Acoso y violencia política en línea contra mujeres candidatas y electas

Bernarda Faviana Sanabria Tovar

Resumen

El proceso electoral 2020, marcado por altos índices de violencia y por mayor interacción social a través de internet, fue escenario de campañas de desprestigio y la propagación de discursos de odio hacia las mujeres candidatas y electas: se difundieron imágenes personales sin consentimiento, recibieron una serie de insultos y amenazas, fueron víctimas de suplantación de identidad y de comentarios racistas y sexistas. Por ello, se llevó a cabo un estudio con el objetivo de visibilizar el acoso y la violencia política contra las mujeres en redes sociales, a través del análisis de perfiles en Facebook y Twitter de mujeres candidatas, y los resultados de una Encuesta dirigida a mujeres políticas. Además, se realizó un análisis cualitativo de perfiles y páginas en Facebook de mujeres candidatas que sufrieron violencia digital, y de los testimonios de algunas candidatas.

Palabras clave interactivas:

Bolivia es el tercer país a nivel mundial, después de Ruanda y Cuba, que alcanzó la representación paritaria de mujeres en los espacios legislativos, en todos los niveles descentralizados; esto quiere decir: Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales y Concejos Municipales.

La instalación de la Paridad y Alternancia como norma de cumplimiento obligatoria[1] ha modificado sustancialmente la representación política en la composición por sexo, y se trata de un avance ganado por las mujeres diversas como sujetas históricas de lucha, en pro de la profundización de la democracia y la ampliación de la participación política, como un derecho de representación ciudadana público/colectiva. Sin embargo, a mayor participación de las mujeres en el espacio político-público, mayores son las expresiones de Acoso y Violencia Política (AVP) que limitan el alcance de la paridad como sistema de inclusión y el principio de igualdad en la representación política. Si bien los sistemas políticos son normados legalmente por principios de igualdad y equidad, en la realidad continúan siendo dominados por prácticas patriarcales.

El sistema patriarcal busca preservar la hegemonía de una masculinidad estereotipada, que nace y deriva en relaciones de poder desiguales; los móviles para mantener esa estructura hegemónica son los actos y conductas de acoso y violencia contra las mujeres. Al ser transgredido un espacio tradicionalmente masculino –como el sistema político–, el acoso y la violencia política (AVP) se imponen como acciones regulatorias contra todo aquello que atente con las relaciones de poder dominadas por los hombres.

El AVP pone en riesgo la vida de las mujeres en las arenas políticas, vulnera sus derechos políticos, deteriora el sistema democrático intercultural y pone en riesgo la democracia paritaria y todo lo que conlleva la batalla ganada. En ese sentido, en 2012, se sancionó la Ley  N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, que tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos que limiten el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Es cierto que existen medidas puntuales para eliminar las desigualdades e instalar principios de equidad y oportunidad para las poblaciones vulnerables, como ser las mujeres, sin embargo, estas se enfrentan a estructuras sólidas e históricas. Lamentablemente, a este escenario, en 2020, se suman:

– La crisis social y política, caracterizada por fracturas socioculturales que han naturalizado los discursos de odio y son justificadas por la polarización política, en un periodo electoral cargado de susceptibilidades, inseguridades, hostilidad y miedo.

– La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, que ha profundizado las desigualdades ya existentes, afectando a hombres y mujeres de manera diferenciada, incrementándose los casos de violencia hacia las mujeres debido a las medidas de confinamiento.

En el proceso electoral de 2020, marcado por altos índices de violencia y por mayor interacción social a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería en línea, se identificaron campañas de desprestigio y la difusión de discursos de odio a través de Facebook, Twitter y WhatsApp (principalmente), donde las mujeres candidatas y electas fueron el blanco. Diferentes organizaciones, instituciones y usuarias/os de dichas redes sociales denunciaron públicamente, por medio de publicaciones en sus cuentas personales o páginas, la serie de ataques que recibieron las mujeres insertas en la arena política formal: se compartieron imágenes personales verdaderas y falsas, sin consentimiento, que dañaron la dignidad de las mismas, recibieron una serie de insultos y amenazas intentando persuadirlas de renunciar a sus candidaturas y al ejercicio de sus funciones (en el caso de mujeres electas y designadas), fueron víctimas de suplantación de identidad en las redes sociales y blanco de comentarios racistas y sexistas en sus páginas y perfiles personales, así como en grupos con alta interacción de usuarios.

Si tenemos la firme convicción de defender el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la política y en todos los ámbitos, y, al mismo tiempo, si el compromiso con la profundización de la Democracia Intercultural y Paritaria está presente, no podemos dejar pasar por alto este tipo de ataques, que son acoso y violencia política, que inhiben la voz pública de las mujeres, coartan la libertad de expresión e impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos.

[1] Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional – 2010 y Ley 026 de Régimen Electoral – 2014.

