Mujeres indígenas de tierras bajas y participación política en las elecciones generales 2020

Juan Pablo Marca

Elba Flores

Resumen

Si bien existe una mayor participación de las mujeres indígenas en las elecciones generales 2020, las asimetrías de género colocan todavía en desventaja a las mujeres indígenas en el Órgano Legislativo. Su participación efectiva en la gestión legislativa dependerá de la forma en la que las representantes indígenas enfrenten el patriarcado, el machismo y la violencia simbólica y material imperantes en esos contextos, al igual que en sus diferentes organizaciones de base. El presente artículo describe la participación política de las mujeres en las organizaciones indígenas de tierras bajas y su participación en las elecciones generales del 2020, para concluir en algunas propuestas de agenda que contribuyan a que las mujeres ejerzan sus derechos individuales y colectivos en igualdad de oportunidades, sin discriminación, para lograr una mejor y mayor participación política.

Palabras clave interactivas:

El objetivo del presente artículo es evaluar la participación política de las mujeres indígenas de tierras bajas de Bolivia en las elecciones generales de octubre de 2020 y, de manera general, el contexto en el que se ejerce la participación política en sus organizaciones de base. Es preciso aclarar que, en cuanto a la participación política formal, se analizará la participación de las mujeres indígenas en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), específicamente, en diputaciones logradas a partir de las circunscripciones especiales, espacio en el que se observa la participación política de representantes indígenas en tierras bajas.

La metodología aplicada en el presente documento es el análisis de datos e información cuantitativa y cualitativa respecto a la participación política de las mujeres indígenas de tierras bajas, fundamentalmente, en las elecciones generales de octubre de 2020. Se utilizaron fuentes primarias: dos entrevistas a líderes mujeres de organizaciones sociales, tres representantes indígenas electas en las últimas elecciones y una experta en derechos indígenas. Además, se recurrió a fuentes secundarias: leyes, informes, investigaciones, artículos sobre la temática tratada con un corte temporal desde el año 2002 hasta la actualidad.

El artículo describe el marco normativointernacional y nacional sobre la participación política de las mujeres en Bolivia; asimismo, detalla la participación política de las mujeres en las organizaciones indígenas de tierras bajas, donde se describe el contexto social y cultural en el que actúan las mujeres. Otra parte del texto detalla la participación de las mujeres indígenas en las elecciones generales del 2020, tanto por la vía de organizaciones indígenas como por la vía de los partidos y alianzas políticas. Finalmente, describe algunas propuestas para la agenda de trabajo en el horizonte de una mayor participación política de las mujeres indígenas de tierras bajas, así como la mirada de mujeres que participaron en el proceso electoral de octubre de 2020.

Existen diferentes instrumentos internacionales1 que constituyen el inicio del reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional, muchos de ellos han sido suscritos por el Estado boliviano. A nivel nacional, la propuesta consensuada de las diferentes organizaciones políticas en la Asamblea Constituyente y plasmada en la Constitución Política del Estado de 2009 en materia de derechos políticos establece lo siguiente:

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. (Artículo 11)

Se reconoce como ciudadanas/os a todas las bolivianas y bolivianos y determina el ejercicio de su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta y define que la ciudadanía consiste: En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, señalando que estos derechos pueden suspenderse. (Artículo 144)

La organización y el funcionamiento de las organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos deberán ser democráticos. La elección interna de dirigentes y de candidatas y candidatos de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. (Artículo 210)

Sin embargo, es necesario mencionar que antes y después de la aprobación de la Constitución, existió un avance legislativo importante en diferentes leyes nacionales para la participación política de las mujeres y en el establecimiento de la paridad y alternancia: la Ley N° 1779 de Reforma y Complementariedad al  Régimen Electoral (Ley de Cuotas) de 1997, la Ley N° 1983 de Partidos Políticos de 1999, la Ley N° 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente de 2006, la Ley del Régimen Electoral de 2010, la Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres de 2012, la Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de 2010, la Ley N° 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de 2013, y los fundamentos establecidos en la Constitución Política del Estado, que garantizan la participación política con equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres (CIPCA Notas, 15 de noviembre de 2018).

Ahora bien, también es necesario mencionar que la participación política de las mujeres indígenas en Bolivia se constitucionaliza con la creación de las siete circunscripciones especiales, con la  Ley N° 4021 Ley Transitoria del Régimen Electoral (2009), que abre la posibilidad para que las organizaciones indígenas presenten sus candidaturas primero vía partidos políticos (Ley N° 026 del Régimen Electoral y Ley de Organizaciones Políticas – LOP N° 1096) y vía organizaciones indígenas a nivel nacional (Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas, N° 043/200).

