Pandemia en lo íntimo y coyuntural

Tania Aneliz Montes Eguino

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Resumen

Las elecciones nacionales fueron llevadas adelante en medio de un contexto de conflicto social y de pandemia, estas variables enfrentaron a candidatas y electoras con barreras coyunturales y estructurales que demostraron que las mujeres no participan en la política formal en igualdad de condiciones. En estas elecciones, las desventajas se vieron expresadas en la ausencia de fondos para hacer campaña, en la austera cobertura de medios de comunicación a las candidatas, y en las brechas digitales geográficas y de género, que limitan el acceso de todas las mujeres en política a las esferas digitales. Por otro lado, esta pandemia evidenció barreras estructurales que si bien históricamente limitaron el acceso de las mujeres a la arena política, su efecto se amplificó con la pandemia, demostrando, de manera innegable, la necesidad de transformar estructuras sociales y tradiciones políticas para garantizar la presencia de las mujeres en los espacios donde se desarrolla la política formal.

Palabras clave interactivas:

El 20 de octubre del 2019, se realizó las elecciones generales que desembocaron en agudos conflictos sociales, que se extendieron desde el día de las elecciones hasta noviembre del mismo año. Los conflictos disminuyeron su intensidad con la convocatoria a un nuevo proceso electoral, sin embargo, la posibilidad de tener un periodo electoral regular se desvaneció con la llegada de la COVID-19 a Bolivia. Esta pandemia impuso un panorama de doble crisis, política y sanitaria, ambas de alta intensidad.

Inicialmente, las elecciones nacionales fueron programadas para el 3 de mayo, no obstante, el primer caso de COVID-19 en el país fue confirmado el 10 de marzo y el 21 del mismo mes, Bolivia entró en cuarentena total. El 30 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley N° 1297,[1] a través de la cual se postergaron las elecciones y se dio al Tribunal Supremo Electoral un plazo de 90 días para llevarlas adelante, sin embargo, dado que en junio los casos ascendieron, esta Ley fue modificada dos veces más.

[1] Cf. Ley N° 1297, Ley de postergación de las elecciones generales 2020 del 2 de mayo de 2020.

El 6 de septiembre, última fecha programada para las elecciones, también tuvo que cambiarse, dado que, como vemos en el cuadro, para esta fecha Bolivia registraba 5.041 contagios y, por tanto, los hospitales estaban colapsados. Para el 18 de octubre, fecha en la que finalmente se llevó adelante las elecciones generales, la curva estaba en descenso, con un reporte de 1.115 casos.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó a las elecciones generales de 2020 como “la elección más difícil de la historia”[1] y sin duda alguna lo fue. También fue el periodo electoral más largo de la historia, duró seis meses, y si a este periodo le sumáramos el proceso electoral de las elecciones anuladas, entonces se puede decir que el país vivió un periodo electoral de aproximadamente un año. Durante un periodo electoral, prácticamente todo se enfoca en la contienda político partidaria, en los binomios presidenciales, y otras cuestiones sociales pasan a un segundo plano; no obstante, este periodo electoral fue atípico, pues estuvo atravesado por una pandemia que hizo imposible ignorar las carencias y las desigualdades preexistentes.

La pandemia evidenció problemáticas sociales que no pueden ser ignoradas, tales como la violencia de género, sobre todo la doméstica, pero también sacó a la luz otras formas de violencia y obstáculos con los que se enfrentan las mujeres que deciden entrar a la arena política. Este artículo busca mostrar las barreras coyunturales y estructurales con las que se enfrentaron las mujeres candidatas y votantes en un periodo electoral aquejado por una pandemia; pero sobre todo, quiere evidenciar que estos obstáculos, muchas veces relacionados con la esfera personal y privada, en realidad son limitaciones que impiden que las mujeres ingresen a espacios donde se desarrolla la política formal en condiciones de igualdad.

