres, porque algunas mujeres iniciaron a defender sus derechos” (Irayigra, 2021).

Luego, decidió trasladarse al municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera, decidida a recibir formación académica e ingresó al curso de auxiliar de enfermería y bachillerato. Antonia egresó en el 2001 de la escuela Tekove Katu[3]. Antes de graduarse como enfermera sustentó a su familia con la elaboración y comercialización de aceite de cusi, actividad que continua desarrollando por la falta de empleo.

A partir del año 2000, las mujeres lograron ocupar más espacios, pero en muchos casos eran mujeres definidas por los hombres las que ocupaban los cargos importantes; de hecho, Antonia señala que ellos se imponen todavía: “no hay conciencia de decir que vaya una mujer que realmente pueda ejercer los derechos y hacer una buena representación” (Irayigra, 2021).

El 2003, en una asamblea de la Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG) realizada en Ascensión de Guarayos, fue nombrada miembro de la Directiva de la CEMIG regional como secretaria de la organización, un cargo que ocupó con mucha dificultad por la intromisión de algunos dirigentes varones. Participó de una Cumbre Social Alternativa organizada por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPES), donde formó parte de la mesa de discusión sobre medicina tradicional. Allí propuso que el sistema de medicina tradicional y la seguridad jurídica sobre la tierra se convirtieran en política pública.

Formó parte del Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo (CEPIG), como secretaria de Educación Intercultural Bilingüe, en el año 2004. Ella lo consideró un instrumento importante para incidir en el fortalecimiento organizativo de las mujeres y la identidad cultural.

En ese marco, se estructuró el bloque Oriente, que después conformaría el del Pacto de Unidad[4] para plantear propuestas para la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE), del cual Antonia formó parte. Recuerda que participar en ese proceso no era cosa fácil, pues no recibían “así nomás” los planteamientos de las mujeres. Sin embargo, insistió en cuestiones muy puntuales: nombrar a las mujeres incluyendo el término “bolivianas” en el texto constitucional, reconocer la educación intercultural y la medicina tradicional, y procurar óptima atención en los servicios de salud a mujeres embarazadas. Todas estas propuestas fueron incorporadas en la CPE o en política públicas, como es el caso del Bono Juana Azurduy.

Defendió también la autonomía indígena pues, como bloque Oriente, consideraron la necesidad de autogobernarse para tomar decisiones propias, la necesidad de una democracia que respetara sus formas de elección de autoridades y también, la de descentralizar los presupuestos para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Como bloque, defendieron también el acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra, pues, hasta entonces, las mujeres separadas no tenían derecho siquiera a un pedazo de tierra; defendieron los espacios indígenas en los órganos del Estado, y la paridad. Además, fue parte, ya junto al Pacto de Unidad, de las vigilias en Sucre para la aprobación de la Constitución en 2007.

[1] La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia – CIDOB se fundó en 1982 con cuatro pueblos: chiquitanos, ayoreos, guarayos y guaraníes; en la actualidad, representa a 34 pueblos indígenas de tierras bajas.

[2] La COPNAG es una de las organizaciones regionales de la CIDOB. Está compuesta por seis centrales: Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, Yotaú, Yaguarú y San Pablo.

[3] Escuela fundada por los padres franciscanos, que tienen el objetivo de impulsar líderes con conocimiento de la realidad nacional, de la medicina tradicional y que sean capaces de diseñar e implementar políticas públicas en los tres niveles de gobierno, para transformarlas y generar una revolución en las políticas de salud. Para más información sobre la escuela, ver: Ortiz, E. y Caurey, E. (2009). Tekove Katu: Educación en salud en el Chaco boliviano. Camiri: Organización Panamericana de la Salud.

[4] Es una alianza de organizaciones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que se constituye formalmente en septiembre de 2004, luego de un largo proceso de encuentros sectoriales, regionales y nacionales. Está compuesta por las principales organizaciones matrices nacionales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia – CSCIB, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” – CNMCIOB-“BS”, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano – CIDOB y el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ (Garcés, 2010). En 2006, elaboró la Propuesta de Constitución Política del Estado que fue la base fundamental sobre la que se redactó la CPE vigente.

Antonia Irayigra, representante de la COPNAG, en la marcha para exigir la promulgación de la Constitución en 2008. Foto de Archivo de Antonia Irayigra

Participó en la redacción de la propuesta de la Ley de la Educación Avelino Siñani. Los puntos que planteó y defendió fueron: transversalizar de la equidad de género, impulsar la educación familiar para el fortalecimiento de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, promover el desarrollo vocacional de las niñas y niños, otorgar el título gratuito para bachilleres y crear universidades indígenas.