Metodología

El objetivo de este estudio es visibilizar el acoso y la violencia política contra las mujeres en redes sociales, por medio de la relevación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos que permitan determinar la naturaleza de los ataques, su escala y las posibles consecuencias del abuso en línea que sufren las mujeres insertas en la arena política. Para ello, se llevó a cabo un análisis cuantitativo de la base de datos elaborada por Wilmer Machaca[1] y se seleccionaron y estudiaron 351 perfiles en Facebook y en Twitter de mujeres candidatas a la presidencia, vicepresidencia, senaduría, circunscripciones uninominales, plurinominales, supraestatal y especial. Los perfiles estudiados corresponden a mujeres de 24 a 66 años de edad de todo el país y de todas las organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral: ADN (7), CC (81), CREEMOS (69), FPV (22), LIBRE 21 (36), MAS IPSP (89) y PANBOL (47).

Además, junto a los equipos de SOS Digital[2], la Fundación InternetBolivia.org y Asuntos de Sur – Proyecto SISA[3], se realizó una encuesta sobre violencias digitales a mujeres en la política, llegando a 63 mujeres políticas de 22 a 55 años de edad, de ocho departamentos del país (exceptuando a Pando). Así mismo, a través de un análisis cualitativo se estudió a profundidad 34 perfiles y páginas en Facebook de mujeres candidatas que sufrieron una serie de ataques entre agosto y octubre de 2020, y los testimonios de cuatro candidatas sobre su percepción y experiencia con el acoso y violencia política en redes sociales.

[1] Estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Salesiana de Bolivia. Fue miembro del Movimiento Indianista Katarista (MINKA), activista de la plaza de los Héroes entre 2000 y 2005 y dirigente universitario entre 2008 y 2012. Actualmente, es ciberactivista en temas de indianismo, katarismo e indígenas, miembro del Foro de Autonomías y Poder Local de Sociología y administrador del portal virtual Jichha.

[2] Cielito Saravia y Lu Ann Méndez, SOS Digital.

[3] Georgia Rothe y Cora Ruiz, SISA Mujeres Activando de Asuntos del Sur.

Acoso y violencia política contra las mujeres en las redes sociales

La violencia contra las mujeres es reconocida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) como las violencias dirigidas contra la mujer, porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada, constituyendo una violación de sus derechos humanos. El concepto está relacionado a sus causales y sus repercusiones, por ello, se trata de un problema social y no individual, y no es equivalente a otras formas de violencia (2017). Por su parte, la normativa nacional reconoce la violencia contra las mujeres “como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer” (Ley N° 348, 2013).

Asimismo, la Ley N° 243 (2012) tipifica el acoso y la violencia política contra las mujeres a partir de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas (acoso), acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o un grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Las violencias digitales, de acuerdo al Observatorio de violencia de género en medios de comunicación de México, son violencias y agresiones que se perpetran a través de medios digitales, tales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, como amplificación de las violencias machistas que se viven fuera del mundo online (OVIGEM, 2020). El acoso digital contra las mujeres es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a las mujeres, con el objetivo de mantener las relaciones asimétricas de poder usando las redes sociales y plataformas de mensajería.

De acuerdo a la normativa boliviana, que reconoce el acoso y la violencia política contra las mujeres y los conceptos que reconocen las violencias en línea, el AVP en línea son: conductas y acciones violentas instigadas por el uso de herramientas en redes sociales con el objetivo de reforzar las barreras para la participación político-pública de las mujeres, causando daño en lo personal (a la persona agredida) y público (en la participación y representación política de las mujeres).

El Área de Género del Tribunal Supremo Electoral – TSE registró de 2016 a octubre de 2020: 144 denuncias y 51 renuncias por AVP, de las cuales cuatro corresponden a renuncias de candidatura (TSE, 2020). Los actos y conductas de AVP se recrudecen y cambian de mecanismos en función al contexto social, sanitario y político. Debido al distanciamiento social como medida obligatoria de prevención y para aplanar las curvas de contagio de la COVID-19, el uso de medios digitales y en línea se incrementó de manera exponencial, así como los mecanismos de invisibilización y limitación a los derechos políticos de las mujeres manifestados por medio de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, montando ataques que no son reconocidos directamente como AVP y que, en muchos casos, están ocultos tras identidades falsas, haciendo más difícil su seguimiento y atención.

Las agresiones en las redes sociales y plataformas de mensajería en línea no son simples ataques aislados (causales), sino que se trata de mecanismos que tienen la capacidad de llegar a miles de personas de todo el mundo en un periodo corto de tiempo; potencian narrativas discriminatorias, racistas, sexistas y violentas; sus efectos son visibles en tiempo real, por tanto, las estrategias son cambiadas de acuerdo a los objetivos trazados; además, resulta económico para la cantidad de información que se difunde (repercusiones). El acoso digital comprende comportamientos repetitivos que buscan atemorizar, enfadar o humillar a las mujeres, con el objetivo de alejarlas de la esfera pública o política (OEP et al., 2020). Se trata de mecanismos que responden a un orden social impuesto, tienen la finalidad de silenciar y eliminar a las mujeres de la política formal. Además, estas agresiones pueden trascender al espacio público físico, poniendo en riesgo la vida de las mujeres y de su círculo inmediato, atentando en contra de los derechos humanos y su ejercicio, poniendo en riesgo la Democracia Paritaria y la lucha ganada para la incorporación de las mujeres en igualdad y equivalencia de oportunidades.