Inicialmente, se verá uno de los principales elementos que limitan la relación candidata-electorado, la repartición desigual de los fondos de campaña, cuestión que no suele ser considerada al momento de analizar la ausencia mediática de las mujeres. Posteriormente, se hablará sobre la transformación de las campañas y su migración a otros espacios, que no estuvieron libres de las tradicionales formas de anulación de la mujer y de las brechas que marcan la diferencia en la experiencia política que existe entre hombres y mujeres. En su segunda parte, este artículo se enfoca en las barreras estructurales que condicionan la presencia y la experiencia de las mujeres en política. Una de ellas, el acoso y la violencia política, como forma de violencia de género que se transforma, migra, se adapta, y que es una expresión de la actitud reluctante hacia la presencia de mujeres en espacios históricamente monopolizados por hombres. Finalmente, se hablará de una problemática que hasta la pandemia no era directamente relacionada con las oportunidades y limitaciones políticas de las mujeres: las tareas de cuidado.

Todas estas barreras coyunturales y estructurales aún hoy no son identificadas como limitantes reales para las mujeres en política, más lo son, y es fundamental visibilizarlas y conocerlas, para buscar estrategias para enfrentarlas.

Barreras coyunturales

La pandemia impuso un escenario totalmente distinto a los de anteriores elecciones. Un proceso electoral implica la movilización de muchas personas, en algunos casos concentraciones masivas, campañas puerta a puerta, mucho contacto físico, abrazos, apretones de manos, entre otras muestras de aprecio y cercanía; no obstante, en un escenario de pandemia en el que el contacto físico podía literalmente significar la muerte, las formas de hacer campaña cambiaron radicalmente.

Hacer campaña puerta a puerta ya no era una opción; las reuniones masivas fueron prohibidas, las medidas de seguridad estuvieron basadas en el distanciamiento social, por lo que candidatas y candidatos debieron cambiar de estrategias.

La pandemia invisibiliza

Generalmente, las elecciones se enfocan en un número reducido de candidaturas, sobre todo en los binomios presidenciales y algunas otras candidaturas con atractivo mediático. Dentro de este grupo, el número de mujeres conocidas por el electorado es reducido. Durante el periodo de elecciones generales, las organizaciones políticas que forman parte de la contienda electoral suelen recibir un monto público para hacer campaña, este monto proviene del Estado y se reparte de la siguiente manera:

III. Los partidos políticos o alianzas establecerán internamente la distribución y uso de los tiempos y espacios que les correspondan para la propaganda en medios de comunicación, a fin de promover todas sus candidaturas, de conformidad a la estrategia electoral y de comunicación de la organización política que corresponda, con énfasis en los siguientes criterios:

• El 50% del tiempo y espacio como máximo para el binomio presidencial y el programa de gobierno.
• El 50% restante del tiempo y espacio para propaganda de las demás candidaturas, de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de su campaña, en coordinación con el Tribunal Electoral correspondiente. De este tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinas.[2]

La mitad de los fondos para la propaganda va a los binomios presidenciales, pero en realidad, el 75 % de los fondos de fortalecimiento público va hacia los candidatos, mientras que solamente el 25 % está destinado a las candidatas, a pesar de que ellas constituyen el 50 % de las listas de candidaturas. Esta normativa no es cuestionada ni observada por las candidatas, o por la ciudadanía, probablemente porque el sentido común político predominante en el país es patriarcal. Es decir, que la sociedad está acostumbrada a ver a los hombres en política peldaños más arriba que sus colegas mujeres, gracias a beneficios y facilidades que son percibidas como normales.

[1] Cf.  https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/29/romero-garantizamos-una-eleccion-con-adecuada-proteccion-de-la-salud-256877.html. Consultado el 30 de noviembre de 2020.

[2] Cf. Ley N° 1096, Ley de organizaciones políticas del 1 de septiembre de 2018. El resaltado es nuestro.

Las instituciones donde se desarrolla la política formal son espacios creados por hombres, con leyes hechas por y para ellos, y si bien muchas cosas cambiaron y las mujeres entraron a estos espacios, continúan teniendo un diseño y un funcionamiento patriarcal. Las candidatas están menos presentes en espacios públicos porque no cuentan con recursos para hacer campaña, para promover sus candidaturas, para hablar de sus programas de gobierno  y para expresar sus visiones respecto a las problemáticas del país.

