La ciudadanía de prueba

El voto municipal de las mujeres, 1947 y 1949

Marcela Revollo Quiroga

Resumen

Entre 1938 y 1949, tuvo lugar en Bolivia el proceso en el que las mujeres demandaron y articularon estrategias y alianzas para conquistar los mismos derechos políticos que los hombres. En este proceso, se logró la obtención de una ciudadanía de prueba, que permitió a las mujeres participar y ser elegidas en elecciones municipales. El artículo analiza los primeros procesos electorales (1947 y 1949) en los que las mujeres estuvieron involucradas: las candidaturas, los discursos y los resultados. Asimismo, muestra que la ciudadanía parcial restringida a la formación de los gobiernos municipales sometió a las mujeres a dos pruebas: primero, a demostrar que poseían virtudes cívicas, y, segundo, a no abandonar su naturaleza femenina de cuidado de la familia.

El presente artículo aborda el proceso histórico de la conquista de la ciudadanía política de las mujeres bolivianas, basado en el libro Mujeres bajo prueba, de mi autoría[1]. Aquí, nos aproximamos al primer proceso electoral con participación de las mujeres para la conformación de los gobiernos municipales, bajo las reglas de la ciudadanía censitaria, en un contexto de transición de la crisis del modelo estatal llamado Oligárquico Minero Feudal y Señorial hacia el Estado del 52 y la conquista del voto universal.

Se analiza brevemente el proceso del logro de la ciudadanía, demandada por las mujeres bolivianas con los mismos derechos que los hombres para, finalmente, lograr la ciudadanía parcial o de prueba en la Convención de 1945. Luego, se estudian los dos momentos electorales en el que las mujeres se incorporan a la democracia representativa municipal, las candidaturas, los discursos y los resultados que muestran si tienen “virtudes cívicas” y pasan a ser actoras formales en las definiciones del Estado; situación en principio parcial y bajo prueba, y a riesgo de ser revertida.

Este proceso de la relación de las mujeres con la política frente al Estado se sitúa entre 1938 y 1949, en el quiebre del antiguo régimen señorial, y señala cómo las mujeres articulan el discurso y su posición frente al Estado y las estrategias que adoptan, las alianzas que construyen para convertirse en sujetos y actoras políticas a través de la demanda del reconocimiento de sus derechos ciudadanos, lo cual las conectó con el movimiento sufragista internacional.

Asimismo, se analizan los procesos que dieron pie a las dos primeras experiencias  de participación restringida para las mujeres letradas en las elecciones municipales de 1947 y 1949. Se otorgó entonces a las mujeres una ciudadanía condicionada, precisamente en aquel ámbito que parecía más propio y cercano a ellas: el municipio, porque consideraban que en esa institución la presencia inexperta de las mujeres era menos “dañina” para el conjunto de la nación, y, por el contrario, iniciaban su “prueba” en un espacio que era una extensión de su rol femenino-doméstico: limpiar, cuidar, ordenar y decorar.

La presencia pública de las mujeres durante la crisis bélica del Chaco y la crisis política que el país atravesó entre los años 30 y 40 generó condiciones para que sus demandas fueran parte de las demandas sociales de obreros, artesanos e indígenas, lo que les permitió romper el pacto patriarcal[2] que sostuvo la exclusión de las mujeres desde la colonia, y por lo que, en las convenciones de 1938 y 1944-1945, conservadores y revolucionarios coincidieron para mantener a las mujeres excluidas de los derechos políticos. Como dice Gustavo Rodríguez

“Las épocas revolucionarias pueden también ser conservadoras en lo que se refiere a las mujeres. Que los grandes tribunos, los que estaban dispuestos a desafiar, incluso con su vida, el orden “rosquero” o al “superestado minero” seguían pensando en ese punto, en cuanto al voto y los derechos femeninos en las mismas coordenadas mentales que el pensamiento liberal que repudiaban (1995, pp. 4-5):”.

[1]  Es una síntesis del libro Mujeres bajo prueba. La participación electoral de las mujeres antes del voto universal (1938-1949), 2001.

[2] El patriarcado es un sistema político, económico y cultural basado en la dominación masculina y en la opresión de las mujeres. Es aquí donde entra el pacto patriarcal, un acuerdo implícito entre hombres para proteger los privilegios que el patriarcado les otorga. Es una alianza de reconocimiento mutuo en sus méritos patriarcales para ocupar espacios, ejercer poderes y formar parte de sus instituciones. Pero, sobre todo, el pacto político patriarcal fundante es el de la supremacía sobre las mujeres (Lagarde, 1993).

La exclusión de los sectores sociales que no cumplían con los requisitos de ciudadanía, impuestos por las élites, se mantendría sin cambios significativos hasta la Revolución del 52. El cuestionamiento a estas exigencias se iniciaría a fines de la década de los 20. El voto universal, que interpretaba las aspiraciones de las activistas feministas de la posguerra del Chaco, entre ellas algunas de las protagonistas de las elecciones de 1947 y 1949, mostraría que era un importante hito que desmitificaba el rol “natural” de las mujeres. Pasaría un tiempo antes de que un grupo de mujeres, socialmente más amplio y heterogéneo que aquel que luchó por su participación en las elecciones municipales, descubriera que, si bien las mujeres habían accedido al voto, la titularización del poder para ellas era aún una tarea pendiente.

La ciudadanía fue el tema central que movilizó a las primeras feministas organizadas en 1789 desde la Revolución francesa, bajo la denominación de sufragistas. La conquista de los derechos políticos fue considerada fundamental para lograr el reconocimiento y sostenimiento de su autonomía. Las sufragistas entendieron que sin derechos políticos, sus derechos civiles y sociales eran muy vulnerables.

Así, en Bolivia, la subversión que significó la conquista de la ciudadanía de las mujeres, que se desarrolló en el marco de una ciudadanía censitaria y letrada, planteada desde el Estado por aquellos que accedían al poder, requirió varios años de lucha, iniciados en el siglo antepasado, y cuyos logros recién fueron percibidos en las primeras décadas del siglo pasado.