Los discursos de odio sostienen y legitiman la desigualdad, discriminación, violencia, estigmatización e invisibilización (OEA, 2011). La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo y se presenta en diferentes espacios de interacción social, está basada en roles y estereotipos de género y usa como móviles el acoso y la violencia; en ese sentido, el acoso y la violencia política contra las mujeres en línea es una extensión de la discriminación sistémica que se ha filtrado al entorno digital. Las redes sociales son herramientas de interacción valiosísimas en la política, por la capacidad de movilización y difusión de ideas, actividades y propuestas; sin embargo, hoy se constituyen como espacios hostiles para las mujeres en general y, en específico, para las mujeres en la política se han convertido en espacios donde las narrativas violentas recobran fuerza y lo políticamente correcto es refutado y hasta olvidado.

De acuerdo a las respuestas obtenidas a través de la Encuesta sobre violencias digitales a mujeres en la política, la red social más usada a nivel personal y para hacer campaña política es Facebook, y el 60 % de las mujeres enfrentó AVP durante este o algún otro periodo electoral (gráfico 1) y el 64 % de las mujeres encuestadas ha sufrido violencias en redes sociales y plataformas de mensajería en línea (gráfico 2). Es decir, que más de la mitad de las mujeres en la política han sido víctimas de AVP y un número mayor de mujeres ha recibido ataques a través de redes sociales.

Asimismo, en las entrevistas realizadas, se identificó que si bien la mayoría de las mujeres recibieron ataques a través de las redes sociales durante periodos electorales, en muchos casos no son identificados como acoso y violencia política, pues los actos y conductas agresivas no mencionan necesariamente su condición de mujer en la política, sino más bien, en muchos casos están más relacionados a rasgos corporales juzgados a partir de estereotipos de belleza hegemónica. Sin embargo, a partir del análisis de los perfiles en Facebook (100 % de las mujeres usan esta red para hacer campaña política), los ataques a través de comentarios son interpuestos en publicaciones relacionadas al perfil político de las mujeres, es decir, las publicaciones que muestran las ideas, propuestas o la imagen de las mujeres en la política reciben comentarios con discursos de odio.

– Las formas de AVP en redes sociales

La encuesta en línea reveló que las mujeres en la política han sufrido diversos tipos de abuso y acoso en las redes sociales, la mayoría ha sufrido violencia psicológica, poco más del 10 % sufrió violencia económica/patrimonial y el 5 % no puede identificar qué tipo de violencia enfrentó.

Por otro lado, como vemos en el gráfico 3, solo el 2 % reconoce haber sufrido violencia política. Sin embargo, los insultos, amenazas, contenidos de odio y discriminación, el acoso sexual y todos los actos y conductas que violenten psicológicamente a las mujeres en la política son acoso y violencia política, como se muestra en la tabla a continuación:

Las agresiones en las redes sociales son agresiones en el espacio público y tienen dimensiones preocupantes por el alcance que se mencionó y por el nivel de exposición al que se enfrentan las mujeres en política, basadas en agresiones, amenazas y calificaciones estigmatizadas en función a los roles y estereotipos de género impuestos por el sistema patriarcal (Amnesty International, 2018). Las agresiones generalmente se interseccionan; por ejemplo, las campañas de desprestigio pueden estar cargadas de amenazas con agresiones físicas, con secuestros de cuentas y suplantación de identidad, y, al mismo tiempo, con contenidos exigiendo la renuncia de la candidata o autoridad electa.

Por otro lado, las agresiones en redes sociales hacia las mujeres están cargadas de estereotipos, relacionadas a condiciones físicas, a la edad, a la identidad de género y/o racial, estereotipos de belleza, etc., siempre con la intención de desvalidar e invisibilizar a la víctima como mujer política, reduciéndola a modelos y patrones patriarcales, tratando de ligarlas inevitablemente con su condición de madre o esposa, y, en muchos otros casos, los insultos están relacionados a contenidos sexuales.

AMENAZAS
DOXING
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES PRIVADAS
CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN
ACOSO SEXUAL

Los ejemplos expuestos en la tabla 2 son comentarios en los perfiles personales y páginas de Facebook de mujeres candidatas en las Elecciones generales 2020; estos responden generalmente a imágenes de las candidatas con alguna descripción de eventos en los que participó o participará, propuestas o ideas en su condición de mujer política, o extractos de entrevistas o conversaciones que tuvo.