En una situación regular, los fondos con los que cuentan las mujeres para hacer campaña ya son reducidos y, en esta ocasión, fueron inexistentes. La pandemia se presentó en medio del periodo electoral y pronto se convirtió en la principal preocupación a nivel nacional y mundial. Llevar adelante elecciones en este contexto significó un enorme reto e implicó tomar medidas sanitarias que se tradujeron en aumentos presupuestarios. En este contexto, todas las organizaciones políticas en carrera electoral decidieron pasar los fondos de fortalecimiento público al Órgano Electoral Plurinacional para que las medidas sanitarias pudieran ser financiadas. Sin duda, esta fue una medida que ayudó a disminuir las posibilidades de contagios en los recintos electorales. No obstante, tuvo un costo sociopolítico pagado, sobre todo, por las candidatas, quienes no contaron ni siquiera con el 25 % de presupuesto para sus campañas.

Dado el reducido presupuesto para campaña con el que cuentan, en una situación regular, las candidatas suelen hacer campaña puerta a puerta y en las calles. La cuarentena y el distanciamiento social plantearon otro panorama, las candidatas no pudieron tener contacto con su electorado y con sus bases. Para muchas candidaturas, la alternativa fue migrar la campaña al espacio digital, sin embargo, esta no fue una opción para todas.

Migración de la campaña y medios de comunicación

Las elecciones anuladas del 2019 estuvieron fuertemente marcadas por su presencia en los espacios digitales, esta tendencia terminó de consolidarse con las elecciones nacionales del 2020. En medio de una cuarentena estricta, el único lugar donde se podía visibilizar las candidaturas de manera efectiva y sin riesgos sanitarios fueron las redes sociales. No obstante, no todas las candidaturas tuvieron la misma oportunidad de hacer campaña a través de redes sociales, pues existen brechas campo-ciudad y de género que limitan el acceso de las mujeres al internet, sobre todo de aquellas que viven en comunidades alejadas con conectividad limitada.

Para trasladar la campaña política, las y los candidatos necesitan tener un conocimiento al menos básico del manejo de las nuevas tecnologías de comunicación (TIC), acceso a internet y a dispositivos tales como teléfonos inteligentes o computadoras. No todas las candidatas cuentan con estos dispositivos, por lo que el porcentaje de mujeres que pudo trasladar exitosamente su campaña a las redes sociales todavía es reducido.

Los medios de comunicación –en este caso, la radio, la televisión y los medios de prensa escrita– suelen enfocarse en las candidaturas presidenciales y en algunas candidaturas que sobresalen por diferentes motivos, sin embargo, no acostumbran dar espacio a las candidatas, a sus propuestas y a sus visiones. Cuando los medios de comunicación se enfocan en las mujeres, la noticia suele estar relacionada con el acoso, la violencia política u otras formas de violencia de género; es decir, las mujeres son noticia cuando son víctimas, pero no son percibidas como sujetos políticos, con un punto de vista respecto a problemáticas coyunturales, con agendas programáticas y con agencia.

Dado que la única información que la sociedad civil recibe gira en torno a las candidaturas presidenciales, la ciudadanía se enfoca en estas figuras, obviando la importancia de las candidaturas al legislativo, ignorando que serán estas autoridades las que elaborarán las normativas que contribuirán o no al avance de sus regiones, pueblos o sectores. Gran parte de la ciudadanía también ignora lo que significa para una candidata hacer campaña, sobre todo, para aquellas en las últimas posiciones de las listas y para las que viven en comunidades alejadas.

En el caso de las provincias del área rural, como no hay un control estricto, la dinámica ha sido casi la misma, tienen que interactuar con sus comunidades y con sus dirigencias originarias. Lamentablemente para las hermanas de provincias se les pone mucho más cuesta arriba porque en el área rural la gente espera un poco más de ellas, tienen que ir a las comunidades y no tienen que ir con las manos vacías por supuesto, esto incluye el transporte, que significa un costo muy elevado, porque tienen que recorrer distancias si quieren abarcar todo el territorio. Creo que ese es el mayor obstáculo que ellas tienen, el poder desplazarse. (Magne, 2021)

La pandemia se vivió y enfrentó de diferentes maneras en cada lugar. En los sectores rurales, no todas las candidatas tuvieron la oportunidad de migrar su campaña a las esferas digitales, así que en muchos casos continuaron llevando adelante sus campañas con las limitantes de siempre.