De esta manera, en el contexto de las Elecciones Generales 2020, el Tribunal Supremo Electoral aprobó el Reglamento para la inscripción y registro de candidaturas N° 043/2020, en el que se establece que en todas las candidaturas titulares y suplentes para  Diputaciones en Circunscripciones Especiales indígena originario campesinas para la Asamblea Legislativa Plurinacional en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando se expresará la igualdad, paridad y alternancia de género. Asimismo, en las organizaciones políticas y alianzas se debe asegurar que en al menos cuatro circunscripciones especiales indígena originario campesinas la primera posición titular sea encabezada por una mujer (OEP, 2020).

Para concluir este punto, es necesario mencionar que si bien existe una mayor participación de las mujeres en el Estado, aún se reproducen las asimetrías de género, la violencia simbólica, que colocan en desventaja a las mujeres en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral en el nivel nacional y en los niveles subnacionales departamentales y municipales, regionales y autonomías indígenas, en la administración pública y al interior de los partidos políticos (IDEA Internacional, 2015).

1 Como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos de la mujer realizada en 1953, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1976. Posteriormente, tenemos la segunda fase de los instrumentos internacionales que garantizan su participación política: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (1979), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW (1999) y las siguientes conferencias internacionales, de las cuales muchas de ellas fueron ratificadas por el Estado boliviano:  I Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres – México (1975), II Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz – Copenhague (1980), III Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para las mujeres: Igualdad, Derecho y Paz – Nairobi (1985), IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Naciones Unidas – Beijing (1995), La Cumbre Mundial del Milenio (2000), La Convención Belém do Pará (1994), La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo – El Cairo (1994), El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) (IDEA Internacional, 2015).

La participación política de las mujeres a nivel de sus instancias y estructuras de gobierno es fundamental para la reafirmación de sus derechos colectivos y para fortalecer la vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que, desde que se forma el movimiento indígena, las mujeres han sido protagonistas de la historia, participando en todas las marchas y movilizaciones para exigir derechos colectivos y derechos de las mujeres; debido a que hay una triple discriminación, exclusión y estigmatización de la sociedad en el ámbito rural y urbano, por ser mujeres, indígenas y pobres. En ese contexto y caminar se formaron las primeras organizaciones de mujeres indígenas, que en su inicio eran cuestionadas por los hombres, acusándolas de debilitar al movimiento2. Hasta que se creó la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), cuya misión es contribuir al desarrollo integral en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos con equidad entre mujeres y hombres, con justicia social e interculturalidad en el marco de los diferentes niveles de  autodeterminación y  transformación  social  de  las  nacionalidades del  Oriente,  Chaco  y  Amazonía del  Estado Plurinacional  de  Bolivia.

En relación a la normativa, todas las organizaciones, tanto a nivel nacional (la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia3) como a nivel regional (la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni4) y territorial (la Central Indígena del Comunidades Originarias de Lomerío5 o la Subcentral del Pueblo Indígena Movima6), toman el principio de equidad de género en su estatuto orgánico en relación a la participación política de las mujeres. Sin embargo, en algunos casos no se cumplen y las mujeres son relegadas a cargos de menor jerarquía, donde a veces su opinión en la toma de decisiones no es tomada en cuenta a nivel de las estructuras nacionales y regionales y se ven obligadas a renunciar al cargo, aunque a nivel comunal se hace más evidente su participación en los cargos y definiciones políticas. Al respecto, Ángela Agreda, especialista en derechos de las mujeres indígenas, comenta:

Si bien en sus normas internas hay la exigibilidad de la equidad de género, en el momento de ejercer este derecho muchas de ellas prefieren no aceptar, porque tienen una carga cultural que no las deja desenvolverse en estos cargos, porque ya tienen una familia formada y la pareja en muy pocas ocasiones las deja y brinda apoyo. Solo cuando ellas están empoderadas pueden luchar por la defensa de sus derechos humanos y luchar desde su familia y comunidad para ejercer estos espacios. Muchas veces la poca autoestima que ellas tienen no les ayuda a ocupar estos espacios, y muchas de ellas son elegidas y se retiran a la comunidad, por el temor de hacer mal las cosas o simplemente por la familia que las presiona7.

Según Lira y Ramos et al. (2006), el acceso a espacios políticos en las organizaciones indígenas de tierras bajas está asociado al avance, mejoramiento y ejercicio de derechos, pero, además, a la posibilidad de salir de la comunidad y conocer más. Su participación en espacios públicos no estaría restringida por el marido, sino por la responsabilidad del cuidado de los hijos, la cultura chiquitana y la religión católica. Al respecto, la diputada indígena Toribia Lero indica:

Hay un desequilibrio en la participación política de las mujeres, no hay igualdad de condiciones, los hombres siempre tienen más ventajas de ir a las reuniones de dejar a los hijos. En cambio, las mujeres tienen muchas limitaciones. La mujer tiene que cuidar a los niños, atender a los hijos, enviarlos a la escuela, cuidarlos. El varón puede empoderarse más, viajar por más tiempo, capacitarse en la ciudad8.  [Énfasis añadido]