El traslado de la ideología ilustrada renacentista y su coexistencia en Bolivia con la cultura tradicional heredada de la colonia significaron, para las mujeres, una total exclusión social y política, justificada en la división jusnaturalista de cultura  y naturaleza. El liberalismo trasladaría esta división a la concepción dicotómica de público y privado. Beatriz Rossells (1987) y Barragán (1996) nos muestran cómo las mujeres del siglo XIX mantienen su dependencia y subordinación a los hombres de su entorno familiar, igual que en la colonia, manteniendo la dicotomía bíblica de la mujer “buena” y la mujer “pública o mala”. Prosigue así la sacralización de las mujeres en el ámbito privado; su condición de sometimiento y su exclusión se justificaban en su falta de racionalidad y en su destino natural de madre y esposa. En el ámbito privado de la familia, se asignó a la mujer una identidad moral superior a la del hombre, como custodia de la virtud y el honor familiar. Es lo que Evelin Stevens (1973) definió como el marianismo o “el culto (…) que predica que las mujeres son moralmente superiores y más fuertes que los hombres”. Esa identidad estuvo basada en el culto a la Virgen María, que determinó patrones de conducta seguidos por las mujeres y esperados por la sociedad, lo que afirmó su exclusión del principio liberal de la individualidad, convirtiendo a la masculinidad y feminidad en categorías ahistóricas e inamovibles.

Hasta 1952, la ciudadanía, entendida como el derecho a elegir y ser elegido y como la capacidad de conformar y optar a cargos públicos, estuvo restringida a un pequeño grupo de elegidos. Solo ellos integraban el pueblo donde residía el poder electoral. El régimen censitario establecido implicaba que la calidad de los elegidos dependiera, en igual forma, de los electores, esto es: hombres, blancos, letrados, trabajadores con propiedad e ingresos no provenientes del trabajo doméstico (Irurozqui, 1996). “El bagaje de las élites consistió, por tanto, en plantear una ciudadanía estamental, de privilegios y de hombres con honra y fama en relación a infames, analfabetos y a mujeres de buena reputación versus mujeres de mala reputación y desconocidas” (Barragán, 1996). De este modo, el voto cualificado tenía el objetivo de crear una nación “moral” que no cuestionaba el poder establecido, sino que “apostaba por el juicio a la prudencia de los notables para ejercer la libertad política, ya que se les consideraba más capacitados para no caer en el vicio de la embriaguez, la vagancia y el comportamiento indecente” (Irurozqui, ob. cit., p. 698).

En el caso de las mujeres urbanas de clase alta o media que cumplían con los requisitos y que no podían ser excluidas de la ciudadanía por falta de educación, comportamiento honesto o carente de patrimonio, las élites republicanas encontraron mecanismos jurídicos para su exclusión, y se aplicó el principio del “destino natural”. Según el discurso oficial, su educación no las habilitaba automáticamente como ciudadanas, como sucedía con los hombres indígenas o sectores populares; para ellos, la élite acuñó la figura de una “futura integración social” supeditada a la educación y a su incorporación al trabajo, como una forma “natural” de acceso a la ciudadanía; ello no incluía a las mujeres. Su educación servía al ideal de tener mejor capacitación para desarrollar los roles domésticos, maternales, decorativos y complementarios a los de los hombres.

La sustitución del viejo régimen caudillista por partidos políticos –Liberal y Conservador–, que se redujo a una pugna entre las élites civil-oligárquicas, no discutió la incorporación de la población excluida, salvo, por las élites intelectuales que habían sido marginadas del poder (Irurozqui, 1994). Así, la situación se mantuvo con la renovación de las élites en el proceso Liberal con la Revolución Federal en 1899, con participación indígena, y, después, con el golpe de Estado en 1920, con participación de los artesanos (Irurozqui, 1996). Esto no incidió en los términos de la inclusión. Por el contrario, se mantuvo un proyecto de Estado “de y para las élites” que no incluía al conjunto del territorio ni a toda la población.

Durante el periodo liberal, con el impulso de la inserción internacional iniciada a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, con la exportación primero de la plata y luego del estaño, el país vivió cambios importantes en la industria, en infraestructura caminera y ferroviaria, y en comunicación, como el telégrafo, que fortalecieron la integración nacional con la ampliación del intercambio comercial y la diversificación del mercado de trabajo. En lo social, el avance más importante fue la inversión en educación.

Pese a los avances en la modernización y el crecimiento económico, los cambios en el sistema político y los cambios sociales, principalmente por la inversión en infraestructura y crecimiento urbano, los liberales bolivianos estaban muy lejos de asumir los principios liberales de la igualdad social, economía de mercado y la autonomía individual de las personas. Por el contrario, en la relación con la población mayoritaria –mujeres e indígenas–, se mantuvo la visión señorial patriarcal.

La débil constitución del espacio público-privado influye de manera decisiva en el modo en que las mujeres y otros sectores sociales enfrentan su reconocimiento social. En este sentido, los derechos ciudadanos de las mujeres fueron la particular forma de organización de las mujeres que demandaron derechos ciudadanos, sin que esto afectara a las condiciones centrales de su condición femenina.

El impulso que recibió la educación básica y superior en los gobiernos liberales, a la que accedieron más mujeres de clase media y alta, contribuyó a la transformación de su autoimagen. La creación de la Escuela Normal y el acceso a las universidades les permitió alcanzar la profesionalización.

 El movimiento sufragista en Bolivia fue el único movimiento social que, desde el seno del bloque dominante, generó un proceso de crítica a la exclusión de un sector de la sociedad, y que englobaba a todas las mujeres sin distinción. Fue la primera y más importante fractura que rompió con la condición natural de las mujeres desde la colonia.

Desde finales del siglo XIX, se habían levantado voces como la de Adela Zamudio que, desde su militancia liberal, interpelaron al sistema patriarcal denunciando la exclusión y la subordinación e ingresaron a espacios privilegiados para los hombres, como el intelectual, demandando el derecho a la autonomía, al voto y a la participación social, involucrándose en la más importante confrontación política de fines del siglo antepasado y principios del pasado: “Las desigualdades sociales, la explotación en Bolivia de indígenas, sectores populares y trabajadores urbanos y el primitivismo patriarcal contra las mujeres, reclamando por derechos políticos e igualdad en el hogar y denunciando los vicios en la admisión de la ciudadanía” (Montaño, 1991, p. 12).