Entendiendo este contexto, el Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de Naciones Unidas, generó espacios para visibilizar a las candidatas y dar a conocer sus perfiles. Estos espacios denominados diálogos fueron difundidos a través de redes sociales y tuvieron un alcance de transmisión que llegó a 81.000 personas. Con estos diálogos se buscó que la sociedad civil conociera a las candidatas por las cuales votarían, así como sus propuestas programáticas sobre temáticas tales como economía, medioambiente, salud, derechos políticos, violencias de género, entre otras.

En estos espacios virtuales participaron candidatas a diputadas plurinominales, uninominales y senadoras, sin embargo, la brecha digital campo-ciudad imposibilitó llevar adelante estos diálogos con las candidatas a las circunscripciones especiales, quienes se encuentran en sectores alejados, con conexión a internet limitada. En la mayoría de los casos, las candidatas del sector rural se conectan a internet a través de sus celulares, siempre y cuando tengan teléfonos inteligentes; si este es el caso, juntan dinero entre varias para comprar megas para navegar, y esto significa un tiempo limitado de conexión. Para poder visibilizar estas candidaturas, el equipo de género del Tribunal Supremo Electoral organizó dos encuentros presenciales con estas candidatas, para así poder filmarlo y compartirlo vía redes.

El 2014, el porcentaje de usuarios frecuentes de internet en zonas rurales de Bolivia fue del 26 %; sin duda, este porcentaje subió en los últimos años, sin embargo, no se cuenta con datos más recientes y disgregados por sexo. Las variables que más inciden en la conectividad a internet son, principalmente, el lugar de residencia y el sexo. Las personas que viven en el eje central se conectan más a internet y, por otro lado, son los hombres quienes tienen más acceso al mismo (Ortuño, 2016).  No existe un estudio que hable específicamente sobre la brecha digital de género, por lo que es muy difícil saber a ciencia cierta las limitaciones que tienen las mujeres bolivianas para acceder a internet, menos aún se dispone de un estudio que tome en cuenta la influencia de las intersecciones económicas, étnicas, culturales y de género en el acceso a la red.

Es evidente que las mujeres no entran a la contienda electoral en las mismas condiciones materiales que sus colegas, mas existen actores de importante peso social que tienen la posibilidad de revertir en gran medida esta situación desigual. El papel de los medios de comunicación, escritos y visuales es fundamental, estos actores pueden democratizar la política dando igual cobertura a mujeres y a hombres, y generando información que contribuya al voto ciudadano informado.

Violencia de género

La crisis política y sanitaria mostró de forma más evidente otras pandemias con las que nos acostumbramos a convivir. La violencia de género, una enfermedad social extendida alrededor del mundo, se hizo aún más evidente; los feminicidios tuvieron sus índices más altos durante los meses de encierro, evidenciando que la violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad.[1]

De igual manera, el acoso y la violencia política persistieron a pesar del distanciamiento social. Podría pensarse que el distanciamiento físico eliminaría el acoso y la violencia política que se dan en asambleas departamentales, concejos municipales, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en espacios físicos; sin embargo, los violentadores se dieron formas de seguir amedrentando a sus colegas.

Las violencias de género migraron a los espacios digitales, se expresaron sobre todo en las redes sociales, espacios abstractos donde se construyen realidades virtuales que tienen el poder de transformar e influir en el acontecer del mundo físico. Candidatas y mujeres en el ejercicio de sus funciones enfrentaron ataques vía redes sociales y vía aplicaciones de mensajería, sobre todo whatsapp. Durante el periodo electoral que coincidió con la cuarentena rígida, las denuncias de acoso y violencia política fueron relativamente pocas en relación a años anteriores.