Entonces, más allá de las normas favorables a la participación de las mujeres en las organizaciones, su participación depende de las condiciones sociales y culturales, y en esos ámbitos continúan siendo un problema a resolver, aspecto que se constata en diferentes estudios e informes. Según la Memoria del Seminario Internacional sobre Participación Política y Liderazgo de las Mujeres Indígenas en América Latina realizado por el PNUD:

Las organizaciones indígenas de tierras bajas [en Bolivia] son más bien aquellas que responden a las formas organizativas culturales y mayoritariamente son organizaciones en las que, como responden a la cosmovisión y a la cultura preponderantemente patriarcal, las mujeres tienen muy pocas posibilidades de participación política significativa. Actúan casi siempre como base y muy pocas han tenido oportunidades de destacarse, aunque por cuestiones de estrategia política y por la lucha de las pocas que han logrado insertarse y tener acceso a puestos de poder. (PNUD, 2010) [Énfasis añadido]

Otro obstáculo en la participación de las mujeres es que necesariamente, además de hablar su idioma, para socializar y embarcarse en el mundo del espacio público deben hablar castellano, vulnerando su derecho a expresarse en su idioma originario. Según Melgar (2009), por ejemplo, en el pueblo Chimane que habita los departamentos de Beni y La Paz:

Los espacios y las relaciones de las nuevas organizaciones, dirigentes y autoridades chimanes implican el manejo del idioma castellano y salir del Territorio Indígena o espacio propio. Es así que, además de la ya importante e intensa actividad social que desarrollan las mujeres al interior de sus redes familiares y comunidades, saber castellano y salir fuera de sus comunidades son reales dificultades que no han logrado vencer. Es por ello que no han ocupado cargos en este tipo de instancias. Las que lo logran son en general mujeres de comunidades cercanas a San Borja o profesoras bilingües, o con alguna otra ocupación formada por los misioneros o en algunos casos son hijas de matrimonios interétnicos.

También, es bueno precisar que la participación de las mujeres a nivel comunal no es homogénea, todo depende de los contextos históricos y patrones culturales que las caracterizan como pueblo indígena. Por ejemplo, en el pueblo ayoreo, su organización política y étnica está divida por familias clánicas, donde las mujeres ayoreas tienen cierto liderazgo; en el caso de pueblos sometidos por la iglesia católica o evangélica a las mujeres les cuesta asumir un rol protagónico, aunque a las abuelas se les reconoce su conocimiento y sabiduría. En el caso mojeño, el Cabildo Indigenal es una parte importante de su legado histórico que los representa de cara a la sociedad nacional, aunque la estructura está compuesta exclusivamente por varones, las abadesas (también llamadas mamitas) son abuelas que están encargadas de la preparación de los altares y cumplen una función religiosa simbólica, pero no se les permite elegir autoridades; no obstante, su opinión es importante a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la elección de las autoridades del cabildo. En este contexto, la mayoría de las organizaciones indígenas de tierras bajas reflejan una sociedad patriarcal más horizontal, donde las mujeres en su mayoría son una figura simbólica en sus organizaciones, y en otras tienen un rol relevante9.

Ahora bien, a pesar de las condiciones sociales y culturales patriarcales en las organizaciones indígenas de tierras bajas, algunas mujeres han logrado tener puestos a nivel de la estructura orgánica en las comunidades, así como en el ámbito regional y nacional, pero también han conquistado espacios de poder local, departamental y nacional. Se destaca la participación de algunas mujeres indígenas, es el caso de Marisol Solano del pueblo indígena guaraní, líder durante la IV Marcha realizada el 2002 para demandar Asamblea Constituyente en su condición de presidenta de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), quien junto a dirigentes de otras organizaciones sociales dirigieron dicha acción colectiva; o Bertha Bejarano, lidereza mojeña que encabezó la Octava Marcha Indígena (2011) por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) ); mencionar también a Nélida Faldín, primera mujer electa como Gran Cacique General (2009-2012) de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), y Asambleísta Constituyente (2006-2007) y de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (2012) en representación del Pueblo Indígena Chiquitano. Todas representaron y llevaron la voz de los pueblos indígenas con firmeza y tuvieron la capacidad de traspasar la mirada sectorial a una visión nacional de país, su aporte y participación política indígena fue significativa.

Además, se debe señalar que las mujeres que han accedido a cargos públicos como dirigentes o concejalas, lo han hecho en algunos casos por la educación adquirida, pero sobre todo cuando han logrado compartir el cuidado de los hijos con los hombres y han contado con el apoyo y confianza del marido y las mujeres mayores de la familia. Podemos concluir, entonces, desde una perspectiva de género, que una gran parte de las responsabilidades que asumen las mujeres en las organizaciones indígenas son de orden reproductivo, encargándose del mantenimiento de la acción colectiva mediante la provisión de alimentos principalmente (Lira y Ramos et al., 2006).