Por medio del análisis de los perfiles de las candidatas, se encontró que las publicaciones de candidatas en redes sociales reciben más reacciones positivas a las publicaciones que hacen, sin embargo, el 20 % de este universo recibe constantemente ataques en sus páginas personales y en sus páginas públicas, incluyendo las reacciones de burla. El “me divierte” es una reacción en la tabla de posibilidades en un comentario o publicación, se trata de un emoji animado que ríe cada vez que se desliza el cursor sobre él. Constituye un mensaje directo a las candidatas ante la publicación de sus propuestas, ideas, etc., lo cual solo les parece divertido a las y los usuarios de Facebook; es decir, es un mecanismo de burla y desvalidación de los contenidos que las candidatas intentan difundir en el espacio público (ver gráfico 4).

– Disparadores del AVP en redes sociales

El problema del acoso y la violencia en línea está presente en todo el mundo, tanto en la política como fuera de ella. El número más alto de víctimas corresponde a mujeres de todas las edades, que publican contenidos que transgreden las normas sociales impuestas, cuyas acciones diarias van en contra del sistema patriarcal. Las víctimas representan una amenaza a las estructuras de poder vertical que benefician a la masculinidad heteronormada.

A través de investigaciones realizadas en distintos países, Amnistía Internacional ha dado cuenta de patrones de reacción violentos hacia las mujeres en las redes sociales. Una encuesta realizada en ocho países[1] a fines de 2017 reveló que 23% de las mujeres consultadas había experimentado abusos o acoso en Internet al menos una vez. Entre ellas, el 46% dijo que esos abusos o acosos habían sido de naturaleza misógina o sexista y el 41% expresó que al menos en una ocasión estas experiencias habían hecho que sintieran su integridad física amenazada. (Amnesty International, 2018)

Sin embargo, es necesario resaltar que en Bolivia los niveles de violencia en las redes sociales, según lo estudiado (ver gráficos 1 y 2), superan el 50 % del universo de mujeres. Las redes sociales son espacios que se han convertido en centros de información y comunicación que permiten visibilizar los ideales, propuestas y acciones de las mujeres en política posibilitando la construcción redes y vínculos a través del acercamiento y el intercambio de ideas y comentarios con la sociedad civil, que representa una base sólida en el principio de la representación. Pero más allá de todas las posibilidades y los fines positivos para los cuales las mujeres usan las redes sociales, se trata de un espacio fértil para reforzar las desigualdades de género y las formas de discriminación arraigadas en estructuras patriarcales.

El Relator Especial sobre la promoción de la libertad de expresión, David Kaye, expresó:

Internet debe ser una plataforma para que todos puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, pero el abuso y la violencia de género en línea ataca los principios básicos de igualdad bajo derecho internacional y libertad de expresión. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2017)

Los estereotipos de género limitan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y son parte de la dinámica social e interpuestos en las redes sociales y canales de mensajería, manifestados en publicaciones violentas y abusivas; es decir –una vez más–, se trata de un problema social y no individual, que afecta a los derechos humanos.

Los datos muestran que algunas de las características de las redes sociales son la inmediatez, la difusión y la posibilidad del anonimato, además de que no existe un único patrón de abuso en línea, por ello, a continuación, se desarrollan algunos disparadores de las conductas de AVP en redes sociales.

1. Por su condición de ser mujer

Las agresiones que se originan en la misoginia están intrínsecamente relacionadas a la hipersexualización, estereotipos de belleza y roles, así como con estereotipos de género. Los contenidos sexistas y misóginos caracterizan a los comentarios que reciben las mujeres políticas en sus redes sociales, donde se suele utilizar un lenguaje obsceno y generar insultos y agresiones.

A continuación, se transcribe parte de una entrevista realizada a Lourdes Montero:

Un primer ataque tiene que ver a la autoestima en general, es decir “no sabe (…) habla estupideces (…) quién es ella (…) ”es como hacerles sentir a ellas invitadas a un espacio al que no pertenecen y ese es un ejercicio sobre todo de pasillo en las organizaciones políticas. Permanentemente hay un cuestionamiento a que ellas están aquí sólo por las cuotas, o sea como si la ley las hubiera privilegiado y “bueno pues qué vamos hacer, pero ahora tienen que demostrarnos que lo merecen”, entonces están permanentemente bajo el cuestionamiento de si lo hace bien o lo hace mal, tratando de demostrar. Y eso genera en la mujer un estrés muy muy fuerte, porque ellas sienten que para hacer una intervención tienen que prepararse mejor, para pedir la palabra tienen que pensar diez veces qué van a decir. Sienten que no pueden cuestionar a ciertos liderazgos. (Entrevista a Lourdes Montero, OXFAM)

[1] Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca y España.