[1] La cuarentena estricta se flexibilizó en el mes de septiembre; hasta el 17 del mismo mes, la Fiscalía General del Estado registró 86 feminicidios, 57 de estos se registraron durante la cuarentena. https://www.la-razon.com/seguridad-ciudadana/2020/09/18/suman-86-feminicidios-y-42-infanticidios-a-la-fecha-en-el-pais/. Consultado el 18 de septiembre de 2020.

El Tribunal Supremo Electoral solamente recibió dos denuncias de candidatas que identificaron estar enfrentando acoso y violencia política en línea, no obstante, ninguna de ellas quiso formalizar su denuncia por temor a las represalias. Muchas candidatas que comienzan su vida política prefieren no denunciar por temor a que su carrera política termine antes de haber comenzado. Esta no es una percepción infundada, ya que muchas mujeres que denuncian violencia son puestas en duda, lo que termina afectando su credibilidad y, por tanto, su candidatura.

Por otro lado, esta cifra demuestra que gran parte de las candidatas no relaciona el amedrentamiento y las agresiones con el acoso y la violencia política. A través de un cuestionario realizado por el Área de Género del Tribunal Supremo Electoral a candidatas de todas las organizaciones políticas en carrera, se identificó que la mayoría de ellas (64 %) reconoce haber sufrido violencias en internet, sin embargo, aún no identifican que, en su condición de candidatas, estas agresiones se llaman acoso y violencia política.

En redes sociales, el espectro de las personas que violentan a candidatas se amplía, ya no se trata solamente de sus colegas candidatos, sus suplentes o militantes de sus organizaciones políticas, sino también de la sociedad civil. En el entorno digital, la identificación y la sanción de las personas agresoras se hacen aún más complejas, pues los espacios digitales facilitan el anonimato. Gran cantidad de las agresiones provienen de cuentas falsas o de personas que no se hacen responsables de sus insultos y de su agresividad.

El acoso y la violencia política en línea se expanden con una enorme facilidad, a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería; la información se amplifica llegando a miles de personas rápidamente. Así pasó con las dos principales autoridades del país, la presidenta del Estado y la presidenta del Senado vivieron acoso y violencia política digital. El supuesto video íntimo de la presidenta del Senado se esparció por las redes como una llama imparable.

Este tipo de violencias sin visibles culpables es una agresión extrema, que contiene varias formas de violencia de género: violencia simbólica, porque más allá de ser un video es un símbolo, un mensaje que dice que las mujeres serán cosificadas, vistas como objetos, más allá de sus logros y de su trabajo; violencia psicológica, pues estas agresiones tienen un enorme impacto en la estabilidad psicológica de la víctima, en la valoración que tienen de sí mismas, entre muchas otras posibles consecuencias; y violencia política, porque pretenden anular a las mujeres, amedrentarlas, arrinconarlas y alejarlas de su cargo.[1]

En las redes, las mujeres en política tienen una libertad limitada, ya que si bien pueden expresarse, están constantemente expuestas al escrutinio social, así como al acoso y a la violencia política. La pandemia empujó a todas las candidaturas a actuar y hacer campaña en los espacios digitales y, si bien esto favoreció a muchas candidaturas, hubo muchas otras que se enfrentaron con nuevas formas de violencia.

Ante este nuevo panorama, que seguramente se replicará en futuros comicios electorales, la solución no es abandonar los espacios digitales. Todo espacio en el que están presentes las mujeres es un espacio ganado, y uno más democrático. La estrategia, por el contrario, es generar mayor presencia, pero conociendo todos los mecanismos para evitar y enfrentar cualquier forma de violencia. Uno de los mecanismos, casi intuitivo, que históricamente usan las mujeres para enfrentar el acoso y la violencia, es la construcción de redes de apoyo, mujeres apoyando a otras mujeres, práctica simple y verdaderamente efectiva en todas las esferas, pero sobre todo en la digital.