2 Ver: Brito (1998). Mujeres indígenas protagonistas de la historia (pp. 126-140).

3 El Estatuto de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), una organización a nivel nacional, menciona que los miembros de la DIRECCIÓN NACIONAL (hombres y mujeres) serán elegidos por la GRAN ASAMBLEA NACIONAL de los Pueblos Indígenas de Bolivia por un periodo de cuatro años a partir del candidato propuesto por cada organización regional (art. 24).

4 En el caso de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni CPEM-B, una organización a nivel departamental, su Estatuto menciona como uno de sus principios, la igualdad de oportunidades para todos y equidad entre hombres y mujeres en los diferentes niveles de representación (art. 6), y  menciona que el congreso departamental de la CPEM-B está constituida por delegados hombres y mujeres representantes de las organizaciones con voz y voto, de acuerdo a la siguiente distribución: dos representantes hombres y mujeres de cada comunidad que sea parte de una subcentral que este afiliada a la CPEM-B (art. 19, inciso 2).

5 La Nación Monkox en su Estatuto y Reglamento de la Central Indígena del Comunidades Originarias de Lomerío CICOL de Santa Cruz, una organización a nivel territorial, menciona que la organización guiará sus acciones bajo el principio de equidad de género, de alternabilidad y paridad (art. 9), además, que su directorio estará conformado por seis representantes zonales ciudadanas/os Monkoxi de las 29 comunidades, elegidos en Asamblea General Ordinaria de entre los candidatos acreditados por simple mayoría de voto, en el marco de los principios de equidad y paridad de género (art. 27).

6 El Estatuto Orgánico de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima SPIM del Beni, una organización a nivel territorial, menciona que promueve principios como la equidad de género, participación y control social, entre otros (art. 6), y promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en sus diferentes niveles de decisión y representación política (art. 7, inciso b).

7 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

8 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

9 Ver: Roman (2008). Participación Política y Liderazgo de las Mujeres Indígenas en América Latina. Estudio de caso Bolivia.

Candidaturas directas vía organizaciones indígenas a las circunscripciones especiales

En el marco de las Elecciones Generales 2020, el Tribunal Supremo Electoral – TSE aprobó el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas N° 043/200, norma que aplica el art. 11, Parágrafo II, Numeral 3 de la CPE y los artículos 61, Parágrafo VI, y 106 de la Ley del Régimen Electoral, habilitando a las organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos a postular sus candidaturas por las circunscripciones sin intermediación de organizaciones políticas. En este contexto, diferentes organizaciones indígenas a nivel regional, en aplicación de sus derechos y normas propias, nominaron a sus candidatos (titulares y suplentes) a la diputación en la circunscripción especial correspondiente, cumpliendo los criterios de paridad y alternancia. En este caso, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Santa Cruz y la Organización Yaminagua (WA) de Pando presentaron candidatas mujeres como titulares. Sin embargo, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Organización de Capitanías Weenhayek (ORKAWETA) en Tarija, el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate en Cochabamba presentaron candidatos varones como titulares (ver Cuadro 1).  Efectivamente, como muestra el Cuadro 1, en la postulación de las candidaturas vía organizaciones indígenas se aplica el criterio de paridad y alternancia.

La principal dificultad para las candidatas vía organizaciones indígenas para competir en el campo político electoral, frente a los hombres e incluso frente a las mismas candidatas de los partidos políticos, aparte del contexto cultural patriarcal, se relaciona con la falta de recursos económicos suficientes para afrontar el reto de la campaña electoral y la posibilidad de llegar a los diferentes recintos electorales de su circunscripción. En el caso de Pando, Santa Cruz y Beni estos son muy distantes y tienen un difícil acceso.

Candidaturas indígenas vía partidos y alianzas políticas

En lo referente a las candidaturas en las circunscripciones especiales a diputaciones indígenas vía partidos políticos, para estas elecciones generales 2020, después de las renuncias a las candidaturas por las Alianzas:  JUNTOS y Libre 21, se contó con 21 candidaturas habilitadas, entre titulares y suplentes (de ellos, 11 candidaturas titulares correspondieron a mujeres y nueve candidaturas a hombres)10, estos datos muestran que se respetó la alternancia y la paridad de género (ver Cuadro N° 2).

El cuadro 2 muestra que el MAS dejó de tener el monopolio en la intermediación de la representación política, como ocurrió en las elecciones de 2010 y 2014. Asimismo, se observa que, a pesar de la posibilidad de elegir a sus representantes de forma directa, algunas organizaciones indígenas optaron por participar con candidaturas en alianza con uno de los cinco partidos políticos que disputaron la presidencia del Estado. Estas alianzas, en algunas circunscripciones, tuvieron el respaldo de las organizaciones indígenas, de acuerdo a las actas consignadas. Por otro lado, en la mayoría de los casos, muchos candidatos no lograron ninguna representación en sus circunscripciones y sus postulaciones obedecen más a una decisión individual o a la invitación del partido político y no cuentan con el respaldo de las organizaciones indígenas.