Muchas veces, las agresiones misóginas en redes sociales no tienen nada que ver con el contenido que están comentando, y los procesos son circulares y repetitivos; en ocasiones se trata de una o tres cuentas (de personas reales o ficticias – trolls) que se dedican a poner el mismo comentario en diferentes publicaciones de la misma candidata (acoso dirigido que tiene el objetivo de humillar y provocar angustia). En otros casos, los agresores vierten el mismo comentario en publicaciones de diferentes perfiles o páginas, es decir, copian y pegan el comentario en publicaciones de la candidata o electa A, luego B, luego C, etc.; su intención está inmersa en la provocación de comentarios en la misma línea. Pareciera que un primer comentario negativo da permiso a otros usuarios para continuar con las agresiones.

Las agresiones que parten de la condición de mujer de las candidatas están enfocadas a disuadir a las mujeres en su participación político–pública, tratando de limitar su derecho a la participación y mantener los parámetros patriarcales del sistema político, provocando la caída del apoyo popular. Los contenidos tienden a estar cargados de odio y de estereotipos de género, en cuanto a cómo deberían lucir y actuar las mujeres.

Al respecto, una candidata agregó:

(…) todos estos años que me cuidé y he evitado todo, simplemente por un video filtrado que no tenía absolutamente nada que ver con mi candidatura me han juzgado, y lo más difícil fue creer que haya sido uno de mis contactos de WhatsApp, que lo haya hecho con esa mala intención de hacerme quedar mal como candidata y como mujer. (Candidata de 23 años)

Los mensajes con contenido misógino y sexista no solo se presentan de forma escrita; se incluyen videos, fotografías, collages, etc., y son viralizados con etiquetas relacionadas a la “buena o mala” mujer que es la candidata y/o autoridad. Según datos de la encuesta, 10 % de las mujeres candidatas afirman que alguna persona allegada compartió cosas íntimas suyas sin su consentimiento; una situación que afecta a mujeres de 22 a 55 años de edad a mujeres que viven en centros urbanos y zonas urbanas periféricas.

1. Por diferencias generacionales

Las violencias que atraviesan las mujeres son diversas, tanto en su origen como en su impacto, y están determinadas por estructuras de dominación, apoyadas en modelos de discriminación en razón de género y generacional. En ese sentido, cuando hacemos énfasis en espacios históricamente adultocentristas y masculinizados, entendemos que las formas de discriminación operacionalizadas en acoso y violencia política tienden a incrementarse cuando las candidatas y las mujeres electas son jóvenes.

Las mujeres de todas las edades usan las redes sociales (en especial Facebook), tanto a nivel personal, es decir, como medio de interacción con sus allegados y allegadas, así como a nivel político, como medio para visibilizarse, difundir sus propuestas, ideales y su candidatura, y para estar más cerca de la población electoral. Según la encuesta, el 64 % de las mujeres han sufrido acoso en internet a través de las redes sociales; según el análisis de perfiles y páginas en Facebook, los rangos de edad que reciben más ataques son: de 29 a 35 años, y de 46 a 50 años.

La violencia de género y generacional “se ha configurado sobre la base de un conjunto hegemónico de significados, valores y percepciones del mundo. El predominio de ciertos significados es indiscutible” (UNESCO, 2014) en la narrativa y la dinámica social apoyada en estructuras de dominación en razón de género y generacionalmente. Como se mencionaba, las redes sociales son una extensión de la realidad física en la que se desenvuelven las relaciones sociales; el precepto que se tiene de los espacios públicos y privados está determinado por conceptos que solidifican relaciones desiguales. Por otro lado, las redes sociales se constituyen como un permiso inmune en el que las interacciones sobrepasan las normas y políticas de cumplimiento obligatorio en pro de los derechos humanos y de la disminución de las brechas existentes.

Es entonces cuando la desvalidación de las mujeres jóvenes en la política se plasma en comentarios y contenidos que son compartidos en redes sociales, siempre marcados por ataques violentos y con la misión de dar el mensaje de que “las mujeres no pertenecen a este espacio”. Al respecto, se destaca lo siguiente:

(…) si bien las mujeres jóvenes evidentemente tienen un espacio ganado por las mujeres que han luchado por tener medidas especiales que realmente han revindicado su visibilización en los espacios políticos; no están exentas de todas estas prácticas y todos estos escenarios que son dañinos para todas las mujeres en general, muchas veces incluso que pueden ser afectadas en diferentes niveles, su cuerpo, su propia sexualidad que evidentemente están sujetos a estas normas patriarcales y que son discriminatorias. (Entrevista a Ivanna Fernández, coordinadora de Gobernanza y Participación – ONU Mujeres)

La narrativa apoyada en un adultocentrismo exige que las mujeres jóvenes que se insertan a la política estén en alerta constante, para no cometer errores, para no ser juzgadas por su experiencia y para no mostrar perfiles “débiles”, pues tal como está configurado el sistema de la política en el imaginario social, se trata de un espacio hostil, del que solo las valientes pueden ser parte. Esta naturalización de la violencia está mucho más centrada en medir la capacidad de las mujeres, pero no como representantes (que es a partir de esta condición que deberían ser consideradas), sino como mujeres cargadas de roles y estereotipos que deben cumplir en la sociedad; las mujeres son objetadas como mujeres jóvenes, no como sujetas políticas. Por otro lado, la narrativa de discriminación hacia las mujeres adultas mayores está marcada también por roles y estereotipos ligados al espacio privado, como su rol reproductivo, de esposa y madre, y calificado por dimensiones conservadoras y religiosas, se usan recursos como el sacrificio, de lo dulce que debería ser, etc.; a través del análisis de perfiles en Facebook, se ha detectado que no solo las mujeres jóvenes son atacadas por su edad, sino también las mujeres de mayor edad.