La crisis del liberalismo, hacia las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, dio paso a nuevas tendencias ideológicas, como la socialista, todavía reducida a pequeños grupos de intelectuales y trabajadores que iniciaron debates públicos sobre la condición de los indígenas, obreros y mujeres. Escenario que motivó la presencia pública de los sectores marginados, entre ellos, de las mujeres.

En efecto, hacia las primeras décadas del siglo pasado, la presencia pública de las mujeres, ahora colectiva, se expresaba a través de dos organizaciones: las anarquistas y las feministas, ambas, desde sus particularidades ideológicas y expresión de clase (las anarquistas convocaban a mujeres de sectores populares y, las feministas, a mujeres de clase media y alta), coincidían en luchar por los derechos de las mujeres y por la igualdad entre mujeres y hombres. Su cada vez mayor presencia pública logró poner la problemática de las mujeres entre las preocupaciones de organizaciones populares como sindicatos y gremios, y de instituciones conservadoras como la iglesia y las organizaciones cívicas.

Las anarquistas demandaron el derecho al trabajo, a mejor salario, al matrimonio civil, a la unión libre, a la sindicalización, e impulsaron un proceso radical de secularización. No apoyaron el derecho al voto para las mujeres, ya que no lo reconocían como una transformación sustancial. Para ellas, era apenas una “mera reforma burguesa”.

Por su parte, las feministas asumieron los principios igualitarios del feminismo, centraron su lucha en la demanda de autonomía, restringida, limitada por las determinaciones jurídicas que las privaban de su derecho a la propiedad y la representación jurídica individual, lo que las sometía a la tutela masculina, así como a la educación y trabajo. Su lucha más importante fue el derecho al voto. Comprendían la conquista de los derechos políticos como una estrategia que les permitiría consolidar los derechos que tenían y ampliar otros.

La autonomía material era central para las feministas: bajo la consigna de “igual salario por igual trabajo”, demandaron la democratización y justicia en el mercado laboral, en una sociedad que entendía que la incorporación femenina al mundo del salario era un descenso de estatus social, como resabios del pensamiento colonial (Medinaceli, 1989). En el caso de las mujeres, el requisito del trabajo para la admisión a la ciudadanía suponía el cambio de sus roles domésticos “naturales” por el de mujer trabajadora. Esto era subversivo, porque quienes lo pedían eran mujeres de clase media y alta, lo que generó gran resistencia en los hombres en general, en líderes políticos, sindicales y mujeres conservadoras.

Otras demandas civiles eran el derecho a la cédula de identidad, disponer de herencia y propiedades, la tutela de las hijas e hijos y la responsabilidad paterna, que cuestionaban y transformaban la institucionalidad de la patria potestad heredada de la colonia y continuada bajo las normas jurídicas de la República.

Sin lugar a dudas, la guerra del Chaco fue el gran escenario para que las mujeres mostraran, de facto, sus “virtudes” políticas y sociales ante la gran emergencia que el país vivía. En relación a la Revolución francesa, Genevieve Fraisse decía que la guerra da la posibilidad a los sujetos excluidos de hablar entre sí, “(…) de sentirse ciudadanos, de criticar la representación política” (1989, p. 17). La crisis conectó a los viejos y nuevos actores, fortaleció sus organizaciones y se generaron las condiciones para una nueva relación Estado y sociedad.

En lo que respecta a las mujeres, la crisis estructural también debilitó los límites rígidos de las relaciones de género. Cuando los hombres “guerreros” volvieron de los campos de batalla se encontraron con muchos cambios: las mujeres habían asumido responsabilidades en la administración pública (antes negadas por no ser ciudadanas), se hicieron cargo de las haciendas familiares o las tierras comunales, en el caso de las mujeres indígenas; administraron sus negocios y dirigieron a sus familias, ingresaron masivamente al mercado de trabajo; para entonces, había cambiado la valoración social y familiar sobre el concepto de mujer trabajadora. La crisis bélica fue un periodo para que las mujeres lograran el autoconocimiento y conocimiento social y estatal para fortalecer su lucha por la ciudadanía.

De esta manera, las mujeres de todo el país se organizaron para apoyar a los más necesitados, crearon instituciones y desarrollaron  acciones de beneficencia y de apoyo emocional a huérfanas/os y viudas. Crearon orfanatos y se dispusieron a comunicar a los soldados con sus familiares a través de la escritura y lectura de cartas. Muchas de ellas ganaron notoriedad pública con estas acciones de servicio social, lo que les sirvió para ser propuestas como concejalas o alcaldesas en las elecciones de 1947 y 1949.

Las bolivianas feministas desarrollaron, durante la guerra, diversas acciones para denunciar las condiciones de exclusión y de desigualdad en el trabajo, y la respuesta de la sociedad, si bien era dominantemente conservadora, fue de muchos y significativos apoyos. Los tiempos habían cambiado.

Concluida la guerra, los hombres demandaron que las mujeres volvieran a sus roles tradicionales, ya que su apoyo de “emergencia” y de “servicio” había concluido. Sin embargo, las mujeres no volverían a la vida privada y, muy rápidamente, se organizaron para presentar sus demandas al gobierno de David Toro (1936-1937), en el contexto del inicio del debate y puesta en marcha del inicial modelo del Estado social de derecho.

Así, no solo que se mantenía la demanda del derecho al voto y la igualdad entre mujeres y hombres “como la expresión de la liberación de las mujeres, cómo la conquista más efectiva de la liberación femenina a que debe aspirar la mujer moderna (…)”, diría Etelvina Villanueva (1970, p. 76), sino que se amplió al acceso a la educación, la asistencia médica para las trabajadoras embarazadas, la creación de casas cuna y los derechos de las madres solteras, entre otros.

Los argumentos no estaban orientados a cambiar los requisitos impuestos para acceder a los derechos ciudadanos, sino que para lograr los derechos políticos ellas ampliaban sus roles maternales hacia el mundo público, a fin de humanizarlo y “dignificar la misión de la madre y esposa”. El maternalismo fue un componente central del discurso de las mujeres, coincidente con los argumentos de muchos hombres líderes políticos y sociales que las apoyaban.