La principal dificultad para las candidatas vía partidos políticos para competir en el campo político electoral, frente a los candidatos hombres, se encuentra en el contexto cultural y social patriarcal, y en menor medida en la falta de recursos económicos.

10 El 3 de febrero se inscribieron un total de 63 candidaturas a las siete circunscripciones especiales por las diferentes organizaciones políticas. De estas, varias fueron observadas por no presentar, en una primera instancia, todos los requisitos exigidos por ley; otras fueron inhabilitadas por incumplir los requisitos determinados en el Reglamento; y, por último, otras renunciaron. Faltando días para las elecciones, la alianza Juntos también declinó sus 11 candidatos, de los cuales cuatro mujeres eran candidatas titulares.

Mujeres indígenas electas en las circunscripciones especiales

Según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones generales 2020, en las siete circunscripciones especiales, el MAS obtuvo la victoria en los siete escaños especiales. Del total de escaños en disputa, cuatro fueron ocupados por mujeres, lo cual refleja porcentualmente una representación correspondiente a un 57,1 %, lo que significa un avance significativo en la paridad y la alternancia política en la participación política de las mujeres indígenas en el Órgano Legislativo en relación a otras elecciones nacionales pasadas (ver Cuadro 3)11. En las elecciones generales de 2009, de un total de seis curules asignados a los pueblos indígenas, no se registró ninguna representación de mujeres. El 2014, de los siete escaños, tres fueron ocupados por mujeres, lo cual porcentualmente representaba un 42,8 %.

11 Un dato importante a tomar en cuenta es que la Asamblea Legislativa Plurinacional para la gestión 2020-2025 estará conformada por un total de 166 asambleístas, de las cuales 81 son mujeres y 85 hombres, es decir, las mujeres representan el 49 % de asambleístas y los hombres el 51 %. Ver: Tribunal Supremo Electoral de Bolivia – Observatorio de Paridad Democrática (5 de noviembre de 2020).  Presencia de mujeres y jóvenes en el órgano legislativo.

A nivel general, como ya se mencionó, las elecciones generales 2020 logran un avance significativo en la participación política de las mujeres indígenas en la ALP, incluso en relación a las elecciones generales del 2015, donde de las 40 candidaturas entre titulares y suplentes presentadas, de las 20 candidaturas titulares 11 fueron hombres y 9 mujeres (CEJIS, 2015).

Con relación a lo señalado, Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), mencionó que una cosa es participar tomando decisiones y otra muy distinta es tener espacios en esos espacios:

(…) si bien existen avances en cuanto a la participación de las mujeres en los procesos electorales, ésta aún es progresiva y casi lenta en la práctica debido al poco empoderamiento de las mujeres para ejercer este derecho. Existe una clara diferencia entre la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones al momento de asumir un rol político protagónico, con la sola presencia de ellas en los espacios de decisión. (..) Los partidos políticos, quieren el perfil de una mujer que no hable ni reclame y que solo diga sí. Pero esa mujer que quiere ejercer el derecho como realmente lo debe hacer, que hace conocer las necesidades de los pueblos indígenas, específicamente de la mujer, se encuentra con muchas barreras por el tema de la violencia y el acoso político12.

De igual manera, para Florinda Urañabi, presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (APISASC), si bien existen avances, también se tienen temas pendientes que se deben trabajar:

De manera positiva, puedo decir que ha habido un avance en la participación de las mujeres, por ejemplo, en los guaraníes, guarayos, chiquitanos; pero tienen limitaciones y esto no se puede esconder; el varón sigue a la cabeza, a la mujer se la utiliza para que rellene. Esa es nuestra lucha que las mujeres tengan la oportunidad (de participar) y que se capaciten, porque hay todavía machismo. Por otro lado, es necesario mencionar que las mujeres seguimos todavía dentro de la bolsa, donde nos sentimos menos que el varón. Pensamos que él sabe pensar, que puede; y que nosotras no podemos. Pero conozco mujeres que se han soltado y han dicho que pueden13.