Varias mujeres organizadas y en apoyo pueden, por ejemplo, denunciar ante las plataformas, publicaciones falsas o agresivas, y pueden también brindar apoyo social y psicológico a sus colegas. El acoso y la violencia política son la expresión y la síntesis del sistema patriarcal sobre el que se construyen las instituciones políticas, sin embargo, el patriarcado es un sistema histórico, es decir, que tuvo un inicio y, por tanto, tendrá un fin, entonces es posible construir espacios políticos diferentes, libres de violencia donde las mujeres puedan trabajar en libertad.

Las tareas de cuidado se triplicaron

Según la encuesta de hogares del 2015, en Bolivia, el 14 % de los hogares son de tipo extendido, es decir, que están compuestos por la familia nuclear y otros familiares (cuñados, abuelos, tíos, entre otros). El 10,9 % de las familias bolivianas son monoparentales, en un 82 % a cargo de la madre.[2] En estos tipos de familia, el peso de las tareas del hogar recae sobre las mujeres, quienes se encargan de cuidar a los niños/as, a los abuelos/as, a las personas enfermas, cocinar, limpiar, entre otras tareas. Generalmente, dentro de los hogares nucleares estas tareas también recaen sobre las mujeres.

Según datos de Oxfam, antes de la pandemia las mujeres bolivianas dedicaban cerca de siete horas diarias a trabajos de cuidado, casi el doble que los hombres (Oxfam, 2019, p. 18); con la pandemia vino el cierre de las escuelas, la saturación de los hospitales, y para muchas el teletrabajo, esto implicó que las tareas de cuidado, que ya eran desproporcionadas, se triplicaran.[3]

Dentro de las familias extendidas, son las mujeres quienes generalmente se encargan del cuidado de las personas adultas mayores y, dada la situación de los hospitales durante la pandemia, también se encargaron de las personas contagiadas de la COVID-19. Tradicionalmente, las tareas de cuidado están distribuidas de manera desigual, pues nuestra sociedad está habituada a pensar que las mujeres tienen el deber de encargarse de todas las tareas del hogar, no obstante, es importante reconocer que estas actividades no son deber de las mujeres. De acuerdo a la economía feminista, las tareas de cuidado son la base de la reproducción social; la rueda del sistema sociopolítico y económico gira porque existen mujeres que se encargan de las tareas de cuidado; gracias a esto, los hombres pueden salir a los espacios públicos a tomar decisiones por el resto de la sociedad.[4]

Las sociedades dependen plenamente del trabajo no remunerado de las mujeres, este trabajo no es cuantificado y su aporte no es reconocido. Las sociedades no reconocen que dedicar siete o en algunos casos 14 horas a las tareas de cuidado significa menos tiempo para invertir en otras actividades y en otros deberes, tampoco se comprende las implicancias que tiene en la interacción social de las mujeres. No se suele relacionar la vida privada con la pública, pero para comprender el efecto que tiene la sobrecarga laboral en la participación política de las mujeres es preciso indagar en la problemática de las tareas de cuidado.

El tiempo como capital político

Gran parte de las candidatas son mujeres que, como muchas otras, tienen sobre ellas el peso de las tareas de cuidado sobre sus espaldas. Esto significa que tendrán menos tiempo para dedicar a sus campañas, mientras que sus colegas hombres, gracias a los trabajos de cuidado de los que se encargan las mujeres de su hogar, podrán dedicarse a tiempo completo a sus carreras políticas. Posiblemente, aquellas mujeres que puedan contratar trabajadoras asalariadas del hogar podrán contar con un margen más amplio de tiempo, sin embargo, una gran parte de las candidaturas entrará a la carrera política en condiciones desiguales.

En sectores rurales, las mujeres dedican hasta 14 horas diarias a las tareas de cuidado, entonces, ¿cuántas horas tendrán a su disposición para hacer campaña? La sobrecarga de las tareas de cuidado aleja a las mujeres de la vida político-pública y perpetúa el monopolio del poder político en manos de los hombres. Este es uno de los motivos, quizá el de más fuerza, por el cual el espacio político continúa siendo ajeno para las mujeres.

Esta ausencia de la noción de corresponsabilidad en las tareas de cuidado no solamente afecta a las candidatas, sino también a las electoras. La multiplicación de las tareas de cuidado durante la pandemia significó que las mujeres se vieran obligadas a priorizar estas actividades sobre cualquier otra, incluso sobre sus deberes ciudadanos.