Los partidos conservadores (Liberal y Conservador) o de izquierda y revolucionarios (PIR, POR, MNR) no fueron aliados de la causa de los derechos de las mujeres hasta la aprobación de la ciudadanía parcial en la Convención de 1945, durante el gobierno de Gualberto Villarroel. A partir de entonces, incluyeron temas sociales y económicos relacionados con las mujeres.

Aprobado su derecho a participar en las siguientes elecciones municipales de 1947, los partidos se apresuraron a abrir sus puertas a las mujeres creando el “sector femenino” en sus estructuras orgánicas. De esta manera, nacieron el Centro Liberal  Femenino, la Célula Femenina del Partido Democrático y los sectores femeninos de Acción Social Democrática y del Partido de la Unidad Republicana Socialista (PURS), motivados por una dinámica actividad pública de convocatoria a las mujeres como electoras y como candidatas.

Los sectores femeninos partidarios no fueron espacios de discusión sobre los derechos políticos o cambios en las relaciones desiguales de género. Las militantes y, posteriormente, las candidatas se mantuvieron al margen de discursos que buscaran alterar la tradicional posición de las mujeres en la sociedad. Sin embargo,  fueron el medio para una mayor aproximación de las mujeres a la política y al cambio de identidad de género del campo político.

En la Convención de 1938, durante el gobierno de Germán Busch (1937-1939), las mujeres perdieron la votación: 55 votos en contra y 35 a favor de su derecho al voto. Fue en la Convención de 1944-1945, siete años después, durante el gobierno de Gualberto Villarroel que, con 43 votos a favor y 30 en contra, lograron la ciudadanía parcial y el voto femenino “a prueba”, para la conformación del poder municipal que exponía a las mujeres al examen de su capacidad política, y dejaba abierta la posibilidad de que fuera revertida si ellas no pasaban esta prueba y si se constataba que no podían adquirir “virtudes cívicas”.

En suma, la incorporación de las mujeres a las estructuras partidarias tuvo como escenario la crisis política que promovió el nacimiento de organizaciones políticas con nuevas ideologías, la crisis de los partidos tradicionales y la aprobación en la Convención de 1945 de la ciudadanía de prueba para las mujeres, en la que el tema central fue “las mujeres como votantes”, y sin que la agenda social de las mujeres fuera importante para los líderes partidarios.

Tras la aprobación de la ciudadanía de prueba, las mujeres bolivianas fueron candidatas y votaron por primera vez en 1947 y, la segunda, en 1949. Lo hicieron en el contexto político del sexenio, que fue el último intento de restauración del poder oligárquico.

El Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS) ganó las elecciones nacionales en 1947. La participación electoral fue de solo 105.000 votantes, de los cuales 44.700 favorecieron al PURS, de una población que para entonces bordeaba los tres millones. Con ello, se dio inicio al gobierno de Enrique Hertzog (1947-1949).

Las elecciones municipales tuvieron un contexto propio. Fue la primera elección democrática de los gobiernos municipales después de 15 años de interrupción, desde 1932, durante el gobierno de David Toro, con la participación de las mujeres como electoras, elegibles y miembros de los jurados electorales. En ese contexto, la  participación de las mujeres despertó al menos tres expectativas:

“1) Se esperaba develar la “verdadera” madurez política de las mujeres, y que los legisladores que les dieron la ciudadanía de prueba no se hubieran equivocado. Una nota del periódico La Razón (8 de diciembre de 1947) decía: “Dependerá de ellas mismas demostrar que los legisladores no se equivocaron (…)”.

2) Se pretendía que la presencia de las mujeres fuera un factor para bajar la violencia política y que se moralizarían las prácticas electorales, ya que se suponía y esperaba que los varones “cambiaran de comportamiento público frente a las damas” (ibid.).

3) En cuanto a la administración comunal, significaba incorporar la intuición y la experiencia doméstica de las mujeres a los temas municipales. “(…) problemas para los cuales la preparación y sentimiento de las mujeres constituye una prenda de buena inspiración y de sentido práctico” (La Razón, 12 de noviembre de 1947)”.

Las elecciones de 1947 y 1949 son la síntesis compleja de la larga construcción del ámbito municipal iniciada en 1839 (Rodríguez, 1995) y del agotamiento de su modelo, que emergió del viejo Estado nacional que también estaba en crisis. En 1947 y 1949, las mujeres participaron de las últimas elecciones municipales antes de su restablecimiento en 1985.

Como toda institución republicana, el municipio pasó por múltiples cambios respecto a sus competencias, alcances y formas de elección de sus autoridades y, tal como señala Gustavo Rodríguez (Ob. cit.), la tensión entre el centralismo y la descentralización fue permanente y marcó la institucionalidad municipal de esa época, aunque la consolidación de lo nacional siempre sería considerado como el espacio donde se tomaban las decisiones de interés nacional.

Acorde con las reformas constitucionales de 1945, el Decreto Reglamentario para las Elecciones Municipales del 3 de octubre de 1949 establecía  en su art. 184 que las mujeres participarían en idénticas condiciones que los hombres. Esto es: “Ser boliviana de nacimiento o por naturalización, tener 21 años, siendo soltera y 18 siendo casada. Saber leer y escribir el castellano”. Al mismo tiempo, señalaba que el Gobierno Municipal era autónomo, que en las capitales de departamento se erigiría un Concejo y un Alcalde rentado, en aquellos distritos que tuvieran una renta anual superior al millón de bolivianos. En las provincias, secciones y puertos se haría la elección de juntas municipales y, en los cantones, de agentes municipales.

Las normas vigentes disponían que los miembros de los concejos y juntas municipales debían ser elegidos mediante sufragio popular de acuerdo a un sistema de listas incompletas y por el periodo de dos años. La convocatoria electoral provocó la creación y la reorganización de las instituciones y grupos femeninos dentro de los partidos políticos, a fin de participar en el Gobierno Municipal y en los jurados electorales.

En las elecciones, participaron las organizaciones de viejo cuño, como el Ateneo Femenino, organizaciones católicas como las Asociación Cristiana Femenina, y nuevas, como la Asociación Femenina Boliviana (AFB), la Unión Cívica Femenina Boliviana, la Unión Femenina Universitaria de La Paz y Acción Católica de Mujeres, entre las más activas. Las tres últimas eran organizaciones de tendencia conservadora y de abierto apoyo al gobierno, cuyos objetivos estuvieron dirigidos a convocar a las mujeres, pero sin denunciar su condición de discriminadas.