Para Elsa Sánchez, candidata electa por la circunscripción especial de Santa Cruz, no fue fácil postular por vivir en un contexto altamente machista y fascista. Sin embargo, gracias a la logística de su partido (el MAS) pudo llegar a todas las comunidades de su circunscripción:

No fue sencillo, porque estamos en la cuna del machismo y el facismo en Santa Cruz. Porque Santa Cruz es la cuna de lo que podríamos decir fachismo y de los karais. Ante esa adversidad los pueblos indígenas siempre vamos a estar juntos y unidos. Es por eso que hemos dicho si a nuestro hermano Luis Arce y a la diputada de circunscripción especial en el departamento de Santa Cruz (…). Hoy me siento fortalecida porque pese a las dificultades como candidata del MAS en representación de los cinco pueblos indígenas logramos el triunfo contundente porque trabajamos desde las bases, nosotros llegamos hasta el último rincón, hasta las últimas comunidades. Ellos mismos decían que ningún candidato de la circunscripción especial, antes habían venido a visitarnos y se sentían contentos (…). Hoy es la primera vez que una mujer asume la titularidad, estoy muy agradecida con nuestro ñandero tumpa por darme esa oportunidad14.

Así también, la actual diputada indígena Toribia Lero, en una posición autocrítica en cuanto al rol de las mujeres indígenas y la paridad de género en las directivas y comisiones en la cámara de diputados, señala:

Este año en las pocas sesiones que he participado para conformar la directiva camaral de diputados, en este caso, que son siete, de los siete cuatro son del MAS y tres son de la oposición. Habiendo mayoría de mujeres en los diputados, solo dos directivas son presididas por mujeres, falta equidad. Después de las 12 comisiones en la cámara de diputados, nueve corresponden al MAS, de ellas dos son ocupadas por mujeres de ese partido de ellas ninguna es de pollera o indígena, y las otras siente son ocupadas por hombres. A la oposición nos dieron tres comisiones, de ellas Comunidad Ciudadana (CC) está a cargo de dos y Creemos de uno. De esas dos de CC, una nos dieron la comisión de pueblos indígenas, entonces por legitimad me han hecho asumir a mí. Entonces soy la única mujer indígena que está presidiendo una comisión de las doce existentes. Del total de las comisiones tres son presididas por mujeres y nueve son presididas por varones. En las directivas no se respeta la paridad de género. Las compañeras indígenas que han llegado por las circunscripciones especiales al parlamento son invisibles, claro están con su indumentaria, por ejemplo, ayer hubo un debate sobre la ley transitoria para las elecciones subnacionales, donde la nación Yampara y Qhara Qhara plantearon su derecho a la participación directa. Pero ninguna de estas mujeres y los diputados hombres indígenas ha dicho nada. Más bien platearon el sometimiento de las naciones originarias15.

Al respecto, Ángela Agreda, especialista en derechos indígenas, menciona que:

La participación política con equidad de género y alternancia han ido ocupando de manera gradual, pero muchas veces las mujeres indígenas van a estos espacios acompañadas de un partido político, y van arraigadas a estos partidos y no hay la libertad para tomar decisiones, entonces muchas de ellas solo cumplen lo que les dicen y no tienen la capacidad de ser críticas aun cuando se trata de ir en contra de sus derechos colectivos16.

Para concluir con este punto, es necesario resaltar el caso de la mojeña Cecilia Moyovirí Moye, dirigente de la subcentral TIPNIS, que ganó la primera senaduría de Beni por Comunidad Ciudadana, siendo que en tierras bajas es poco usual que representantes indígenas mujeres compitan en escaños que no sean las circunscripciones especiales indígenas. En la anterior elección, se dio también de manera excepcional con la chiquitana María Chacón Lira, quien obtuvo la victoria de la circunscripción 53 en calidad de suplente por el partido del MAS.

12 Entrevista realizada el 4 de junio de 2020.

13 Entrevista realizada el 10 de junio de 2020.

14 Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2020.

15 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

16 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

Las representantes indígenas de tierras bajas electas en las elecciones del 2020 tendrán el desafío de realizar su gestión legislativa en un contexto social y cultural donde la hegemonía masculina es preponderante, y se traduce en un escenario donde los casos de acoso, violencia política y discriminación hacia las mujeres indígenas y originarias se dan de forma constante. Lo alarmante es la impunidad a la que las mujeres indígenas y originarias se enfrentan. Un sistema judicial patriarcal y machista que pone en cuestión aspectos de la vida personal y familiar de las mujeres que están y/o estuvieron en cargos políticos públicos17. Entonces, la violencia política contra las mujeres es un problema que continúa siendo una flagrante violación a los derechos humanos civiles y políticos en el país, en un contexto donde la Constitución dice reconocer el acceso y ejercicio pleno a los derechos políticos de las mujeres.

El Informe sombra mujeres de pueblos y naciones indígenas de Bolivia (2015), trabajado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y por el Consejo de Mama T’allas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), menciona la necesidad de trabajar la institucionalidad de la justicia boliviana para garantizar los derechos de las mujeres indígenas18 y recomienda al Estado boliviano la necesidad de trabajar datos desagregados sobre violencia familiar y doméstica en poblaciones indígenas. Al respecto, el Informe Alternativo Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia (2019) realizado por la CNAMIB, organización que articula y representa a mujeres indígenas de 34 pueblos indígenas de las tierras bajas y Mama T’allas de comunidades y ayllus de tierras altas de Bolivia, menciona la necesidad de trabajar los casos de acoso y violencia contra las mujeres indígenas19.

La Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB) (s/a), en su Agenda para la despatriarcalización de las mujeres indígenas amazónicas, propone trabajar los siguientes ejes temáticos: 1) Democratización del poder y participación política de las mujeres; 2) Desmontaje Cultural, simbólico y material del patriarcado y nueva institucionalidad para las mujeres; 3) Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia; 4) Autonomía y determinación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos; 5) Autonomía Económica de las mujeres, acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización del trabajo doméstico; 6) Democratización de las organizaciones indígenas mixtas y de mujeres indígenas.

Entre los temas fundamentales de las agendas que proponen trabajar las líderes y representantes indígenas se puede mencionar los siguientes. La candidata indígena Mariana Rodríguez, por el pueblo Yaminagua de Pando, antes de las elecciones mencionaba que:

No hay datos desagregados por género e identidad. Se debe exigir que las políticas de gobierno sean integrales, tomen en cuenta la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niños/as y las mujeres; gestionar que el Estado promueva el acceso a la justicia en igualdad e integralidad, protegiendo a los más vulnerables las niños/as, mujeres y adultos mayores que son víctimas de violencia20.

Para la diputada indígena Elsa Sánchez, la prioridad es trabajar en la inclusión y participación de las mujeres, como lo manifiesta:

La inclusión y participación de las mujeres, su respeto. No solamente de las mujeres indígenas, sino de todas las mujeres.  La representación de las mujeres ante el Estado Plurinacional, que se respete la normas, la Constitución y las leyes, a favor de las mujeres e indígenas21.

Para la senadora Cecilia Moyoviri, se debe trabajar en la creación de un Ministerio de la Mujer desde la Asamblea Legislativa:

Para que realmente las mujeres sean tomadas en cuenta, para que las mujeres tengamos un valor y ese compromiso de trabajo para cuando ese ministerio de la mujer sea insertado. Para que nunca más seamos utilizados y menospreciados, sino que se trabaje con las organizaciones y las bases22.

Para la diputada Toribia Lero, se debe trabajar la creación de una bancada indígena con una agenda propia a favor de las mujeres indígenas:

Estoy planteando crear la bancada indígena compuesta por diputados y diputadas indígenas para llevar adelante una agenda indígena. Donde uno de los temas estratégicos es trabajar la agenda de la mujer indígena. Donde una de sus prioridades sea fortalecer las luchas y resistencia de las mujeres, la realización de las recomendaciones de los informes sombras donde hay recomendaciones al Estado boliviano. También la educación sexual y reproductiva de manera integral en las comunidades. El otro tema es la diplomacia indígena, las mujeres indígenas tienen que conocer los derechos internacionales y las instituciones internacionales que garantizan sus derechos. Finalmente, el tema de la libre determinación de las organizaciones indígenas y la lucha contra el extractivismo23.

17 Ver: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (2019). Informe Alternativo Alianza de Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia.

18 En una parte del informe se menciona lo siguiente: “A nosotras las mujeres indígenas nos preocupa la poca capacidad que tiene el Estado boliviano para hacer justicia en favor de los derechos de las mujeres indígenas; creemos que ello está en relación con la falta de independencia del sistema judicial en relación al gobierno nacional. Tenemos dos casos no resueltos que nos sirven como ejemplo: la intervención violenta a la Marcha Indígena del TIPNIS en Chaparina y “la “violación colectiva” de 7 mujeres y 2 niñas indígenas Tacanas de la Comunidad El Retorno en el Departamento del Departamento de Pando”. Ver: Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres (2015). Informe sombra mujeres de pueblos y naciones indigenas de Bolivia.

19 Un fragmento del informe indica: “son alarmantes los casos de acoso y violencia política contra las mujeres indígenas, originarias electas en cargos públicos (Concejalas), entre el 2017 y 2018 se registraron 86 casos de acoso y violencia política en distintos municipios del país. Lo más preocupante es que todos los casos de violencia fueron presentados ante el Ministerio Público, pero la mayoría se desistió debido a la presión ejercida contra las víctimas. De la misma manera, existe acoso contra las líderes de organizaciones sociales mixtas donde asumen espacios estratégicos de toma de decisión como ser carteras dentro las Organizaciones que tienen que ver con recursos naturales, y si ellas como mujeres no responden a una posición política partidaria e intereses económicos son violentadas en sus cuerpos, en sus decisiones, en su derecho a la libertad de expresión, e incluso amenazan y atentan contra sus vidas”. Ver: Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia (2019). Informe Alternativo de la Alianza de Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia. 3er Ciclo de Evaluación Periódica Universal Bolivia.