En 2009, fungió como Vicepresidenta de la CEMIG regional, en la que se había conformado un grupo de lideresas que recorrían muchos lugares socializando sobre los derechos de las mujeres a ocupar los espacios públicos. Resalta que, pese a que la creación de la central de mujeres era un importante avance, se restringía igualmente la participación de las mujeres, sobre todo, de las que mostraban mayor liderazgo; por ello, se enfocó en talleres y actividades de socialización de los derechos de las mujeres.

Tenían la intención de llegar a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), pero estaban conscientes de que sería difícil disputar el escaño especial indígena debido a la debilidad orgánica y la existencia de grupos de poder. En ese marco, buscaron una alianza estratégica con las y los campesinos, con quienes mantenían una agenda política común: la lucha por la erradicación de la pobreza, la inclusión de derechos indígenas, la equidad social y de género; y era preciso formar parte de la militancia de una sigla política, en este caso el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), para postular una candidatura para Asambleísta por territorio de la provincia Guarayos:

Fue un proceso largo y difícil; se realizó una Asamblea en la que se propuso a Antonia, quedando preseleccionada junto con otras dos personas. En la elección de la candidatura, intentaron desprestigiarla; algunos dirigentes emitieron una resolución señalando que ella no podía ser candidata porque hacía quedar mal a los dirigentes al tratarlos de corruptos y porque denunciaba constantemente el tráfico de tierras. Sin embargo, las alianzas que había realizado y el hecho de cumplir con todos los requisitos permitieron que fuera elegida como candidata a Asambleísta por territorio de la provincia Guarayos.

La campaña electoral fue sucia, recibió varios ataques de parte de sus propios compañeros y, también, de otras organizaciones políticas. Fue una campaña que no tuvo los recursos necesarios, por lo que Antonia optó por asistir a todos los ampliados posibles, y por hacer la campaña casa por casa, pero con escaso presupuesto.

Las condiciones para ejercer su cargo fueron deplorables. Fue discriminada y marginada desde el principio por varias razones: por ser indígena, por no contar con un título profesional y por ocupar la sigla del Movimiento al Socialismo. Formas de discriminación que sufren muchas mujeres cuando logran ser elegidas y formar parte de los órganos del Estado. La marginación y la discriminación se vieron materializadas en diversos hechos, el más claro fue haberle negado algunos de los derechos de investidura necesarios para el desarrollo de su trabajo: no le asignaron una oficina, materiales, ni vehículo, pese a que ocupaba el cargo de Segunda Vicepresidenta, mientras los demás integrantes de la Directiva sí disponían de estos derechos. Tampoco tuvo una oficina en 2014, cuando presidió la Comisión de Asuntos de Género y Generacional; acudió incluso a la Defensoría del Pueblo para reclamar aquello, y se la dieron cuando la gestión estaba por terminar.

Pese a la falta de condiciones, realizó importantes acciones durante el año que estuvo en la directiva: insistió en la equidad de género y la equidad social (curul indígena) y solicitó y denunció ante la Cámara de Diputados la anulación de la terna para los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz porque se incumplió la normativa en cuanto a los derechos de pueblos indígenas y equidad de género.

Además, defendió dos de los cinco curules destinados a las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los guarayos y los yuracaré mojeños para la Asamblea Departamental. El 18 de febrero de 2011, presentó una solicitud para el tratamiento y cumplimiento de resolución de amparo constitucional en apoyo del curul yuracaré mojeño. La sesión[1] en la que se votó por el curul fue presidida por Antonia,  y duró alrededor de diez horas.

Solo le permitieron presidir la Asamblea un día, estaba amenazada por muchos frentes; en esa época sufrió incluso dos atentados contra su vida en las calles de Santa Cruz. No contar con un vehículo, con seguridad, ni con una bancada o compañeras/os que la respaldaran y el haber asumido la responsabilidad en momentos complejos de la ALD, la puso en constante riesgo.

Toda la violencia ejercida sobre Antonia durante su mandato y su etapa dirigencial son todavía heridas abiertas. Las decisiones que tomó como Asambleísta Departamental repercuten aún en su vida; se le niega el acceso a espacios de deliberación o reuniones, pues la tildan de pertenecer a uno u otro bando político. La violencia no termina cuando se devuelven las credenciales, menos cuando se trata de mujeres que han luchado toda su vida en espacios sindicales a los que les es difícil reinsertarse, por los estigmas que se generan sobre ellas. La violencia política no se restringe a autoridades electas o designadas, las consecuencias de esa violencia repercuten en la vida de las mujeres y de sus familias por mucho tiempo.

Antonia en la Cumbre G77+China, realizada en la ciudad de Santa Cruz en 2014. Foto de Archivo de Antonia Irayigra

[1] Para mayor información, revisar: La ley se impone y dos indígenas asumen su curul en Santa Cruz (20 de mayo de 2011). En: http://indigenas.allinnin.com/2011/05/la-ley-se-impone-y-dos-indigenas-asumen.html.