Las instituciones conservadoras propusieron candidatas y realizaron conferencias en las que se trataba de conciliar la “misión sagrada” de las mujeres con la participación política, a fin de apoyar el proceso de restablecimiento del viejo Estado, tal como lo expresó la Unión Cívica Boliviana: “El éxito de las elecciones será el afianzamiento de las libertades conquistadas en la Revolución del 21 de julio de 1946” (El Diario, 12 de diciembre de 1947). Por su parte, las mujeres adscritas a los partidos políticos emprendieron la tarea de sumar mujeres a sus organizaciones a fin de sentar presencia en los congresos partidarios.

Una vez definidas las candidaturas, las mujeres de ambos sectores –el institucional y el partidario– realizaron una intensa campaña electoral, que tuvo un primer énfasis en la inscripción de las mujeres en los registros cívicos (hoy, padrón electoral), lo que motivó, por ejemplo, que la policía ampliara la extensión del carnet de identidad a las provincias.

En las elecciones de 1947 y 1949, se distinguían tres tipos de candidaturas: las partidarias; las populares con respaldo corporativo de las juntas vecinales, los sindicatos y las asociaciones profesionales, y las propiamente femeninas, que poseían apoyos institucionales. Las dos últimas candidaturas terminarían haciendo acuerdos con los partidos políticos

No se conoce que hubieran participado independientemente organizaciones de mujeres, aunque la Ley Electoral lo permitía, como era el caso de organizaciones corporativas, la Asociación de Ingenieros de Santa Cruz, el Sindicato de Gráficos, la Federación Obrera Local de Oruro y las Juntas Vecinales de La Paz. En cuanto a las mujeres, la Asociación Femenina  Boliviana y la Liga Electoral Cristiana fueron en coalición con la Falange Socialista Boliviana de Cochabamba. En todo caso, la representación local era más plural en formas de organización política, lo que no significaba que las condiciones de acceso a la ciudadanía se flexibilizaran. La incorporación de las mujeres a la campaña transformaría la fisonomía del proceso, sin embargo, no redujo, como esperaban políticos y analistas, el fraude, el clientelismo y la violencia.

El discurso de las candidatas, en estas dos primeras elecciones, en general se articuló en torno a la maternidad como expresión de una moral superior, al patriotismo –muy presente en un periodo de la posguerra del Chaco–, y a aspectos culturales y servicios básicos. Así, María Ángela Panozo de Videla, activista católica, planteaba que la participación cívica de las mujeres desde “su misión más elevada: la Maternidad (…) debe concurrir con su esfuerzo a dar mayor solidez a las instituciones patrias, a depurar los procedimientos electorales y a afirmar la paz social” (La Razón, 24 de octubre). María Luisa Sánchez Bustamante, fundadora y presidenta del Ateneo Femenino y candidata por el PIR (Partido de Izquierda Revolucionaria), declaraba: “Creo que la maternidad es el más alto signo de la mujer por lo que todas debemos dedicarnos a proteger, maternalmente, a los hijos del pueblo” (La Razón, 12 de diciembre de 1947).

Por otro lado, la maestra Nancy de Guillén Pinto, representante de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, decía: “Trabajaré intensamente por la cultura del pueblo y por el bienestar, por la higiene de los barrios habitados por obreros; por el abaratamiento de la existencia y por ennoblecer la intervención de la mujer boliviana en la política activa”. La razón patriótica se expresaba así, en palabras de la candidata y posterior concejala electa para el Concejo Municipal de Cercado Cochabamba, Alicia D’Arlach de Blanco Galindo: “(…) pues considero que la ley ha dado el voto a la mujer; esta tiene el deber de responder en forma amplia y patriótica”. Maternidad, moral superior y patriotismo fueron los contenidos discursivos centrales de las mujeres candidatas en la primera incursión electoral.

En el proceso electoral de 1949, a los contenidos discursivos de las candidatas, se incorporaron la convocatoria a la paz política, en respuesta a la violencia política que generó la Guerra Civil del 49, encabezada por el MNR. “Interpretando los sentimientos patrióticos” de la mujer boliviana, un grupo femenino de La Paz demandaba a todas ellas y en particular a las residentes de Cochabamba y Santa Cruz, que sin distinción de clase social, ni credos políticos lucharan por la paz. “Mujer de Bolivia: defendamos la tranquilidad de la patria” (El Diario, 30 de julio de 1949).

Otra característica, en 1949, fue que la influencia de las organizaciones femeninas se redujo y cobraron mayor notoriedad y autonomía las mujeres militantes de partidos políticos. Al influjo de la participación política de las mujeres, los partidos crearon los “sectores” o “células femeninas”. Fue el caso de las mujeres del Control Femenino del PURS y las del Centro Liberal Femenino de Cochabamba.

Las mujeres políticas más activas se concentraron en las filas políticas del oficialismo conservador:

“En Cochabamba se ha formado un centro político denominado Organización Femenina Democrática Nacional, con el lema Dios, Patria y Honor. A la nueva institución se han plegado numerosas damas que expresaron que una de las principales finalidades de dicha organización será la de luchar contra el comunismo y las fuerzas totalitarias. (La Razón, 16 de noviembre de 1949)”.

A dos años de la primera experiencia, hacia las elecciones de 1949, también se habían generado críticas a la restringida representación política a las elecciones municipales. Así, Marina Montes de Aramayo se dirigía a la Asamblea General de la Comisión Interamericana de Mujeres, realizada en Buenos Aires:

“(…) siento una necesidad íntima de resolver de frente y sin tregua los problemas femeninos de la actualidad, que considero de vital importancia para conseguir la superación de la etapa (sig) aislacionista, a fin de que la mujer saturada de inquietudes sociales luche en nuestro país por la dignidad de nuestra ciudadanía. (La Razón, 13 de octubre de 1949)”.