Una de las expertas explica que las mujeres atraviesan por más de una discriminación, que se rigen a normas falocéntricas que pretenden cosificar a las mujeres. Estas normas hipersexualizan a las mujeres (en el caso de las jóvenes) o las desexualizan (en el caso de las mujeres adultas mayores) con la finalidad de asignarles un rol funcional a sus percepciones y necesidades:

A las mujeres mayores como ya no se las considera como “objetos sexuados”, las agresiones no se sostienen en la cosificación, en cambio a las jóvenes sí que se las hipersexualiza considerándolas a partir de la cosificación y ahí la violencia simbólica se reproduce de otra manera. (Entrevista a Belén Zamora, especialista en Gestión de Programas – ONU Mujeres)

Es así, que podemos concluir en este punto que las agresiones, además de ser heteronormadas, discriminatorias en razón de género y generacional, son sumamente falocéntricas, y que las mujeres dentro y fuera de la política atraviesan por más de una violencia y formas de discriminación. Lo que nos lleva a analizar y entender por qué una temática disparadora para las agresiones en las redes sociales es el “ser feminista”.

1. Por ser feminista o defender el derecho a una vida libre de violencia

Las luchas sociales por la igualdad y la equidad, el reconocimiento de derechos y las acciones por ejercicio pleno de los mismos son impulsadas desde movimientos sociales y colectivos organizados en torno al activismo. El activismo feminista “supone acción permanente, movilización, dinamismo y un compromiso incondicional con la defensa de sus principios”  (OXFAM Intermón, 2020). Los principios son diversos, aunque todos buscan sociedades justas, igualitarias y equitativas.

Las luchas feministas y los activismos feministas no son recientes, de hecho, todos los derechos que hoy gozamos las mujeres se deben a mujeres feministas que transgredieron las normas sociales y jurídicas que situaban sistemáticamente a las mujeres en desventaja y subordinación. Al tratarse de movimientos transgresores de estructuras dominantes, son blanco de agresiones físicas, psicológicas y hasta sexuales. De un tiempo a esta parte, las redes sociales se han convertido en plataformas de odio hacia las mujeres en general y hacia las activistas feministas en específico.

Los comentarios y contenidos dirigidos a mujeres en la política que reafirman que son feministas o cuyo discurso tiene contenidos relacionados a la igualdad, equidad, derechos de las mujeres, postulados feministas, denuncias por violencia contra las mujeres, etc. están cargados de acoso sexual como mecanismo regente de las normas sociales patriarcales. Según Wigley, la “ley del padre” es una estructura arquitectónica normada por un orden patriarcal, que encierra dentro de sí la sexualidad de la mujer, por medio de la intersección de un sistema espacial y un sistema de vigilancia (Stephenson, 1997); cuando las mujeres salen del sistema espacial que se les ha asignado y, además, irrumpen con el orden impuesto por una norma hegemónica de dominación, el sistema de vigilancia se activa a través de las violencias; una de ellas, y de hecho la más representativa del falocentrismo, es el acoso sexual, que busca mantener el orden vertical que vulnera/somete a las mujeres y refuerza los privilegios masculinos, de los cuales nace y se justifica este acoso:

(…) desde el anonimato te manden fotos de penes, que es parte de un acoso sistemático, yo lo identificaba claramente con mi posición política. Estas fotos venían con mensajes de ese estilo, haciendo referencia a mis ideales y mandándome amenazas. (Candidata de 27 años)

El acoso sexual expresado en contenidos escritos, imágenes, audiovisuales, etc. es usado contra aquellas mujeres que “son malas” y que necesitan orden.

(…) en Bolivia tenemos una tensión moderna y premoderna, es decir, hemos ido aceptando algunos derechos de las mujeres, pero todavía no tenemos las condiciones sociales para aceptar el ejercicio de sus derechos. “Los valores de la familia” desde un enfoque conservador sobre el rol de una buena mujer y lo que debe hacer una buena mujer están muy anclados en nuestro sentido común y tendemos a juzgar mucho a las sujetas políticas a partir de esos imaginarios sociales. (Entrevista a Lourdes Montero, OXFAM)

Los comentarios identificados etiquetan a las mujeres de “prepotentes”, “traidoras”, “carimachos”, etc., y ponen en evidencia el miedo que se tiene en relación a sociedades libres, justas, igualitarias y equitativas.