En Bolivia, el voto es un derecho ciudadano; según la Ley N° 243, las mujeres tienen los derechos políticos de participar en los procesos electorales como electoras, así como tienen el derecho a ser elegidas,[5] pero también es obligatorio; entonces, dado que el Estado exige a su ciudadanía que el día de la jornada electoral se presente en su recinto a votar, también debe brindar las condiciones para hacerlo y, para esto, es imprescindible que tanto el Estado como la sociedad civil en general conozcan y comprendan las diversas situaciones que obstaculizan el ejercicio del derecho político al voto. Será urgente comenzar a comprender que roles dados a las mujeres, tales como las tareas de cuidado, implican tiempo que no podrán invertir en otras responsabilidades e intereses.

El día de la jornada electoral, el Tribunal Supremo Electoral recibió denuncias y preguntas del electorado; del 100 % de las consultas registradas, el 21 % fueron hechas por mujeres que consultaron si tener un bebé lactante podía ser una excusa para no votar o para no ser juradas electorales. Lastimosamente, no se considera que esta práctica implique tiempo y cuidados y que, por tanto, podría ser considerada como una excusa para no ser jurado electoral, e incluso, en un contexto de pandemia, para acceder al voto preferente. Una madre lactante no podrá ser jurado electoral a menos que se le permita ir con su bebé y que se le brinde condiciones para estar en un mismo lugar durante ocho horas.

Este es solo un ejemplo de las barreras reales con las que se enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos. Estas limitaciones aún no son comprendidas y, por tanto, no son tomadas en cuenta. Pero, ¿por qué no reconocemos que el peso de las tareas de cuidado influye en otras esferas de la vida? La autora y militante Silvia Federici indica que esto se da porque el trabajo doméstico es invisibilizado, no es reconocido como tal, y su aporte económico no es cuantificado en las arcas de los Estados.

En un contexto electoral y de pandemia, se hace evidente que las tareas de cuidado no solamente tienen un valor monetario, sino que también tienen un coste sociopolítico. El tiempo es un capital político, y quien cuente con este capital tendrá mejores condiciones para participar en las esferas político partidarias. Contar con tiempo es una ventaja y, según datos de Oxfam, los hombres tienen el doble del tiempo que las mujeres, por tanto, tienen una considerable ventaja en el campo político.

Para que hombres y mujeres ingresen a una carrera electoral en igualdad de condiciones, será necesario que se planteen planes de contingencia con perspectiva de género que contemplen las problemáticas y barreras específicas que enfrentan tanto candidatas como electoras en un contexto electoral atravesado por una pandemia. Se debe plantear medidas diferenciadas para asegurar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho político al voto y a la participación en las esferas políticas en igualdad de condiciones.

Hoy, más que nunca, se debe comprender que lo personal es político; todas las mujeres tienen el derecho político a estar involucradas directa o indirectamente en la conducción y gestión del Estado, pero hasta ahora esto no es plausible dadas las desigualdades que se dan también en lo privado. La democratización de los cuidados significará, por tanto, la democratización de los espacios políticos. Para tener un mayor número de mujeres en los espacios del poder político y para asegurar su participación será necesaria la redistribución equitativa de las tareas de cuidado.

[1] Cf. Ley N° 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de acoso y violencia, 9 marzo, 2013.

[2] https://www.ine.gob.bo/index.php/455-de-hogares-en-bolivia-son-de-tipologia-nuclear-completa/. Consultado el 25 de noviembre de 2020.

[3] El coronavirus triplica el “rol de las mujeres”. https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200422/opinion.php?n=5&-el-coronavirus-triplica-el-rol-de-las-mujeres. Consultado el 7 de diciembre de 2020.

[4] Según la economía feminista, la economía del cuidado se refiere al espacio donde la fuerza de trabajo se reproduce y mantiene.

[5] Cf. artículo 6, Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012.