En ese mismo sentido, el “sector femenino” del PURS presentó una ponencia en la Segunda Convención, en la que demandaban la “concesión del voto político a las mujeres en igualdad de derechos que el hombre” (La Razón, 3 de noviembre de 1949). Sin lugar a dudas, la experiencia de la ciudadanía de prueba había provocado un proceso de reflexión entre las mujeres sobre las condiciones en las que participaban en la vida política. Las limitaciones y las potencialidades aparecían en esta inicial proximidad al poder y eran elementos para el análisis. Fue así, no solo porque la inclusión de las mujeres respondía a un momento de restablecimiento del statu quo, sino porque sobre ellas pesaba el examen de su comportamiento político, una prueba que pretendía valorar su “madurez política” y mostrar que podían administrar la “cosa pública”. Es decir, su capacidad para jugar bajo los roles establecidos, pero sin afectar su naturaleza femenina. Esos resultados ayudarían a definir si la decisión de los legisladores cuando les concedieron la ciudadanía fue efectivamente correcta.

No obstante los esfuerzos del Gobierno, de los partidos políticos, de las organizaciones e instituciones de mujeres, así como de sindicatos y gremios, la participación en las elecciones municipales fue escasa.

La votación de 1949 fue menor a la de 1947. La reducción en la participación se inició en la inscripción al Registro Cívico Electoral. El periódico La Razón (1949) informaba, el 14 de diciembre, que solo el 10 % de la población en “edad y condición” de votar se había inscrito. Las razones, de manera general, eran los enfrentamientos políticos entre partidos y grupos, en el contexto de la crisis terminal del Estado Oligárquico.

En cuanto a las mujeres, la escasa participación durante esta primera experiencia política electoral tiene que ver, además, con aspectos estructurales relacionados con la confianza y la familiarización con el sistema político; salir del mundo privado para ejercer su derecho ciudadano no podía ocurrir masivamente de un día para el otro, debían transcurrir muchas décadas. A ello se suma la baja escolaridad y el escaso acceso al trabajo; y el muy reciente proceso de carnetización[1], principalmente en las capitales de provincias y las áreas rurales. Finalmente, el desorden e improvisación de las elecciones de 1947 influyó, particularmente, en la participación de 1949.

Sin embargo, Cochabamba marcaría la diferencia respecto a la baja participación de las mujeres. En la edición de mayo de 1947, el periódico Los Tiempos informaría que el 28 % de las mujeres inscritas estaban en esta ciudad, caracterizada como “(…) la plaza fuerte del movimiento de emancipación política y social del elemento femenino”. En el resto del país, la prensa resaltaría la indiferencia de las mujeres ante las elecciones.

La presencia de las mujeres modificó sustancialmente la precaria cultura electoral del país. La respuesta fue instalar recintos y ánforas diferenciadas para hombres y mujeres. A la ya consabida confusión y desorden de la instalación y ubicación de los recintos, la instalación de los recintos para las mujeres aportó una confusión mayor. Las mujeres denunciaron la falta de orden y seriedad en la organización de estas elecciones municipales: falta de información sobre la ubicación de los recintos, o que los mismos no se abrieron, o que su cierre sucedió antes del tiempo establecido por las normas electorales. Desorden e improvisación que provocaron protestas en las ciudades de La Paz, Trinidad, Santa Cruz y Potosí (La Razón, 28 de diciembre de 1949). Así, el descontento con la improvisación provocó la renuncia de algunas candidatas, como la de Rosa Nava de Mendoza López, candidata a Concejala por La Paz en la lista del PURS en 1949, quien declararía que: “(…) en defensa de los derechos de las mujeres” demandó “elecciones complementarias para aquellas mujeres que no hubiesen sufragado por el desorden y la falta de organización de los jurados electorales en 18 recintos de la Ciudad de La Paz” (La Razón, 28 de diciembre de 1949).

[1]  En 1945 las mujeres accedieron a la cédula de identidad, después de la aprobación de la ciudadanía parcial.

La irrupción de las mujeres en la vida política como candidatas también impactó en el ideario de las mujeres votantes y las posiciones se dividieron. La prensa reflejaría que las mujeres activistas, integrantes de organizaciones femeninas, culturales o cívicas convocaron al voto defendiendo la igualdad de hombres y mujeres para ejercer cargos como el de Alcalde o Concejal. Teresa Solari Ormachea, representante de la Unión Cívica Femenina, diría: “Creo que tanto mujeres como hombres tienen las mismas capacidades para desarrollar cualquier cargo público. Creo que una candidata puede ocupar el cargo de alcalde” (La Razón, 15 de diciembre de 1947).

Una mujer en la fila de votación diría: “Estamos encantadas de poder ejercer por primera vez nuestros derechos” (La Razón, 15 de diciembre de 1947). Pero en la misma fila, otras mujeres expresarían desconfianza, escepticismo y hasta desvalorización de las candidaturas femeninas:

“No he votado por ninguna de las candidatas, porque creo que la mujer no puede responder a las delicadas funciones de dirigir la cosa pública. ¡Las mujeres a la cocina!, ese es mi lema, aunque he tenido que concurrir invitada gentilmente por mi esposo.

No he votado por ninguna mujer, porque creo que todavía no tenemos suficiente capacidad para dirigir esas funciones”.

Mujeres disputando espacios de poder, fue visto por otras mujeres como un acto de transgresión a los roles de su propio género. Las alusiones a su incapacidad, a su falta de experiencia administrativa para gobernar el municipio, fueron muy frecuentes para descalificar la presencia pública femenina.

Según Lourdes Zabala (1987, p. 32), la escasa participación y apoyo de las mujeres a las candidatas se debió a que las votantes “vieron aquel ensayo como algo prestado, como una conquista no buscada y casi incómoda”. Efectivamente, la conquista del voto municipal para las mujeres motivó un debate restringido a los sectores políticos masculinos, a las organizaciones femeninas ilustradas y a algunos sectores sindicales. La restricción del debate estuvo, además, determinada por el escenario político convulsionado, que marginó aquellos temas que eran parte de la polarización y el enfrentamiento. En ese contexto, las mujeres entendieron su derecho al voto como algo externo a sí mismas. La débil participación femenina y la falta de apoyo de las mujeres a las candidatas expresan raíces estructurales en la propia construcción de la identidad femenina dentro del sistema patriarcal, sustentado en la desvalorización simbólica de lo femenino, y el cambio llevaría muchas décadas más.