La autonomía es un concepto que ha dado vueltas en la vida de Antonia por diversas razones, entre las que se incluyen su lucha por la defensa de los derechos indígenas y de las mujeres. Al ser parte de la ALD de Santa Cruz, también ha tratado el tema de la autonomía departamental, al que buscó contribuir desde un enfoque cultural y de género (Irayigra, 2012); eso implica:

“Autogobernarse, a nivel departamental, pero desde la realidad de este departamento, incluyendo los derechos de los más necesitados, en este caso los indígenas y las mujeres que siempre han estado al margen, fuera del marco legal. Tomando decisiones propias que no sean imposiciones, respetando la agenda de la bancada indígena que se ha elaborado desde la realidad de su pueblo. (Irayigra, 2021)”.

En lo que concierne a la autonomía indígena, Antonia señala: “Tenemos el derecho irrevocable de autogobernarnos y de ejercer la libre determinación, en virtud de la cual definimos nuestro futuro” (Irayigra, en Conexión, 2021, p. 149). Manifiesta que es complicado que otras sociedades entiendan la visión de las y los indígenas, por eso, es preciso el autogobierno y que los recursos se descentralicen de manera directa hacia los gobiernos indígenas, para desarrollar la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, las formas de conservación de los recursos naturales, las políticas para combatir los efectos del cambio climático y el manejo integral de la biodiversidad. También, para elegir a sus autoridades por normas propias, aunque esta idea se haya ido distorsionando con el tiempo, según su percepción.

Además, denuncia que existe presupuesto, pero que los recursos que deberían ir destinados, por ejemplo, para la soberanía alimentaria, son gastados para otras cosas, y que lo mismo ocurre con las partidas destinadas a pueblos indígenas.

En el caso de la autonomía de las mujeres, refiere que estas aún no pueden tomar decisiones por sí mismas; en muchos casos, por ejemplo, no deciden si quieren o no casarse o cuándo hacerlo. Asimismo, como ha sido su caso, todavía las mujeres solteras no son consideradas como interlocutoras válidas por su sociedad si no tienen un matrimonio que las respalde.

“A eso me refiero cuando hablo de autonomía de las mujeres, tomar decisiones sobre lo que nosotros queremos, que no nos impongan porque a consecuencia de esa imposición viene mucha violencia (…). Las mujeres, antes de la fundación del Estado boliviano, elegían cuándo se iban a casar y con quién. Contraer matrimonio no representaba lo que representa ahora, piensan que es lo máximo y que una mujer no puede tener hijos o estudiar si no se ha casado, vivimos bajo esas reglas machistas. (Irayigra, 2021)”.

Antonia considera que las mujeres deben participar activamente de la política, pues hay una Constitución que promueve y garantiza la participación de las mismas en el espacio público. Cuando se llega a los cargos, más allá de la cultura, señala que debemos sentarnos en una sola mesa para discutir la agenda patriótica, en una sola voz. Sin embargo, acota que es necesario saber si esa agenda incluye las demandas de las mujeres, si no es así, hay que elaborar una agenda propia.

“Las mujeres que quieran ser parte de la política que traten de vencer todo tipo de violencia con humildad buscando apoyo y teniendo cuidado de no permitir que la violencia les afecte. Que se animen a denunciar, ya sea públicamente o ante la autoridad competente, no solamente lo hagan una sola vez, si no las escuchan por una sola vez que sigan insistiendo, porque eso es lo importante el ser consecuente. Y vayamos a la unidad todas las mujeres. (Irayigra, 2021)”.

La historia de vida de Antonia Irayigra se sigue escribiendo. Este es solo un repaso de los procesos que han marcado su vida y de aquellos que han sido forjados por la valentía y consecuencia de Antonia y sus compañeras de lucha. Procesos que reflejan la lucha consecuente de las mujeres indígenas y también de la brutal resistencia que se ejerce contra sus derechos, su integridad y su territorio.

El territorio guarayo es amenazado en la actualidad por empresas ganaderas, madereras y mineras. El pueblo guarayo está cercado por el extractivismo y voces e historias como la de Antonia precisan ser escuchadas, conocidas y propagadas.

Agencia de Noticias Fides – ANF (9 de noviembre de 2019). “El cusi, el ‘árbol de la vida’ que brinda sustento a las mujeres guarayas de Momené”. Reportaje. Recuperado el 19 de septiembre de 2021 de: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/reportajes/el-cusi-el-34arbol-de-la-vida-34-que-brinda-sustento-a-las-mujeres-guarayas-de-momene.

Garcés, F. (2010). El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado. La Paz.

Irayigra, A. (2012). “Caminando juntos alcanzaremos la victoria”. En: Conexión. Fondo de Emancipación. Pensando los feminismos en Bolivia. La Paz: Conexión. Fondo de Emancipación.

_____ (13 de septiembre de 2021). Entrevista realizada por E. Aguirre.