Discursos racistas

Los discursos abiertamente racistas no son los más frecuentes en Facebook, haciendo referencia específica al campo estudiado; sin embargo, aquellos contenidos que se encontraron, fundados en racismo y discriminación, siempre parten de una alteridad y desde un léxico negativo. Van Dijk (2009) dice que la interacción social transcurre en un “Cuadrado Ideológico” en el que el discurso racista acentúa generalmente nuestras cosas buenas y sus cosas malas, y atenúa, nuestras cosas malas y sus cosas buenas

Los comentarios también están relacionados al control de lo que “debería ser” una mujer de acuerdo a su origen. Aunque muchas veces estos contenidos rectores están también ligados a reivindicaciones sociales, representados por posiciones político partidarias, no es menos cierto que son contenidos que intentan coartar la libertad de las mujeres y, al mismo tiempo, limitarlas a un molde que la sociedad espera, sin tomar en cuenta sus ideales y propuestas, sino más bien tratando de quitar voz, provocando anulación en el espacio público físico y virtual.

Por otro lado, ese principio de vigilancia tiende a justificar las violencias y quitarles impacto; el argumento radica una vez más en precautelar un orden hegemónico, en el que las disidencias son castigadas por medio de la violencia física y psicológica. Estas actitudes ponen en riesgo la vida de las mujeres insertas en la arena política y de sus allegados y allegadas, familiares, madres, hijas e hijos, porque las amenazas y agresiones además tienden a revelar información privada sin consentimiento y la víctima es amenazada con el daño a ella o sus familiares y presionada a renunciar.

(…) te insultan te dicen disfrazada, te dicen falsa indígena, que eres una traidora, cómo vas a estar en un partido que no sea el nuestro; pero donde más hay amenazas y también denigración es en los grupos de WhatsApp, los hombres generalmente me dicen sólo su partido puede representar a la pollera o al indígena ningún otro partido se puede representar la lucha y de esa manera van incitando a la gente también, para que te insulten y te agredan. (Candidata de 52 años)

Con los ejemplos expuestos, visibilizamos el dominio estructural que también existe en internet a través de las redes sociales como expansión de los espacios de interacción social físicos. El dominio estructural se refiere a las instituciones sociales, la disciplina a las técnicas de vigilancia, la instalación hegemónica a la cultura e ideología imperante y las relaciones interpersonales verticales. Estos dominios son transversales, pero además, en todos ellos se producen sistemas de poder y de desigualdad, dentro de los cuales los personajes pueden asumir a la vez el papel de opresores u oprimidos (Crenshaw, 1989, citado por Cruells, 2015).

1. ¿Por qué es importante visibilizar el AVP en redes sociales?

Las múltiples formas de violencia que reciben las mujeres como mecanismos de discriminación por ser mujer se acentúan de forma diferenciada en función a condiciones generacionales, identidad de género, origen étnico, cultura, lengua, lugar de nacimiento, etc. Por ello, a nivel nacional e internacional, se ha iniciado una lucha incansable frente a este problema social, por medio de leyes, políticas públicas, normativa y convenios internacionales. Es así que el DERECHO A UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA es un derecho reconocido para las mujeres, pero su ejercicio se ve limitado en diferentes espacios; los hechos de violencia que acaban con la vida de las mujeres han provocado que la atención se fije en el espacio privado, ya que los niveles de peligro para las mismas son mucho más altos al interior de sus casas y junto a sus parejas, padres, tíos, primos, etc.

El espacio público, en cambio, se ha convertido en un espacio de resistencia visible; las formas de acoso callejero (solo por citar) son cada vez más reconocidas por las mujeres (es irónico que la violencia esté tan naturalizada que ni siquiera las víctimas puedan reconocerla) y esto les permite actuar de forma reactiva para contrarrestar los abusos que inician con el poder de las palabras. También es irónico que las mujeres tengan que ingeniarse medidas de defensa frente a los ataques sistémicos cuando existen normas y leyes nacionales e internacionales que defienden el derecho a una vida libre de violencia.

Todos los mecanismos que nacen desde el Estado y desde organismos internacionales en relación a la Violencia contra las Mujeres (VcM) han logrado visibilizar los tipos de violencia, para que los caminos de prevención[1] y denuncia –atención y sanción– sean viables y una opción para las mujeres. Sin embargo, las redes sociales como extensión del espacio público también se conforman como un espacio de resistencia con los tipos de violencia mucho más naturalizados, además, “inmunes a los abusos de derechos humanos que las mujeres enfrentan, que alcanzan niveles de discriminación y manipulación alarmantes debido a la capacidad de reproducción y difusión a gran escala y en tiempo real” (Amnistía Internacional, 2019).