El sistema patriarcal norma el “deber ser” de las mujeres y el lugar que deben ocupar en la sociedad, lo cual afecta radicalmente su autorreconocimiento como sujeto colectivo. Es lo que Marcela Lagarde conceptualiza como la misoginia social[1] por la que las mujeres son agentes privilegiados de reproducción. Instrumentalizadas por un sistema patriarcal, tienen la función de desestructurar la fuerza colectiva de otras mujeres. Para Celia Amorós (1994), las mujeres asumen la identidad de las idénticas, es decir, de un igualitarismo compulsivo que hace que se pierda cualquier perspectiva de la diferencia. En ese sentido, el que un grupo de mujeres bolivianas haya quebrado el esquema social rígido y tradicional significó, en buena cuenta, que se tuvieran que enfrentar a la censura de otras mujeres. De esta manera, surge la desvalorización y la enemistad con las mujeres que pretenden subvertir este “deber ser”. Cuando se identifican y se sienten representadas en otras mujeres, afirman su acción diferenciada y, más todavía, reconocen una autoridad femenina.

Por otro lado, el marcado escepticismo femenino ante la participación política de otras mujeres se debía a que no conocían modelos previos que mostraran su acción política en cargos públicos electivos. Como argumenta Amalia Valcárcel (1997), la falta de reconocimiento de modelos en el ideario es uno de los problemas fundamentales para la participación política y tiene sustento en la negación de la acción colectiva en la historia. Esto hace que las mujeres se sientan siempre las “recién llegadas” a la política, y no las herederas de una acumulación histórica que legitima su presencia pública. Esta sensación llega al punto de hacer creer a las mujeres que la conquista de sus derechos no es otra cosa que un producto de la benevolencia masculina.

[1] Misoginia social, odio, repudio, fobia a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres (Lagarde, 1996).

Por la falta de archivos electorales sobre las elecciones municipales de 1947 y 1949, la información que se presenta a continuación fue elaborada sobre la base de una revisión hemerográfica, datos bibliográficos e información de familiares de las candidatas. Por esta razón, las cifras y los nombres son aproximaciones que deben seguir siendo investigadas.

La Ley Electoral aprobada en 1942 establecía la elección por voto de doce concejales en los municipios capitales de departamento y ocho en las provincias, bajo la modalidad de listas incompletas[1].

En 1949, el porcentaje de mujeres en las listas había disminuido considerablemente, aunque las concejalas electas aumentaron en una. Como se puede ver en los datos, en 1947 la participación de las mujeres fue mayor y más plural que en 1949. En efecto, si bien en ambos años la presencia femenina fue mayor en los partidos tradicionales, en 1947 se registró una importante presencia femenina en partidos de izquierda como el POR, el MNR y el PIR y en organizaciones sociales como las juntas vecinales o la Federación Obrera. En 1949, la presencia de las mujeres electas en partidos tradicionales fue mayor y, en parte, el aumento de concejalas se debió al hecho de que estos partidos fueron los ganadores de las elecciones municipales. En cuanto a la representación regional, en La Paz se inscribió el mayor número en las listas de candidatas, seguida por Oruro. En cuanto a las concejalas electas, los municipios de Cobija y Cochabamba no solo tuvieron el mayor número de concejalas, sino que en ambos años se eligió a dos. De un total de 108 concejales elegidos en las nueve ciudades capitales, en 1947 ingresaron siete mujeres y en 1949, ocho[2]. En 1949, es notoria la disminución de las candidatas como primeras en la lista. Mientras que, en 1947 existían cinco, en 1949 solo dos ocupan ese lugar en las listas.

Si bien los datos hablan de la disminuida participación femenina, como electoras, candidatas y concejalas, estas primeras elecciones municipales mostraron la decisión de muchas mujeres por ejercer la ciudadanía en un contexto político conflictivo y en una sociedad conservadora, que se negaba a aceptar las transformaciones de los roles tradicionales femeninos.

¿Quiénes fueron estas mujeres?

La información obtenida a través de familiares y amigos de estas mujeres, y algunos datos registrados en los periódicos, han permitido un acercamiento a algunas de sus biografías. Existe un denominador común y es que la mayoría pertenecía a la clase social alta. Eran mujeres con educación privilegiada para su época, cuya experiencia política pública se inició en organizaciones sociales de beneficencia, organizaciones culturales y cívicas. Muy pocas fueron militantes o vincularon de inicio su actividad pública a un partido político. Contradiciendo el criterio masculino dominante que inhabilitaba a las mujeres casadas para la actividad política, la mayoría de las concejalas lo eran.

La historia de estas mujeres, a quienes  Lourdes Zabala (1987) llama “las madres de la política”, por ser las primeras que acudieron al desafío de desvirtuar la supuesta especialización de las mujeres para el trabajo doméstico y el cuidado de la vida de los otros, muestra que, antes de ser políticas, tuvieron una trayectoria en la vida social, cultural y cívica de sus ciudades. Se destacaron por brindar ayuda a los pobres y desvalidos, como parte del destino impuesto a su género.

Entre ellas, también se encuentran notables militantes feministas que pusieron en práctica en esas elecciones varios años de producción escrita contra la inferiorización de las mujeres bolivianas. Antes de ser candidatas, todas atravesaron un largo proceso de demostración de su vocación de servicio a los demás. Portadoras de una educación privilegiada, que muchos de los políticos varones no alcanzaron, se mostraron frente a la sociedad como una alternativa ante el desgaste de la política y de sus representantes. En suma, fueron mujeres destacadas que tuvieron que enfrentar prejuicios que las descalificaban, sometidas a la prueba del ejercicio de sus derechos ciudadanos en una escena electoral caracterizada por la ausencia de debate y análisis, por el uso del recurso de fraude, el soborno y el alcohol y la violencia que se combinaban con relaciones clientelares sustentadas en una transgresión permanente de las condiciones del ejercicio ciudadano.