Bolivia atravesó una fuerte crisis política y una pandemia que continúa vigente; en este escenario se presentaron barreras coyunturales y las estructurales se hicieron más evidentes. A razón de la pandemia, las candidatas no contaron con fondos de fortalecimiento público para hacer campaña y, dadas las medidas de distanciamiento social, tampoco pudieron hacer campaña puerta a puerta, lo que disminuyó su presencia en los espacios públicos.

Los medios de comunicación escrita y visual, por su parte, enfocaron su cobertura en la pandemia y en las candidaturas de los binomios presidenciales. Más allá de algunas excepciones, las candidatas no fueron visibilizadas por los medios de comunicación. Este es un problema significativo, porque implica que la ciudadanía no conoce a sus candidatas y, por tanto, no sabrá por quién está votando, más allá del binomio presidencial. Esto, sin duda, es un obstáculo para ejercer otra parte fundamental de la democracia representativa, el control social.

El hecho es que la sociedad civil tampoco exige conocer a las candidaturas de las listas, y esto demuestra que aún no se comprende la importancia de conocer la visión de las y los representantes. Finalmente, es en el poder legislativo donde se plantean normativas y políticas que afectan profundamente la vida de la ciudadanía. Es fundamental que la ciudadanía comience a exigir la visibilización de candidaturas, sobre todo de mujeres, quienes ocupan un espacio marginal en las esferas políticas.

Esta pandemia también enfrentó a la sociedad con barreras estructurales, que históricamente limitaron la entrada de las mujeres a la arena política. A pesar del distanciamiento social, tanto candidatas como representantes electas continuaron enfrentando acoso y violencia política, máxima expresión del temor patriarcal de perder el monopolio del poder político. Dado el escenario, las candidatas se vieron obligadas a migrar su campaña a los espacios digitales, y las violencias también lo hicieron; las candidatas enfrentaron nuevas formas de violencia, con un fuerte contenido de violencia psicológica y simbólica, que pretendieron alejarlas de la política a través del escarnio público.

Quizá una de las barreras estructurales más antiguas fue la que permitió ver que, sin duda alguna, lo personal es político. Con la pandemia, las tareas del hogar se triplicaron y, como consecuencia, las candidatas tuvieron menos tiempo para dedicar a su campaña y las votantes se encontraron con más obstáculos para ejercer su derecho político al voto. Aun así, las mujeres salieron a votar y las candidatas hicieron campaña autofinanciada en la mayoría de los casos. Pero hoy, se hace evidente la necesidad de comprender que la democracia es una proyección y una reproducción de lo íntimo, las problemáticas que se presentan son reflejo de cuestiones irresueltas en lo privado.

Además, el pensamiento político predominante es patriarcal, porque el patriarcado es uno de los sistemas políticos que más ha marcado las tradiciones del Estado. Liberarse paulatinamente del predominio de este sistema sobre el pensamiento político social implicará transformaciones más allá de lo político formal, sino también en los espacios íntimos. La corresponsabilidad de las tareas de cuidado es solamente una de las cosas que podría transformar la experiencia de las mujeres en los espacios político-públicos.

Antes de finalizar, es preciso señalar lo elemental, las mujeres entran a los espacios políticos en una relación de desigualdad, sus colegas no solamente tienen mayores posibilidades de acceder a fondos para hacer campaña, sino que también poseen el capital del tiempo, que les permite enfocarse plenamente en su vida política. Más allá de lo básico, también es importante tener en cuenta que existen intersecciones que deben ser contempladas. Lo que enfrentan las mujeres de comunidades indígenas que, en su momento, se encapsularon por la pandemia, no es lo mismo que viven las candidatas y electoras de las ciudades. La democracia intercultural debe contemplar las intersecciones y reconocer las diferencias para plantear medidas y normas diferentes para grupos en situaciones más vulnerables.

Las medidas de acción positiva que aseguran la presencia de las mujeres en todos los espacios son fundamentales, pero también son urgentes medidas integrales, basadas en el entendimiento de que lo público y lo privado son parte de una realidad plenamente ligada. En este sentido, la generación de políticas y, en lo electoral, de medidas para equiparar las condiciones y oportunidades con las que entran mujeres y hombres al ámbito político son necesidades urgentes.

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