Las redes sociales son espacios de deliberación efectivos, donde no se necesita más que una cuenta para verter comentarios y contenidos que expresen la forma de pensar, los ideales, y demás; la amenaza nace cuando dichas acciones se tornan agresivas y no encuentran limitación, sino más bien apoyo; es cuando nace la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. Si bien las diferentes plataformas tienen normas específicas en cuanto a la publicación de contenidos “inapropiados” y la promoción de discursos de odio, los mecanismos de control no son infalibles, de hecho, la mayoría de los insultos que encontramos en este estudio están relacionados con modismos y jergas del lenguaje que se emplean en el país, y que difícilmente son reconocidos por los mecanismos de control, por ejemplo, de Facebook.

La importancia de reconocer que las agresiones vertidas en las plataformas de redes sociales dirigidas a mujeres insertas en las arenas políticas como acoso y violencia política permite la atención por parte del Estado, especialmente del Órgano Electoral Plurinacional, de las organizaciones políticas –que deberían hacerlo por medio de sus Secretarías de Despatriarcalización, según dicta la Ley de Organizaciones políticas– y de las organizaciones sociales y colectivos a los que pertenecen; especialmente, permite que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos políticos.

Las consecuencias de las agresiones en redes sociales y plataformas de mensajería empujan a las mujeres políticas a abandonar estos espacios de deliberación de alto alcance, por tanto, también renuncian a la posibilidad de difundir sus propuestas, encontrar adeptos, reconocer las demandas de las y los electores y crear comunidad. Además se reducen las posibilidades de generar políticas a favor de mujeres, si no hay representación de mujeres, entonces la política se ejerce solo desde los hombres y las violencias continúan reproduciéndose con el objetivo de mantener el status quo masculino. Estos actos de acoso y violencia política en redes sociales sumergen a las mujeres en escenarios de terror constante, provocan miedo, inseguridad e incertidumbre, pero no solamente de participar en las redes sociales, sino de participar en la política en general:

• Privan su participación en el espacio público y las sitúa en posiciones de vulnerabilidad, ya que las amenazas que reciben están ligadas a agresiones físicas hacia ellas y sus familiares.
• Violan constantemente el derecho a la privacidad y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos (reconocidos y aún tabuizados), estereotipando el rol de las mujeres en la política con imaginarios conservadores y religiosos.
• Limitan la libertad de expresión, invisibilizan su rol en la política y silencian las agendas políticas propias.
• Estigmatizan, estereotipan y encasillan a las mujeres en roles impuestos y alejados de lo político. Buscan eliminar la participación de las mujeres en la política.
• Además, naturalizan la violencia y la discriminación a las mujeres, que hoy son aceptadas y caldeadas en las redes sociales. Más pronto de lo que pensamos, esta naturalización migrará al espacio público físico.

[1] Aunque hasta ahora las luchas contra las VcM se han caracterizado por ser reactivas y apelar a denuncia, ahora debemos concentrarnos en la prevención desde todos los ámbitos, incluyendo a actores públicos y privados.

Los ataques en redes sociales, especialmente en Facebook, que reciben las mujeres candidatas y electas son actos y comportamientos de acoso y violencia política, esta identificación es clave para proteger y dar garantías al ejercicio pleno de sus derechos políticos y, al mismo tiempo, para precautelar la Democracia Paritaria y los principios de igualdad y equidad de la Democracia Intercultural. Es importante resaltar algunas reflexiones claves para tratar esta problemática:

1. La organización en las violencias desplegadas no es casualidad, se trata de agresiones que tienen la finalidad de acallar a las mujeres y disuadirlas de su participación política. El sistema de acoso presente en las redes sociales proviene de la organización de personas que intervienen en los perfiles personales, en las páginas públicas y en grupos de alto alcance con la finalidad de incidir o establecer una narrativa en contra de la participación política de las mujeres, consolidando roles y estereotipos de género y desvalidando sus carreras y agendas políticas.
2. Existe una disociación de lo que pasa en el espacio público físico respecto del espacio público digital. En el primer escenario, las agresiones y agresores son más fáciles de identificar y, por tanto, de sancionar. En cambio, en el segundo escenario, las y los agresores actúan a través del anonimato, por medio de perfiles falsos, identidades falsas y/o pseudónimos; además, tienen más de un perfil, provocando que las agresiones parecieran provenir de más de una persona. Por otro lado, al ser agresiones que no están tipificadas específicamente en la norma, difícilmente se las asocia con la Ley 243, contra el acoso y la violencia política.
3. Es menester que las mujeres insertas en las arenas políticas incrementen los niveles de seguridad y privacidad en la configuración de sus perfiles en las plataformas de redes sociales, estas acciones deben ser impulsadas por el OEP, las organizaciones políticas y otras instancias que tengan competencia en la prevención de AVP.

No podemos dar un paso atrás frente a estas y otras agresiones, que buscan eliminar a las mujeres del espacio público. ¡Ahora que nos escuchan, ahora que sí nos ven: abajo el patriarcado que va a caer!

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