Tabla 1

Candidatas y electas concejalas, por año, según ciudad

	1947		1949
Ciudad	Candidatas	Electas concejalas	Candidatas	Electas concejalas
La Paz	6	1	5	1
Cochabamba	3	2	2	2
Santa Cruz	1	–	1	1
Sucre	2	2	–
Potosí	1	–	1	1
Oruro	5	–	1
Trinidad	2	–	–	–
Tarija	2	1	1	1
Cobija	2	2	2	2
Total	24	8	13	9

Fuente: Revollo, 2001

Tabla 2

Candidatas y concejalas electas, por año, según partido u organización social 1947

	Candidatas	Concejala electa
Partido / Organización	1947
Liberal	4	3
PURS	6	3
PIR	4	1
MNR	3	–
FSB	1	–
Juntas vecinales	1	–
FOS	1	–
Candidatura del Pueblo	2	–
Unión Cívica Cristiana	1	1
Lista popular	1	–
Total	24	8

Fuente: Revollo, 2001

 

Tabla 3

Candidatas y concejalas electas, por año, según partido u organización social 1949

	Candidatas	Concejala electa
Partido / Organización	1949
Liberal	2	–
PURS	4	3
Frente Anti Totalitario (PURS, PASD)	3	3
FSB	1	1
Independiente	1	1
POR	1	–
MNR	–	–
PSD	1	1
Total	13	9

Fuente: Revollo, 2001

[1] Con motivo de la participación de las mujeres en las elecciones, la prensa hizo esfuerzos por informar sobre cómo votar; el periódico La Razón (10 de diciembre de 1947) orientaba así: “Teniendo en cuenta que es la primera vez que el elemento femenino votará, juzgamos oportuno orientar en la votación:

1. Ubicación, figura en el plano. Las mesas funcionan 5 horas, iniciando a las 9 horas.
2. Los electores (deben concurrir) munidos de sus libretas de inscripción en los registros cívicos.
3. Se les entregará un sobre abierto con firma del Presidente de Mesa.

• Tomarán libremente la papeleta donde figuren los candidatos de su predilección y (la) cerrarán.

Debe elegir 8 nombres en las capitales, 4 en las provincias y 2 en las secciones (…). Para este caso es mejor llevar al recinto electoral una papeleta escrita a máquina o a pulso en el nombre de los candidatos por los que desee votar”.

[2] Tanto en 1947 y 1949, se eligieron 108 concejales en las nueve capitales. En ambos años, el 7 % de las concejalías fue ocupado por mujeres.

La historia política de las mujeres bolivianas es tan larga como la historia de la colonia, las luchas independentistas y la construcción de la República, pero su exclusión de la historia, de la ciencia política, de la filosofía o la sociología deja incompleta la comprensión de la cultura política de la mitad de la población. Hoy mismo, el impulso a la investigación sobre la cultura política de las mujeres es casi inexistente. En ese sentido, este estudio busca aportar al conocimiento de una parte importante de nuestra historia política con participación de las mujeres y su lucha por pertenecer, como ciudadanas plenas, al Estado que decide sobre sus vidas.

El debate, la aprobación y el primer ejercicio electoral de la ciudadanía parcial de las mujeres llevaron más de diez años, entre 1938 a 1949, batalla que desarrollaron las mujeres feministas, anarquistas, cívicas, de organizaciones culturales, de beneficencia, obreras, comerciantes e instituciones religiosas, en un  contexto de la agudización de la crisis del Estado Oligárquico Feudal que, en continuidad con la concepción colonial, mantuvo la concepción  ahistórica de la condición reproductora y doméstica de las mujeres. El enorme valor de las mujeres sufragistas bolivianas fue demostrar que la “naturalización” de la condición social de género de las mujeres es una construcción histórica y discursiva de la élite patriarcal y que, por lo mismo, enseña que se pueden transformar sus códigos y sus significados, sus aprendizajes obedientes. En ese sentido, deconstruir la historia es renovarla. Ese es el importante aporte de estas mujeres.

La ciudadanía parcial restringida a la formación de los gobiernos municipales sometió a las mujeres a dos pruebas: primero, a demostrar que poseían virtudes cívicas, es decir, que tenían interés en el bien común, en la cosa pública; y,  segundo, que no abandonaban su naturaleza femenina de cuidado de la familia y responsabilidad doméstica, a fin de garantizar la continuidad del orden de la jerarquía familiar.

Los argumentos de las sufragistas no se oponían a que las mujeres siguieran siendo las garantes de la reproducción de la vida doméstica; sin embargo, fue subversivo frente al consenso social patriarcal que aseguraba que, por naturaleza, las mujeres solo pertenecían al mundo privado. En este principio, se funda el primer momento de la radicalidad de las sufragistas frente a la dominación patriarcal. En rigor, fue la primera y estructural fractura del bloque dominante construida bajo los principios políticos del liberalismo en su propio seno.

La cultura política de las mujeres es fragmentada e intermitente en el tiempo, se articula en redes circulares en las que participan conocidas, amistades, familiares, y transita sin prejuicio entre lo público-político, público-social y privado, porque su construcción, como sujeto social y político, tiene componentes políticos, económicos, sociales, culturales, sexuales y espirituales. Esto es lo “natural” de las mujeres, que se  mantiene hasta nuestros días.

La conquista de la ciudadanía parcial y de prueba impuesta a las mujeres muestra que la participación de los sujetos es imparable hacia la construcción de una sociedad integral, a partir de reconocer la igualdad y la dignidad de toda la población. Fue, en rigor, el primer sector social que ingresó a la ciudadanía como colectivo, sin distinción de clase o cultura y en las mismas condiciones que los hombres.

Mirar la historia electoral, a partir de las elecciones municipales de 1947 y 1949, permite verificar importantes y estructurales cambios en el sistema electoral, pero también la persistencia de la debilidad institucional que se expresa en las dudas de fraude, de improvisación en los recintos, entre otros.

Sin lugar a dudas, el proceso de la guerra del Chaco, con sus horrores, fue el escenario en el que Bolivia reconoció a los indígenas, obreros, artesanos y clases medias con los mismos intereses por una misma patria y, en ese sentido, fue muy importante para su presencia política; pero la historia oficial de esa época no reconoce lo trascendental que fue, para las mujeres y los cambios democráticos en sentido amplio, esta inclusión para la Bolivia moderna.

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Periódicos

La Razón, La Paz: 1938-1949

El Diario, La Paz: 1938-1949

Los Tiempos, Cochabamba: 1947-1949