20 Ver: Yaminagua (WA) (2020). Propuesta programática 2020-2025 Circunscripción especial indígena de Pando por el pueblo indígena yaminahua (wa) “dignidad y democracia”.

21 Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2020.

22 Entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.

23 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

Las conclusiones a las que podemos arribar en relación a la participación política de las mujeres en las organizaciones indígenas de tierras bajas y la participación de las mujeres indígenas en las elecciones generales del 2020 y las agendas de trabajo para lograr una mejor y mayor participación son:

 

Si bien existe una mayor participación de las mujeres en el Estado gracias a la legislación nacional e internacional, que favorece dicha participación, se siguen reproduciendo las asimetrías de género que colocan en desventaja a las mujeres en los espacios públicos en el país. La violencia política simbólica y material contra las mujeres en la sociedad boliviana es un problema a resolver, en un contexto donde la Constitución dice reconocer el acceso y ejercicio pleno a los derechos políticos de las mujeres.

En cuanto a la participación política de las mujeres indígenas de tierras bajas en las organizaciones indígenas, estaría garantizada en la formalidad normativa, sin embargo, como ocurre con la normativa nacional, la efectividad real depende de las condiciones sociales y culturales. En tal sentido, se puede afirmar que la participación de las mujeres en esos ámbitos sigue siendo un problema a resolver, en ese sentido es importante promover y fortalecer los procesos de formación para fortalecer sus capacidades y empoderar a las mujeres indígenas.

En relación a las candidaturas por las circunscripciones especiales sin intermediación de organizaciones políticas en estas elecciones, cumplieron los criterios de paridad y alternancia establecidos por la normativa nacional. En este caso, la OICH y la APG de Santa Cruz y la organización Yaminagua de Pando presentaron candidatas mujeres como titulares. Sin embargo, la CPEM-B, la APG y la ORKAWETA en Tarija, el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate de Cochabamba presentaron candidatos varones como titulares.

En lo referente a las candidaturas en las circunscripciones especiales a diputaciones indígenas vía partidos políticos para estas elecciones generales 2020, después de las renuncias a las candidaturas por el frente JUNTOS y Libre 21, quedaron habilitadas 21 candidaturas, entre titulares y suplentes (de ellas, 11 candidaturas titulares fueron de mujeres y 9 candidaturas titulares fueron de hombres), datos que muestran que se respetaron la alternancia y la paridad de género.

A nivel general, las elecciones generales 2020 lograron un avance significativo en la participación política de las mujeres indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional; de las siete circunscripciones especiales donde el MAS ganó, cuatro fueron ocupadas por mujeres que porcentualmente representa un 57,1 %, sin embargo, esa paridad no se traduce a la hora de la asignación de las directivas y comisiones en la cámara de diputados, además del contexto social y cultural complejo en el que participan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus funciones en el legislativo nacional.

En lo referente a la agenda a trabajar, se prioriza la conformación de una bancada indígena en el Parlamento con una agenda propia de las mujeres indígenas, la creación de un Ministerio de la Mujer, promover políticas y normas que permitan parar los alarmantes casos de acoso y violencia familiar y violencia política contra las mujeres indígenas electas en cargos públicos, exigir que el Estado trabaje en datos desagregados sobre violencia familiar. Es importante también la autonomía económica de las mujeres indígenas, el acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, y exigir el respeto a los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas, entre otros puntos.

Es prioridad visibilizar la problemática de las mujeres indígenas que se encuentran en condiciones de marginación, discriminación y exclusión, y exigir que el Estado incentive y promueva políticas sociales, económicas y culturales en favor de las mujeres con perspectiva de género e incorporando el enfoque intercultural, incentivando la equidad, el respeto en la relación entre mujeres y hombres, para avanzar en la transformación de las relaciones de poder y una sociedad más justa.

Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia (2019). Informe Alternativo de la Alianza de Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia. 3er Ciclo de Evaluación Periódica Universal Bolivia. S/E.

 

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Entrevistas

Ángela Basilia Agreda Farell, socióloga, especialista en derechos indígenas y desarrollo rural e integrante de la Oficina Regional Santa Cruz del CEJIS; entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

Cecilia Moyovirí Moye, senadora indígena electa por el Departamento de Beni por Comunidad Ciudadana (CC); entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.

Florinda Urañabi, presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (APISACS); entrevista realizada el 10 de junio de 2020.

Elsa Sánchez, diputada indígena electa por la circunscripción especial del Departamento de Santa Cruz por el Movimiento al Social (MAS); entrevista realizada el 20 de noviembre de 2020.

Toribia Lero Quispe, diputada indígena electa por el Departamento de Cochabamba por Comunidad Ciudadana (CC); entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

Vilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB); entrevista realizada el 4 de junio de 2020.